El abad del Valle confirma la inspección de los osarios pero que no se ha tocado «ni un hueso»

Anselmo Álvarez, abad del Valle de los Caídos, es rotundo en sus declaraciones a ABC: «Yo, que he sido testigo de esta investigación, le aseguro que no ha habido ninguna remoción, ni extracción de restos en el interior de la Basílica; simplemente, las personas enviadas por el Ministerio de Justicia han observado visualmente, tras la retirada de los ladrillos que lo impedían, el estado de los osarios y han comprobado lo que ya decía otro informe hace diez años: Que no se va a poder extraer ni un sólo resto porque no es posible hacer ninguna identificación debido al estado en que se encuentran los enterramientos».

Desde la abadía benedictina de Solesmes, en el francés valle del Sarthe, a donde acude con frecuencia el monje por ser la casa madre de su congregación, Anselmo Álvarez explicó ayer cómo desde primeros de septiembre se ha desarrollado la última fase de la investigación sobre los muertos de la guerra civil enterrados en el Valle de los Caídos, «una operación que empezó en mayo y que se ha producido en tres etapas. La final, a primeros del pasado mes, y que no tenía otro objeto que la inspección visual, y repito, exclusivamente visual, de los osarios».

El subsecretario, presente
«El examen -puntualizó el abad- lo llevaron a cabo un biólogo y un forense, que obtuvieron el máximo de información, aunque en alguna ocasión también estuvo presente el subsecretario de Presidencia del Gobierno, acompañando a una representación de asociaciones o familias interesadas en sacar restos de la Basílica». En total, nueve, que son las que han reclamado los cuerpos de sus parientes, republicanos ejecutados durante la guerra civil, y trasladados en su día hasta ahí sin su conocimiento.

Nueve muertos de entre más de 33.700 caídos de ambos bandos, enterrados en estas criptas según consta en los libros de registro que se custodian en la biblioteca de la abadía benedictina, aunque Anselmo Álvarez hable de cerca de 60.000 cuerpos. Entre ellos los de su propio padre (fusilado por republicanos), su hermana (reventada por una bomba de los sublevados) y un tío (del Frente Popular).

Según el relato de este testigo excepcional, que estuvo acompañado de otros monjes de la abadía mientras duraron los trabajos de investigación ordenados por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se examinaron todos y cada uno los osarios.
«En total, ocho, seis situados en la nave central y dos en los laterales de la basílica, para cuyo acceso sólo se han descubierto los ladrillos que los tapiaban. Luego, desde el exterior se ha llevado a cabo la inspección ocular en la medida que había capacidad para observar el interior, lo que en su mayor parte era posible». Esta operación duró cuatro días. «Nosotros sabíamos lo que iba a pasar desde comienzos de mayo y cómo en septiembre se produciría esta inspección ocular. Esta tarea ya ha concluido y ahora estamos a la espera del informe. En buena parte, celebramos que esto haya sido así, porque ahora tendremos la confirmación de los expertos del propio Ministerio de Justicia y de la Vicepresidencia del Gobierno de lo que nosotros llevamos diciendo desde hace tanto tiempo. Sólo espero -confesó el monje a ABC- que con esto se zanje para siempre la cuestión sobre el estado de los osarios de la Basílica de la Santa Cruz y con ella la de la posibilidad de proceder o no a la identificación y exhumación de cuerpos».

Hasta aquí, un camino tortuoso que se inició en octubre de 2009, cuando Patrimonio Nacional, responsable de la gestión del Valle de los Caídos, y la Oficina de Víctimas del Ministerio de Justicia firmaban un acuerdo para digitalizar las fuentes documentales de los restos inhumados en Cuelgamuros. Luego, al socaire de la Ley de Memoria Histórica que con tanto ahínco defendió el propio Zapatero se escucharon ocurrencias de todo tipo, como la de IU, con Llamazares al frente, para convertir basílica y abadía en un parque temático.

El lamentable estado de conservación del conjunto arquitectónico y su cierre oficial a primeros de año fue el detonante de una situación que acabó con el cese del presidente de Patrimonio hasta ese momento, Yago Pico de Coaña, contrario a estas medidas. Después, el Valle pasó a ser competencia exclusiva de la vicepresidencia primera del Gobierno, donde se habla de este asunto «como una cuestión personal de De la Vega».