Normas éticas

Con pleno respeto a la autonomía del orden temporal, la Iglesia no puede permanecer ajena  a los problemas de la  sociedad, porque nada humano le es ajeno. Por ello, la Iglesia no cesa de extraer de la Palabra de Dios que le guía, orientaciones claras tanto para la vida personal como para la convivencia social. Lo hace en función de su misión religiosa y evangelizadora. Aporta y ofrece a la sociedad, a la vida de las naciones, unos criterios y una forma de vida capaz de elevar la convivencia moral de la gente por lo que se refiere a las exigencias de la justicia, del amor social y de la colaboración fraterna.

A la aplicación de estos criterios y a la realización de esta vida deben orientarse los católicos como camino real y concreto hacia la solución de los problemas que afectan a la vida y realidad social. Tan inaceptable es imponer todas las normas morales de la Iglesia relativas a la vida social, como eliminar cualquier intervención de la Iglesia o de los católicos. Este compromiso en defensa de la persona humana en su dignidad inviolable es y ha de ser considerado como parte integrante de la misión propia de la Iglesia. Ella, como dice el Concilio Vaticano II, que «en razón de su función y de su competencia, no se confunde de ningún  modo con la comunidad política es al mismo tiempo, signo y salvaguarda de la trascendencia de la persona humana». Por ello, si bien no diseña un «modelo» de ordenamiento de la sociedad, sí ofrece unas pautas objetivas para la convivencia: las que se derivan del reconocimiento pleno de la dignidad de la persona humana y del bien común, como piedra angular de todo el ordenamiento jurídico de una sociedad.

De este fundamento se derivan pautas objetivas, implicaciones concretas e inmediatas para la valoración jurídica de las realidades básicas de la vida social: como es la vida humana en sí misma, el matrimonio y la familia, la educación, la organización de la sociedad y el Estado, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y legalidad. Esta pauta objetiva que ofrece la Iglesia, es decir el concepto de persona humana como sujeto trascendente de derechos fundamentales, anterior al Estado y a su ordenamiento jurídico positivo, es un criterio básico en el que ha de inspirarse cualquier «modelo», de forma que un modelo de sociedad o de ordenamiento jurídico y político de una sociedad que no lo respete y tutele hará que se tambalee la misma sociedad.

El magisterio de la Iglesia presenta pautas y exigencias éticas objetivas, derivadas de la dignidad de la persona humana que son anteriores al Estado que éste ha de garantizar. Algunos reclaman el relativismo como condición de una sociedad libre y democrática, porque piensan que sólo ese relativismo garantizaría la tolerancia. Pero esta concepción hace tambalearse el mismo ordenamiento democrático en sus fundamentos. Estas normas éticas objetivas a las que me refiero encarnan y promueven valores fundamentales e imprescindibles como la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables. En la base de estos valores no pueden estar provisionales y volubles mayorías sino sólo el reconocimiento de una «ley natura objetiva» que, en cuanto inscrita en el corazón del hombre y en la naturaleza de las cosas, es punto de referencia normativa de la misma ley civil.
Esto es lo que la Iglesia defiende y promueve ante determinados ordenamiento jurídicos ya aprobados o en vías de aprobarse.

* El cardenal Antonio Cañizares es prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

*Publicado en el diario La Razón