El Tribunal Constitucional abre la puerta a la muerte irreparable de miles de seres humanos

La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la suspensión cautelar de la aplicación de la ley del aborto que entrara en vigor el pasado 5 de julio es una “noticia pésima, ya que se ha perdido la oportunidad de que se establezca un precedente jurídico, dada la excepcionalidad de la situación, en la que miles de vidas humanas están en juego”, ha señalado la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya.

Con esta decisión, prosigue la doctora Joya, “la vida de miles de personas es despreciada, cuando el propio Tribunal Constitucional tiene establecido en sus sentencias que la vida en el seno materno es un bien a proteger”. “Los efectos irreversibles de esta decisión son tan claros como nefastos y sus consecuencias las sufrirá toda la sociedad española”, ha remachado. 

Este hecho, y a la espera de saber cuándo y en qué términos se resolverán los recursos de inconstitucionalidad y de amparo planteados por el PP, El Gobierno de Navarra y diversas asociaciones de discapacitados con la ayuda del Centro Jurídico Tomás Moro, demuestra que ni la sociedad, ni muy especialmente la clase política, puede dejar en manos del TC la responsabilidad de la defensa de la vida. “En numerosas ocasiones, miembros del PP han asegurado que la defensa de la vida quedaba garantizada por el Constitucional. Hoy se demuestra que es falso y que deberían dar un paso más al frente como ya lo ha hecho en su mayoría la propia sociedad española”, ha señalado la doctora en Medicina y pediatra. 

Dada la decisión del Tribunal Constitucional y el habitual plazo en el que suele resolver las cuestiones que se le plantean, en especial las más polémicas, quedan muchas dudas sobre cómo se resolverán los diferentes recursos planteados. Además, el anuncio de esta decisión en el día de hoy en que ha comenzado el debate sobre el estado de la Nación en las Cortes, es una señal inequívoca de la estrategia seguida para que la decisión tenga la menor repercusión posible. 

Por otra parte, resulta sorprendente que la portavoz del CGPJ asegurara que “una ley aprobada por el Parlamento, que es la institución que representa la soberanía popular, una vez que entra en vigor tiene que ser aplicada”. Según esa doctrina, si se aprobara cualquier otra aberración en el Parlamento (por ejemplo delitos racistas como asesinar a los gitanos o a los negros) debería aplicarse por el mero hecho de estar aprobada.

En todo caso, señala Gádor Joya, “es necesario hacer un nuevo llamamiento a la acción ciudadana, que ha de mantenerse, como hasta ahora, alerta ante los atropellos a la vida humana. Desde Derecho a Vivir volvemos a reiterar el compromiso irrenunciable que, como ciudadano libres, hemos adquirido con la defensa de la vida. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. No nos van a callar. No nos van a parar. No vamos a dejar de trabajar para defender el derecho más fundamental, sin el que ningún otro tiene cabida: el derecho a vivir”.