Las comunidades socialistas impiden la objeción al aborto en Atención Primaria

La inmensa mayoría de los profesionales sanitarios españoles rechazan la realización de abortos. Esta defensa de la vida generalizada e íntimamente ligada con la vocación que inspira a los colectivos de médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, farmacéuticos o trabajadores sociales está poniendo en apuros la puesta en marcha de la nueva ley del aborto.
Resulta casi imposible encontrar en hospitales públicos a ginecólogos o cirujanos dispuestos a practicar abortos. Para salvar este escollo, las comunidades socialistas están trabajando en dos sentidos. Por un lado en la elaboración de unos registros públicos de objetores, considerados por los profesionales como «listas negras», y por el otro, impidiendo que en los centros de Salud, en Atención Primaria, principalmente los médicos, aunque la medida afecta también a trabajadores sociales, puedan objetar.

La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia (Andoc), especializada en el asesoramiento a facultativos , advierte de esta realidad que están comprobando en los primeros días de aplicación de la norma por medio de las numerosas consultas y denuncias que están recibiendo. «La administración sanitaria —señala Andoc— está enviando a los médicos y otros profesionales de la Atención Primaria el mensaje de que ellos no tienen derecho a objetar». Lo cierto es que estos se han convertido en el primer eslabón del aborto. Cerradas las puertas de los hospitales y quirófanos a estas intervenciones, son ellos los primeros en atender a las mujeres que desean abortar; los que deben decidir en el caso de las menores que alegan conflicto familiar; y los que dan el visto bueno a la interrupción.
Por todo ello, desde el punto de vista de Andoc «carece de justificación privar a estos médicos de un derecho fundamental como es la objeción, reconocido por los tribunales, que no necesita regulación para ser ejercido y que debe interpretarse con la máxima amplitud, diga lo que diga la nueva ley del aborto», informa el ABC.

Por el momento Andoc ha aconsejado a los afectados «prudencia. No queremos mártires. Les hemos recomendado que comuniquen su objeción a sus colegios profesionales y no en registros públicos que pueden servir para coaccionar o discriminar a los objetores. Asimismo les hemos recomendados que intenten hablar con sus jefes de servicio para defender sus derechos y su postura».

«Un derecho absurdo»
El nuevo presidente del la Pontificia Academia para la Vida, el sacerdote barcelonés Ignacio Carrasco, ha denunciado que la nueva ley difunde la «insensibilidad moral» frente al aborto, que, en su opinión, es, actualmente, «el problema más grave».
En una entrevista concedida a la revista «Vida Nueva», según informa Europa Press, Carrasco critica que en España ahora «se presente el aborto como un derecho» y que «ya no haya ni siquiera que justificar ni explicar la decisión de interrumpir el embarazo. Es un absurdo».

Carrasco no se explica por qué no se aplican «políticas ambiciosas en este sentido». Sobre todo cuando «las experiencias que tenemos señalan que cuando hay asistencia y acompañamiento, se consigue que en un 60 o 70 por ciento de los casos la madre tenga al niño».