La Alianza Evangélica Española, en contra del uso de símbolos religiosos en actos públicos

(AEE/ACPress.net) Ante el actual debate acerca de la presencia de los símbolos religiosos en los actos oficiales, así como ante el reciente debate en el Congreso de los diputados de los acuerdos entre el Estado español y el Estado del Vaticano, la Alianza Evangélica Española (AEE) ha querido aportar su punto de vista -dentro de la perspectiva protestante- a estos temas con un Comunicado en el que defiende la ausencia de los símbolos religiosos en las ceremonias oficiales. El Comunicado de la AEE considera que “las ceremonias oficiales de entidades o instituciones públicas en España deberían carecer de símbolos religiosos, ya que el compromiso, promesas o ceremonia se realizan desde la base de ser parte de la ciudadanía española, la Constitución, y en la esfera de lo común y no de la fe personal de la persona que participa”. Por ello, entiende que las ceremonias públicas (ceremonias de Estado y otras similares) “como regla no deberían tener un carácter religioso y menos de tipo `monocolor´ confesional”; aunque admite que excepcionalmente puedan producirse “en situaciones muy concretas y especiales, como fue tras el 11M, por poner un caso concreto, en el que con fallecidos de diferentes confesiones tristemente se realizó una ceremonia de Estado católica, deberían responder a las circunstancias específicas y concretas del acto sin que tenga a priori una confesionalidad concreta salvo la que requiera el contenido del propio acto´. Por las mismas razones, dicen, se debería asegurar que las instalaciones para uso religioso de carácter público no sean de carácter monoconfesional y estén adecuadas para su uso por cualquier creencia o confesión religiosa (en especial los símbolos religiosos, que deberían ser movibles, y estar a disposición de cualquier confesión, o ausentes si así lo prefiriesen los oficiantes). En concreto las capillas de cárceles, hospitales, aeropuertos, y cementerios de titularidad pública deberían cumplir este requisito según la AEE. ACUERDOS ESPAÑA-VATICANO La Constitución de 1978 incluyó en su redacción una referencia explícita a la Iglesia Católica “que se podía explicar por la coyuntura histórica del momento y la voluntad de hacer una transición suave hacia la reforma democrática haciendo concesiones a instancias de poder y privilegios que parecían entonces intocables”. Pero ahora, dice la AEE, la actual situación política y social es totalmente diferente y cree que “ habría un consenso mayoritario a favor de prescindir de esa referencia explícita a la Iglesia Católica”, por lo que pide que así se haga. También, considera la AEE un “atentado contra la libertad religiosa” la existencia de unos Acuerdos entre un Gobierno democrático como el Español “con un Estado extranjero (el Vaticano)” por el que se confieren determinadas ventajas legales “a las instituciones religiosas y ciudadanos españoles que se declaren afines y dependientes del estado extranjero”. Consideran esta situación una deuda que debe terminar en algún momento. Bien anulando los Acuerdos, y si no es posible, “al menos deberían modificarse sustancialmente”. PROPUESTAS Finaliza el Comunicado de la AEE pidiendo que las ceremonias oficiales de entidades o instituciones públicas en España carezcan de símbolos religiosos, y que las ceremonias públicas (ceremonias de Estado y otras similares) no deberían tener un carácter religioso salvo situaciones muy excepcionales, y en este último caso nunca con un carácter “monocolor”. Solicita también la AEE que las instalaciones para uso religioso de carácter público no sean de carácter monoconfesional y estén adecuadas para su uso por cualquier creencia o confesión religiosa (en especial los símbolos religiosos). En concreto las capillas de cárceles, hospitales, aeropuertos, y cementerios de titularidad pública deberían cumplir este requisito. También propone que se apruebe una ley para las instituciones, organismos y cargos públicos que regule la neutralidad religiosa en participaciones oficiales, así como promover una ley común de entidades religiosas que regule los derechos y obligaciones de todas las confesiones.