30 años de divorcio: suma y sigue

(G.K. Chesterton)[1]

 

 

El próximo 7 de julio de 2011 se cumplen 30 años de la aprobación por las Cortes españolas de la Ley que introdujo el divorcio en España[2]. Cuando el país sesteaba tras la asonada del 23 de febrero y estaba atento a los clarines de los encierros de San Fermín, de rondón, y a instancia del gobierno –presuntamente democristiano- de la UCD, los representantes del pueblo decidieron que el matrimonio era disoluble y transformaron nuestro secular Código Civil que, salvo un breve paréntesis en la II República, había siempre respetado la indisolubilidad matrimonial.

 

En anteriores ocasiones hemos incidido en el análisis de la naturaleza del matrimonio, una institución natural, un contrato concertado entre un hombre y una mujer con el fin de amarse y complementarse en el camino de la vida; abierto a la procreación, y que se caracteriza por ser monógamo e indisoluble. Hemos efectuado también críticas al divorcio y planteado propuestas de solución. En este 30 aniversario, toca volver a llamar la atención sobre la trascendencia en nuestra sociedad de la presencia tiránica del divorcio. Hoy toca hacer memoria y sopesar la situación en la que nos encontramos[3].

 

En 1981 tratando, según se dijo, de resolver los problemas matrimoniales de algunos matrimonios se aprobó esa Ley que ha sido, en síntesis, el principio del fin, a efectos jurídico-sociales, del matrimonio y de la familia en España.
 

En aquel tiempo, entre otros de los contados obispos que se opusieron con contundencia irreductible al divorcio, uno de ellos fue el Cardenal Primado Don Marcelo González Martín, acaso el más clarividente de todos ellos junto a Monseñor Guerra Campos. Acudamos a él para saber de donde venimos y dónde nos encontramos. Don Marcelo denunciaba en el otoño de 1980, cuando ya estaba discutiéndose en el Congreso el Proyecto de Ley divorcista, y recordando el triste precedente de la aprobación del divorcio en Italia –durante el gobierno de la democracia cristiana- que, “lo más doloroso es el hecho de que en el interior de la Iglesia se haya producido, a pesar de las declaraciones del Episcopado Español, o bien una inhibición o silencio desconcertante por parte de quienes tienen el deber de predicar y orientar las conciencias de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, o bien una actitud reticente, y aun hostil, por parte de eclesiásticos de diversa dignidad y representación en clara disonancia con lo que la Iglesia ha enseñado siempre y el Papa actual, Juan Pablo II, sigue enseñando con admirable fidelidad y empeño apostólico […] El problema del divorcio, tal como se viene planteando, es muy grave, porque en él se debate algo más que la indisolubilidad del matrimonio, a saber: la existencia de la ley natural, la competencia de la Iglesia para interpretarla y enseñarla y la obligación de los Estados de respetar en su ordenamiento político los valores éticos fundamentales […] Esta lamentable actitud a que me refiero traerá irremediablemente funestas consecuencias para la familia”[4].
 

Continúa Don Marcelo en su Instrucción con unas palabras proféticas que el paso del tiempo han confirmado hasta la saciedad: “Las leyes se aprobarán, y desde luego no habrá guerra religiosa -¿por qué había de haberla?-, pero sí que aparecerá una víctima aún más herida y desangrada que lo que ya lo está: la familia. Cuando se multipliquen los efectos del divorcio en la sociedad española, y miles y miles de jóvenes rehúyan contraer matrimonio o lo contraigan con la ligereza creciente a que todo les invita, y nuevas leyes divorcistas más abiertas que las que ahora se promulguen rompan progresivamente los diques de contención, habrá que volver la vista atrás y preguntar de qué lado estaba la cordura y el servicio al hombre de nuestro tiempo. En otros países que tienen legalizado el divorcio hace años, las preguntas surgen, aunque, naturalmente, quedan sin respuesta. Son pueblos que se han incapacitado ya para reaccionar de otro modo. La familia está en gran parte deshecha, y no pasa nada, porque ya ha pasado todo. Siguen siendo muy civilizados y cultos. Y muy egoístas. Y el egoísmo, cuando se establece como norma de vida social, está en pugna también con los derechos humanos, o de los esposos, o de los hijos, o de los demás [el subrayado es nuestro]”.

La claridad de Don Marcelo es meridiana: “aprobada una ley de divorcio, a nadie se obliga a divorciarse, porque hay leyes que simplemente con ser promulgadas, son dañosas”. No hay tolerancia alguna con la institución divorcista; “lo grave en materia de divorcio es abrir la puerta; una vez abierta, la fuerza de los hechos obliga a hacerla más ancha cada vez. Y cuanto más se abre, más se dirá que el divorcio es un mal necesario en la sociedad moderna, y aun una solución humanitaria para matrimonios desgraciados, mientras se escamotean, consciente y persistentemente, a la opinión pública todos los problemas de fondo que el divorcio origina, y se reduce a silencio a los que con conocimiento de causa pueden oponerse al mismo”. Por desgracia, el paso del tiempo le ha dado la razón a él y a todos ellos. Tras el divorcio, en siniestra cascada: el aborto en sus múltiples variantes –quirúrgico, químico…-, la manipulación y destrucción de embriones, la distorsión de la fecundación humana mediante la reproducción artificial, el > y la adopción de niños por matrimonios de este tipo, etc.

Decía Don Marcelo, por último: “Grave es que se introduzca el divorcio; aún lo es más que su legalización se produzca en medio de nuestra indiferencia, o de un confusionismo provocado o consentido”. Ahora podíamos decir que grave es que se mantenga el divorcio; aún lo es más que su mantenimiento se produzca en medio de nuestra indiferencia, o de un confusionismo provocado o consentido.

Por la parte que nos toca no queremos ser cómplices ni de silencio respecto del divorcio ni de confusionismo alguno. En este 30 aniversario, es hora de hacerse preguntas y de exigir respuestas ¿Dónde está ahora la contundencia con la que se emplearon ciertos obispos para denunciar ese atropello? ¿Por qué la pasividad de la Iglesia -más concretamente de nuestra Jerarquía-, sobre esta cuestión cuando la Iglesia es el último dique que queda en nuestra sociedad para salvar al matrimonio? Cuando alguien denuncia esta grave situación haciendo crítica constructiva, se nos dice que hay que alabar el matrimonio y la familia pero sin denunciar el divorcio. Lo grave es el aborto y el >; del divorcio no hay que hablar…; tema superado. Incluso en el magnífico y reciente libro Luz del Mundo del Papa Benedicto XVI –defensor constante del matrimonio y de la capacidad de los hombres en orden a vivir su indisolubilidad, por otra parte-, en el que el periodista Peter Seewald entrevista a Benedicto XVI, la cuestión del matrimonio y del divorcio apenas ocupa dos páginas mientras que otras como la de los abusos o la pederastia ocupan decenas de páginas[5]. ¿Qué nos está pasando?

Peor es acusar al “Proyecto de los gobiernos de Zapatero” y a su malvada ideología de género de la destrucción de la familia, como si ZP fuera el responsable de la misma. No nos engañemos ni intentemos engañar. La destrucción de la familia con Zapatero sólo se ha acelerado porque arranca y se desarrolla en 1981 sobre la base de una Constitución divorcista –gracias al artículo 32 del propio texto constitucional de 1978-; de unos políticos de la UCD falsarios en este punto y de una connivencia por omisión de parte de la jerarquía en España y de la sociedad española. Y, por desgracia, no cabe esperar a la desaparición de Zapatero al frente del Gobierno de España para que enderece la situación el Presidente que le sustituya ni el partido político que sustente a éste[6].

La solución saldrá de la sociedad civil, de la tan depauperada sociedad civil. Sólo ella y las fuerzas que la animan pueden empezar a subvertir la situación de no retorno a la que estamos avocados. Desde la entrada en vigor de la Ley del Divorcio en 1981, hasta la fecha, las rupturas matrimoniales han aumentado de manera vertiginosa en especial a raíz de la aprobación de la llamada “Ley del Divorcio Exprés”, en el año 2005[7]. El impacto, tanto para los padres como para los hijos afectados, y el coste social derivado de semejante escenario, es incalculable. Las cifras sobrecogen. La crisis económica parece que está ralentizando la epidemia del divorcio pero los datos están ahí. Las rupturas matrimoniales, el 90% ya son divorcios, se mueven en torno a los 130.000 anuales en los últimos cinco años. Cada 4 minutos se rompe un matrimonio en España, 15 a la hora y 359 al día. El número de divorcios acumulado ha crecido vertiginosamente en los últimos años: desde el año 2005 se han producido tantos divorcios como en los 14 años anteriores (1990-2004). Y además las rupturas cada vez son más conflictivas llegándose a superar el 40%. ¡¡¡100.000 menores al año asisten a la ruptura de su familia!!! Es una tragedia nacional; nos acercamos a los dos millones de separados o divorciados en España y a otros dos millones de niños afectados[8].

 

Tres décadas de destrucción sistemática de matrimonios pesan mucho. El escenario es apocalíptico para la familia. Emplazo a todos los hombres de buena voluntad, a todos los católicos –defensores del matrimonio natural que en nuestro caso está reforzado por el Sacramento correspondiente- y en especial a nuestros obispos para que tomemos medidas directas e inmediatas.

 

Lo primero: todos los implicados tenemos que realizar políticas activas a favor del matrimonio y la familia. Cada uno desde donde pueda y como pueda asumiendo este reto como una responsabilidad decisiva y gigante. Hay que hablar bien del matrimonio y promocionar a la familia en las conversaciones diarias y en los medios de comunicación. Para ello hay que estar formados y luchar por vivir la fidelidad matrimonial hasta en los más pequeños detalles. La formación es básica. El matrimonio auténtico -el de uno con una, indisoluble, bajo forma civil o religiosa-, está devaluado socialmente. Nosotros debemos de hacer lo posible para que sus características brillen con fuerza. Esa es la primera batalla en la lucha contra el dogma social del divorcio.

 

Lo segundo: la defensa de la vida debe llevar aparejada la defensa del santuario de la familia cuyo epicentro es el matrimonio. Sólo haciendo una defensa global de ambas cuestiones, en los ámbitos y con las intensidades que correspondan, pueden darse pasos adelantes. Y defender la familia es defender el matrimonio fustigando el divorcio y luchando porque desaparezca. Si no se actúa así es como si al incendio generado en los cimientos de una casa le echamos agua desde el tejado, es inútil, las llamas acabarán devorándolo todo. Alabo, que quede claro, todas las iniciativas pro vida (y pro familia), desde las pequeñas asociaciones locales hasta el Foro de la Familia y con mayor énfasis si cabe, las entidades formadas por gente integrada en los aparatos de poder responsables de la situación, caso de la Asociación Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, en la que se dan cita parlamentarios de España y América y algún responsable de formaciones extraparlamentarias. Pero ojo, no seamos ingenuos, si en la acción nos centramos en el aborto y en promover la familia silenciando la malignidad del divorcio y la necesidad de acabar con él, no se avanzará ni en un campo ni en el otro.

 

Lo tercero: a nivel pastoral. Todas las familias creyentes debemos rezar con más ahínco por la familia y por la vida. Ruego también que todos los pastores, en sus prédicas, hablen más de la familia y del divorcio, con delicadeza, dado el incremento exponencial de divorciados que están en la órbita de la Iglesia; y ruego también que introduzcan en las habituales peticiones una oración diaria a ser posible por la promoción del matrimonio y la familia, en apoyo de las familias rotas y rogando para que se derogue la ley del divorcio –así como la del aborto-.

 

Cuarto: a nivel eclesiástico institucional. Volvemos a insistir en que es irrenunciable la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 sobre el matrimonio de tal manera que el matrimonio canónico quede desvinculado de la caricatura de matrimonio que es actualmente el regulado por el ordenamiento jurídico civil. Esta acción es decisiva y urgente. El matrimonio canónico no puede cohabitar como hasta ahora con el matrimonio civil después de la aprobación unilateral por parte del Estado español de la Ley del Divorcio de 1981. Los católicos que quieran contraer matrimonio auténtico tenemos derecho a que nuestro matrimonio canónico no tenga efectos civiles. Ya nos arreglaremos con el Estado a efectos civiles como nos de la gana. Y si nos conviene casarnos por lo civil lo haremos pero con consciencia clara de que nuestro matrimonio canónico nada tiene que ver con el Registro Civil.

 

Y también volvemos a insistir, como otra acción posible y compatible con las anteriores, en promocionar el matrimonio civil indisoluble opcional. Aun cuando por lo que se refiere a su concordancia con la ley natural objetiva no sea una solución ideal se puede exigir una doble regulación civil del matrimonio que permitiera, por un lado, el matrimonio temporal y disoluble (el vigente) y, por otro, un nuevo matrimonio indisoluble con los efectos divergentes e irrevocables, correspondientes para cada uno de ellos. Hay que requerir a los poderes públicos para que, los que queramos, podamos gozar de un matrimonio perpetuo reconocido así por el Derecho Civil.

 

---