1936-2011: 75 aniversario de la República del Frente Popular

Con posterioridad al fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, las fuerzas que la habían protagonizado comenzaron a planear una unión electoral de las izquierdas que les permitiese recuperar el poder del que habían sido desalojados democráticamente en las elecciones de noviembre de 1933 y que no pudieron recuperar por la violencia.

El primer paso lo dio Azaña al unir a varios partidos republicanos con el nombre de Izquierda Republicana y pactar después con los socialistas la constitución de un Frente Popular en el que se iba a integrar desde el Partido Comunista al centro-izquierda y al que los anarquistas de la CNT ofrecieron el apoyo de sus votos. Azaña estaría al frente de este conglomerado de fuerzas dispersas, la mayoría de las cuales habían aceptado el pacto para servirse de él en vista a sus objetivos revolucionarios.

Pero la idea no era suya. Había sido lanzada en 1934 por la Internacional Comunista, y su primer ensayo, en Francia, tomó ya el nombre de Frente Popular. Al término del VII Congreso de la Kominter en Moscú (1935) Dimitrov propuso que se diese a todos los partidos comunistas la consigna de integrarse en esos Frentes Únicos que se veían sólo como una forma de transición hacia la dictadura del proletariado.

Sin perder tiempo, el Partido Comunista español dedicó toda su actividad a poner en práctica las consignas recibidas en Moscú que encontraron muy favorable acogida en las Juventudes Socialistas empeñadas desde ahora en el proceso de bolchevización del PSOE. El mitin celebrado por los comunistas en el Coliseo Pardiñas de Madrid (3-noviembre1935) sirvió para exponer y divulgar las orientaciones soviéticas y, a finales de ese mes, los sindicatos comunistas ingresaban en la UGT. Halagando a su figura como líder grato a Moscú, Largo Caballero iba a actuar en la práctica al servicio del Krenlim a pesar de no haber aceptado la disciplina soviética. Sus palabras en el Cine Europa (12-enero1936) no dejan lugar a dudas:
 

“Declaro paladinamente que antes de la República nuestro deber era traer la República; pero establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando hablamos de socialismo, no nos hemos de limitar a hablar de socialismo a secas. Hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario. Hay que ser marxista y serlo con todas sus consecuencias. La República burguesa hay que transformarla en República socialista. A eso no renunciamos”.

A diferencia de sus adversarios, y salvando algunos acuerdos parciales, las derechas no llegaron a un acuerdo global ni a la defensa de un programa común. La táctica estéril y suicida de la CEDA durante el Bienio anterior y su empeño en sostener a toda costa al desacreditado Gobierno Radical alejaron definitivamente a las más fuerzas más sanas de este sector como el Bloque Nacional o los tradicionalistas.

También presentaría sus candidaturas sin formar coalición alguna la Falange de José Antonio Primo de Rivera.

Las terceras elecciones de la República

El 16 de febrero de 1936 tiene lugar la convocatoria electoral. El gobierno nunca publicó unas cifras globales y exactas y la polémica, primero política y después historiográfica, sigue en pie.

Debe tenerse en cuenta que, debido a la Ley Electoral vigente, la mecánica de adjudicación de las actas de diputados era complicada y necesitaba pasar por tres fases:

 

Cualquier interferencia tendría una influencia directa sobre el resultado. Por eso, la ausencia de garantías que se produjo en cada una de esas etapas permite poner en cuestión todo un proceso llevado a cabo al margen de la ley y hablar de la desaparición del marco democrático como primera característica de la fase revolucionaria iniciada el 16 de febrero.

Las primeras noticias acerca del resultado eran parciales: victoria del Frente Popular en Cataluña, Madrid y otras grandes ciudades y de las derechas en numerosas provincias. Hacia las diez, Portela Valladares comunicaba el triunfo de la Esquerra en Cataluña y la dimisión de Escalas, gobernador general de Cataluña y presidente de la Generalidad.

Esa misma noche, comienzan los desórdenes en la calle promovidos por los partidarios del Frente Popular. Es una situación que se mantendrá a lo largo de estos días, logrando influir en los cargos públicos de una manera parecida al 14 de abril de 1931, es decir, provocando la euforia por una victoria que todavía no existía y desmoralizando cualquier posibilidad de resistencia.
 

Aunque algunos periódicos afirmaban rotundamente que las izquierdas habían logrado la mayoría absoluta, el 18 de febrero todavía se tiene la impresión de que va a salir una Cámara en la que el Frente Popular se encontraría en equilibrio o con una ligera ventaja sobre la derecha y con la práctica desaparición del centro. En cualquier caso, era imposible decir cuál había de ser la composición definitiva de las Cortes: faltaba por conocer el resultado del escrutinio general del 20 de febrero; en algunas provincias habría que esperar a la celebración de la segunda vuelta y quedaba por desarrollar la labor de la Comisión de Actas para que tuviera lugar la constitución definitiva del Congreso de los Diputados.

En circunstancias normales —como había ocurrido en 1933— el Presidente del Gobierno hubiera dirigido la segunda vuelta y se habría presentado al Parlamento para dar cuenta de la misión recibida. Por el contrario, su dimisión el 19 de febrero va a permitir al Frente Popular la ocupación del Gobierno para, desde él, acabar de redondear los resultados y forzar la mayoría.

Portela Valladares había resistido a todas las invitaciones que se le habían hecho para restablecer el orden público, sobre todo por parte del General Franco, jefe del Estado Mayor Central, y de Gil Robles. Si esta cesión se debía al puro pánico o fue fruto de un pacto con los dirigentes del Frente Popular —como afirma Gil Robles en sus memorias— es cuestión difícil de discernir.

En las consultas, casi todos los políticos aconsejaron que se formara el Gobierno que pudiera deducirse de la composición de las nuevas Cortes, pero ¿cuál había de ser ésta? La imposibilidad de formar un Gobierno de acuerdo con la representación parlamentaria de unas Cortes que aún no existían, nos pone de relieve lo absurdo de la situación.



Finalmente fue Manuel Azaña el encargado de formar un Gobierno y lo hizo con elementos republicanos de izquierda y con el compromiso expreso de realizar el programa del Frente Popular, manteniendo la autoridad del Estado y el respeto a la Constitución y a la Ley. De esta manera se volvía a una situación parecida a la de 1931 en la que Azaña iba a ser, progresivamente, aliado e instrumento de las organizaciones revolucionarias entonces y ahora del Frente Popular.

La dimisión de Portela arrastró el éxodo en masa de muchos gobernadores provinciales y otros funcionarios locales que dimitieron aterrados sin esperar la llegada de unos sustitutos adecuados. Apenas tomó posesión el Gobierno de Azaña, sin esperar a la transmisión normal de poderes, procedieron los dirigentes revolucionarios a apoderarse de los edificios y cargos públicos con la posibilidad de actuar así sobre la documentación electoral.
 

En numerosos lugares donde habían triunfado las derechas, en la madrugada del 19 al 20 se abrieron los sobres que contenían las actas de votación y se sustituyeron por otras falsas en número suficiente para trasladar a las candidaturas de izquierda el triunfo que allí habían logrado las izquierdas. Así ocurrió en provincias como Cáceres, La Coruña, Valencia, Pontevedra, Lugo y Orense.

El propio Alcalá Zamora, presidente entonces de la República, se refería más tarde a estos fraudes en los siguientes términos:
 

“A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales; en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados. Muestra elocuente de la “pureza” con que el mismo Portela ganó su acta en Pontevedra, fue la condescendencia con que el Frente Popular pagó tal vez su complicidad, haciendo que se lucrara con 22.000 votos absolutamente falsos, pero que necesitaba para derrotar a un derechista. A tanto llegó el desenfado, que en otras localidades, como en Málaga, después del asalto del Frente Popular, aparecieron, no una sección sola, sino múltiples, y algunas de tradicional fama derechista, con los censos totalmente volcados, y aun con mayor número de sufragios que de electores a favor de la conjunción revolucionaria, y “ni un solo voto” en favor de los candidatos de derecha”

La segunda vuelta electoral se efectuó en distritos moderados (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Castellón y Soria) y ahora las coacciones y el ambiente que hemos descrito provocaron la retirada de los candidatos derechistas o su derrota incluso en aquellos lugares en que se había obtenido la victoria parcial en la primera vuelta.
 

La Comisión de Actas parlamentaria: una nueva distorsión del resultado electoral
 El 15 de marzo tiene lugar la sesión preparatoria de las Cortes —que concluye con los diputados del Frente Popular cantando la Internacional y saludando puño en alto— y al día siguiente se celebra la primera sesión ordinaria, siendo elegido Presidente Diego Martínez Barrios.

El 17 se constituye la Comisión de Actas, presidida por Indalecio Prieto y de mayoría izquierdista, encargada de redondear la mayoría del Frente Popular. Su actuación —en un ambiente de violencia e intriga— terminó con una nueva pérdida de escaños por las derechas, aunque no tan desastrosa como hubiera sido previsible ya que, en ocasiones, se impuso el criterio de respetar determinadas actas para así no lanzar a las figuras más destacadas (por ejemplo, Calvo Sotelo) a la oposición extraparlamentaria.

Por presuntos fraudes cometidos por la derecha durante la emisión de los votos, se declararon nulas las elecciones de Cuenca y Granada sin admitir ninguno de los recursos ante las clarísimas intromisiones de los frentepopulistas en los escrutinios de Cáceres y Galicia.

A espera del resultado de estas elecciones, el 3 de abril quedaba constituida definitivamente una Cámara con la siguiente composición: izquierdas: 265 diputados; derechas, 133; centro, 54 y 21 puestos vacantes. El Frente Popular disponía ya de mayoría absoluta.

El 5 de mayo se repitieron las elecciones en las provincias citadas. Las presiones fueron tales que en Granada las derechas se retiraron y, en medio de enormes dificultades, concurrieron en Cuenca donde se registró un triunfo del Frente Popular fruto de las coacciones y el fraude.


Pablo Iglesias, Carlos Marx, Lenin y Stalin comparten cartel con Prieto y Largo Caballero: Todo un símbolo de la República del Frente Popular

La destitución de Alcalá Zamora

El último obstáculo para garantizar el control absoluto del poder era el Presidente de la República, quien sería pronto neutralizado.
 

Alcalá Zamora había manifestado su moderación y había intentado frenar algunas de las medidas planteadas desde el Gobierno de Azaña. Era consciente de que la nueva administración estaba sirviéndose del estado de alarma y de la supresión parcial de las garantías constitucionales no para mantener el orden sino para dejar manos libres a las fuerzas revolucionarias. Además, poseía el poder constitucional requerido para destituir al gobierno aun teniendo la mayoría parlamentaria y sustituirlo por un gobierno de minoría capaz de celebrar nuevas elecciones y reconducir la situación. El jefe del Estado se resistía a dar ese paso pero el Frente Popular había decidido no correr riesgos.

La Constitución señalaba dos caminos para llegar a la destitución del Presidente de la República:

―        Art.82: requería la decisión favorable a la destitución de las tres quintas partes de los diputados; la convocatoria de elecciones de compromisarios y la decisión, en una asamblea mixta, acerca de si tal destitución era o no motivada. En caso afirmativo, la destitución quedaba confirmada, en caso contrario, el Parlamento quedaría disuelto y el Presidente continuaba en el ejercicio de sus funciones.

―        Mucho más viable era el Art.81, según el cual en caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja (sin más trámites) la destitución del Presidente.

Para seguir este camino, las izquierdas tenían que:

―        Demostrar que la disolución de las Cortes Constituyentes debía computarse, a efectos del Art.21, como la primera llevada a cabo por el Presidente de la República.

―        Declarar que las Cortes elegidas en noviembre de 1933, cuya disolución habían pedido tan reiteradamente desde entonces, lográndolo al fin para su propio provecho, habían sido mal disueltas.

La tesis de que el Decreto de disolución era innecesario sólo podía sustentarse lógicamente por las minorías de derechas, como lo habían hecho en su momento; por el contrario, aprobaron la proposición discutida los mismos partidos que antes se habían manifestado a favor de la disolución de las Cortes.

En lugar de acudir a una tercera instancia, la propia Cámara se atribuyó la potestad de decidir acerca de la primera cuestión. El 3 de abril, socialistas y comunistas presentaban en el Congreso una proposición pidiendo que se declarase —a los efectos del artículo 81 de la Constitución— que la última disolución de Cortes era la segunda de las decretadas durante el mandato presidencia de Alcalá Zamora. Por 188 votos contra 88 fue aprobada, quedando abierta así la vía que las izquierdas se habían propuesto para eliminar al Presidente de la República.

Nadie, ni siquiera Portela Valladares, se alzó para defender a Alcalá Zamora. Con 238 votos contra cinco y la abstención de las derechas, quedó aprobada la destitución del presidente el 7 de abril de 1936. Martínez Barrios, presidente de las Cortes, asumía provisionalmente las funciones de la jefatura del Estado.

El 10 de mayo tenía lugar la asamblea conjunta de diputados y compromisarios para elegir al nuevo Jefe del Estado. A nadie sorprendió la elección de Azaña que intentó una maniobra de reorientación de facciones dentro del socialismo. Para ello encargó a Indalecio Prieto la formación del Gobierno pero el partido Socialista pidió a éste que no aceptara y Azaña recurrió a Santiago Casares Quiroga.

Un gobierno en minoría sostenido por los votos del Frente Popular iba a protagonizar la última fase de disolución de la República hasta su definitiva implosión en julio de 1936. La nueva administración iba a servirse del estado de alarma y de la supresión parcial de las garantías constitucionales no para mantener el orden sino para dejar manos libres a las fuerzas revolucionarias, únicas que podían, a su vez, sostener al Gobierno en el Parlamento.

Con la formación de este nuevo gobierno presidido por Casares Quiroga, se completa lo que podemos llamar: la ocupación del poder por el Frente Popular. Un proceso ajeno a cualquier resultado electoral democrático.
 

A partir de entonces, se entra en una nueva fase del proceso revolucionario que no se inicia el 18 de julio sino que, con ocasión del Alzamiento Nacional, entrará en una nueva etapa. Amparados por el uso del aparato legal y sin riesgo alguno, los revolucionarios pugnaban por conseguir su programa actuando con toda impunidad y protagonizando hechos que, una y otra vez, fueron denunciados en el Parlamento sin recibir otra respuesta que amenazas como las proferidas contra Calvo Sotelo.



No había ninguna razón para no pensar que, en poco tiempo, los objetivos de la Revolución de Octubre se habían de alcanzar haciendo ahora un uso combinado de la acción directa y de los cauces legales. Así lo pedían los socialistas desde el periódico Claridad:
 

«Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga, cuanto antes, la dictadura del Frente Popular. Es la consecuencia lógica e histórica del discurso de Gil Robles. Dictadura por dictadura, la de las izquierdas ¿No quiere el Gobierno? Pues sustitúyale un Gobierno dictatorial de izquierdas [...] ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo [...] Todo menos el retorno de las derechas. Octubre fue su última carta y no la volveremos a jugar más»