La reforma educativa del Gobierno, contra la Religión, los derechos de los padres y la concertada

La reforma de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) pactada con Podemos por la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha quedado plasmada en un documento previo al debate con la comunidad educativa: Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación.

La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez consiste en lograr los apoyos necesarios para la aprobación de la ley concediendo a los independentistas sus objetivos educativos plenos: "Es buena a grandes rasgos", afirmó sobre la propuesta el consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló, augurando el voto positivo de los nacionalistas, que consiguen que se elimine la regulación por el Estado del uso de la lengua cooficial y de la escolarización en ella, y por tanto de la exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial.

Pero los principales objetivos de la ley son claramente ideológicos. El presidente de la Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro Caballero, considera que estamos ante "una atrocidad contra la libertad de las familias y una vulneración flagrante de su libertad".

En esa misma línea, el director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, considera que "la libertad de enseñanza queda mermada más aún", con la inclusión de políticos en los órganos de gobierno de los centros, la imposición de "valores éticos" por parte del Estado y la eliminación de la asignatura de Religión. Por todo ello pide que se devuelva el derecho de educación de los menores a quienes lo gestionan hasta su mayoría de edad, que son los padres y que se respete "la libertad de enseñanza de los centros docentes para establecer su carácter pedagógico".

Batería de medidas contra la libertad de enseñanza y los derechos de los padres

Los puntos fundamentales de la propuesta del Gobierno que afectan a la libertad de enseñanza son los siguientes:

-Fomentar la coeducación y la educación emocional, supuestamente en prevención del acoso y para mejorar la convivencia (I.5).

-Imposición de una asignatura de "Educación en valores cívicos y éticos" en dos cursos: uno en el segundo o tercer ciclo de educación primaria, y otro en 2º o 3º de la ESO (II.5).

-Eliminación de la obligación de una asignatura alternativa a la Religión (III.1).

-Dejar de considerar la Religión como materia específica en 1º y 2º de Bachillerato (III.2).

-Que la nota obtenida en la asignatura de Religión deje de computar para el cálculo de la media en acceso a la universidad o becas (III.3).

-Se modificará la composición de los consejos escolares, reincorporando a representantes del Ayuntamiento (V.2), al mismo tiempo que se refuerzan las competencias del consejo escolar en la dirección del centro (V.1).

-Limitaciones en la autonomía de los centros para la selección de su alumnado (V.8) y de su profesorado (V.10).

-Eliminar la demanda social como factor a tener en cuenta por los poderes públicos en "la programación general de la enseñanza", es decir, en la concesión de conciertos económicos a iniciativas educativas no públicas (VI.1).

-Obstaculización a la educación diferenciada, a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en el sentido de que no puede discriminarse a un centro por elegir esa modalidad de enseñanza. La reforma de Sánchez-Celaá, sin embargo, estipula como principio "reforzar el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos" y eliminar de la ley actual "la referencia a que la 'educación diferenciada' no se considera discriminación por género". También "se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación" (VI.2) 

-Reforzamiento del control externo sobre los centros concertados en la admisión de alumnos (VI.5) y en la selección y despido del profesorado (VI.6), en particular en este último caso, donde se pide "recuperar el papel de la Administración educativa".