Los colegios de Médicos advierten a Montero: limitar la objeción de conciencia es «ilegal e injusto»

España es un país que ya perdía población y ya tenía más muertes que nacimientos antes del coronavirus. Que se practiquen entre 90.000 y 100.000 abortos provocados cada año, y que no haya ninguna ayuda a la maternidad, no ayuda a las familias ni a la demografía.

Pese a este contexto, la ministra de Igualdad, Irene Montero (de Podemos), ha anunciado que quiere cambiar la ley del aborto que implantó el socialista Rodríguez Zapatero eliminando algunos detalles que incluye: el requisito de 3 días de reflexión y el permiso paterno para que aborten las embarazadas de 16 y 17 años.

Hay regiones enteras de España donde sólo se practican abortos en uno o dos centros, debido a la objeción de conciencia generalizada, ya que la inmensa mayoría de ginecólogos y obstetras ve con repugnancia esta práctica.

Ante esos centros -casi siempre clínicas privadas especializadas en abortos- suele haber grupos provida (de rescatadores o de 40 Días por la Vida) que ofrecen alternativas, ayudas o simplemente rezan en silencio.

La ministra Montero ha anunciado que la ley impedirá estos grupos y "regulará" la objeción de conciencia de los sanitarios para que "no esté por encima del derecho a decidir sobre su cuerpo" de las mujeres que piden abortar.

Este lunes, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha emitido un nuevo comunicado al respecto de la objeción de conciencia de los sanitarios. Los Colegios Oficiales de Médicos han declarado que la intención de dificultar la objeción de conciencia es "inaceptable, ilegal e injusta".

El CGCOM señala que forzar la conciencia de los médicos para que haya más técnicos abortistas en más poblaciones "además de inconstitucional es una mala solución".

El CGCOM propone, en cambio, facilitar que las mujeres de zonas sin abortorios vayan a abortar a las grandes ciudades, con ayudas al desplazamiento. Apuntan que ya suelen hacerlo porque además ganan así en intimidad.

El CGCOM sugiere que si el Sistema Nacional de Salud no ofrece abortos con suficiente disponibilidad, es un problema de los gestores, y no de los médicos.

Ricardo De Lorenzo, presidente del Bufete De Lorenzo Abogados, recuerda en el diario Redacción Médica que “la objeción de conciencia del médico es un derecho fundamental recogido en el artículo 30 de la Constitución. Ninguna ley puede cambiar eso”. Más aún, añade que “la objeción de conciencia del médico no depende ni del Parlamento ni del regulador vigente”. En más de cuatro décadas de democracia, solo tres leyes han regulado este derecho fundamental: la del servicio militar de 1984, la del aborto (2010) y la eutanasia (2021).

Recientemente la Asociación por el Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc) ha hecho un llamamiento (aquí) a médicos, farmacéuticos y sanitarios a asociarse y sumar fuerzas frente a los ataques  y presiones contra los objetores y este derecho en España.

Vídeo de ANDOC en defensa de la objeción de conciencia sanitaria