Domingo, 24 de noviembre de 2024

Religión en Libertad

Las monjas de un asilo de ancianos logran que Bankia les devuelva 800.000 euros de las preferentes

Algunas de las Franciscanas de la Inmaculada de la residencia de ancianos de Muro de Alcoy
Algunas de las Franciscanas de la Inmaculada de la residencia de ancianos de Muro de Alcoy
Valga el topicazo de David contra Goliat. Y es que unas monjas de Alicante han ganado a Bankia una demanda por la fallida inversión que realizaron en las malditas participaciones preferentes. La residencia que regentan, la Fundación Casa De Beneficencia Muro de Alcoy (residenciamuro.com), que estaba presidida por el entonces alcalde del municipio y hoy conseller de Economía, Rafael Climent, destinó un millón de euros, procedente de una donación, a la compra de estos productos financieros que les ofreció Caja Madrid en 2009.

La operación fue como la seda hasta que la entidad madrileña se fue a pique, se dejaron de pagar los intereses y el valor de su inversión se esfumó. El asilo se fue a los tribunales para reclamar, y ahora un juzgado de Alcoy les ha dado la razón. Bankia les tendrá que devolver su dinero: 807.260 euros (una vez descontados los rendimientos netos obtenidos) más los intereses legales fijados.

El banco, que ha recurrido el fallo, también asumirá las costas. Esta es la historia de las monjas que ganaron a la banca.

Un centro para ancianos y una fundación
La Fundación Casa De Beneficencia Muro de Alcoy es un centro para la tercera edad fundado en 1887. El día a día de las instalaciones recae sobre las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, fundadas por la Madre Francisca Pascual Doménech. La dirección y la junta de patronos de la fundación -integrada por el alcalde de Muro, el juez de paz y el sacerdote- llevan la gestión de la residencia. Se trata en definitiva de una entidad de carácter benéfico-asistencial, que opera bajo el protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana.

El centro carece de ánimo de lucro, pero pensó en rentabilizar sus ahorros. Nada menos que un millón de euros que había recibido de una donación. Por ello decidió sumarse a la moda financiera de la época e invertir este dinero en participaciones preferentes de Caja Madrid. La entidad ofrecía una rentabilidad anual del 7%. En principio, un chollo rentable y sin riesgo aparente.

El 22 se mayo de 2009 se cerró la operación. La inversión iba viento en popa. Las monjas habían cobrado de intereses unos 192.000 euros. El negocio se truncó cuando Caja Madrid, integrada ya en Bankia junto a Bancaja, fue nacionalizada por el Estado para evitar su quiebra (mayo de 2012). El cobro de los cupones se cortó de inmediato y comenzó la pesadilla. El banco ya no podía pagar los intereses de las preferentes al incurrir en pérdidas.

Y a partir de ahí, como miles de pequeños inversores, las monjas de Muro de Alcoy demandaron a la entidad para recuperar sus ahorros al sentirse estafadas.

La demanda se presentó en abril de 2013. El juicio se celebró en junio de 2014 y hasta diciembre de 2015 no llegó la sentencia. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Alcoy, que debía determinar si Caja Madrid cumplió diligentemente o no con los deberes de información de este producto complejo, es contundente en su pronunciamiento. La juez se agarra, entre otras pruebas practicadas, al testimonio que prestó el entonces alcalde de Muro y presidente de la fundación, Rafael Climent, actualmente conseller de Economía y uno de los responsables en definitiva de la compra de las participaciones preferentes para el asilo.

Durante el juicio, Climent declaró que la finalidad de la adquisición de las preferentes era obtener una rentabilidad y gozar de una disponibilidad del rendimiento económico en cualquier momento. Sin embargo, el conseller dijo que ´en ningún momento se le informó de los riesgos´ según dice la sentencia.

Climent reconoció su firma en la orden de compra suscrita y en el folleto informativo, y expuso que tanto la documentación como la rúbrica se materializaron ´el mismo día en que se emitió la orden de compra, es decir, el día 22 de mayo de 2009´, lo que en opinión de la juez impedía ´evaluar la adecuación o no de la inversión según la experiencia y conocimientos del suscriptor´.

El alcalde era profesor de secundaria
La juez da validez a la versión ofrecida por Climent, que sostuvo que Caja Madrid omitió información clave sobre la complejidad financiera de las preferentes. En este sentido, la titular del juzgado afirma en la sentencia que ´el hecho de que el Sr. Climent (Presidente de la Fundación) ejerza actualmente [en la fecha de la operación] el cargo de Alcalde en el Ayuntamiento de Muro de Alcoy, no significa que tenga conocimientos contables y financieros adecuados para comprender la complejidad del producto suscrito, puesto que con respecto a su nivel formativo declaró que era profesor de enseñanza secundaria, y para mayor justificación de lo expuesto, el propio test de conveniencia señala que conoce el funcionamiento general de los mercados financieros, sin haber realizado inversiones en emisiones de renta fija´.

La juez afirma en la sentencia que la insuficiencia de información en que incurrió Caja Madrid se debió a ´la evidente relación de confianza que existía entre la fundación demandante y la entidad bancaria, la cual fue corroborada por el director de la sucursal´, y todo ello ´a pesar del carácter conservador que reviste una fundación y porque lo consideraba seguro´.

Sostiene que la orden de compra de las preferentes «no contiene una información exhaustiva y detallada de los riesgos que entrañan», de lo que se puede deducir ´una clara abusividad y consiguiente nulidad´.

Además, la sentencia refleja que el inversor, en este caso la fundación, ´no poseía la capacitación adecuada o cultura financiera suficiente para entender la magnitud del contrato suscrito´.

Tampoco se detalló en la compra ´la formación del suscriptor, nivel de estudios y volumen de operaciones financieras realizadas por el mismo´. La juez apunta que el folleto informativo (que debe incluir toda la información esencial sobre las preferentes) ´resultaría insuficiente para una persona lega en conocimientos financieros en aras de entender la magnitud y complejidad del producto que se le ofertaba sin recibir previamente una explicación verbal, detenida y clara de los riesgos de la operación´.

La magistrada ve comprensible el error de las monjas y del hoy conseller, ya que confiaban ´en el buen hacer de los profesionales de la banca que desde tiempo atrás gestionaban su patrimonio´.
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