Grupos católicos en Cataluña se organizan frente a la ley de privilegios gays del Parlament

Juristas Cristianos, E-Cristians, Provida, CCAPAC, Cat Jove, Asociación Thomas More, representantes del Movimiento de los Focolares y de las comunidades neocatecumenales en Cataluña se han reunido para organizar acciones que respondan a la propuesta de “ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales”, en realidad una injusta ley de privilegios gays a punto de ser aprobada por el Parlamento catalán.

Es una iniciativa legislativa sin precedentes en el Parlamento de Catalunya. El 17 de julio del pasado año se dio inicio a la tramitación de la “ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia”.

Presentada por ERC, PSC, ICV-EuiA y CUP-AE, obtuvo además el voto favorable de CiU y la abstención de Ciutadans. Pasado casi un año, está lista para ser votada y todo apunta que aprobada.

Es una ley inaudita en la tradición parlamentaria catalana, ya que es la primera vez que la oposición presenta un proyecto de ley y el Gobierno la acepta sin introducir un debate a la totalidad. 

Ha sido denunciada por E-Cristians (www.e-cristians.net) porque intenta regular todas las áreas de la vida humana, incluida la privada, algo impropio de un Estado democrático y de Derecho, y porque pretende otorgar a un solo colectivo derechos superiores a los que tienen los demás, rompiendo el principio de igualdad ante la ley. En definitiva, porque responde a criterios ideológicos y convierte al legislador en un adoctrinador.



El lobby gay impone su ideología a todos los catalanes
desde la Plaza Sant Jaume

La proposición de la ley fue reclamada por los colectivos LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) amparándose en las políticas iniciadas por el gobierno tripartito durante la pasada década.

Obligando a privilegiar lo gay
Algunos de sus artículos más destacables son el que obliga a los medios de comunicación a dar un trato positivo a los LGBTI (artículo 15), el que dicta que se debe incorporar “el conocimiento de las diversidades sexuales y afectivas y de la identidad de género” –esto es, teoría de género- a los currículums de todos los centros educativos catalanes (artículo 12) o el que prevé el establecimiento de cuotas laborales específicas para los LGBTI, tanto en el sector público como en el privado (artículo 20).

Finalmente, destaca el caótico y durísimo régimen de sanciones que acompaña el texto, que prevé desde multas por “emitir mensajes subliminales que inciten a la homofobia” a la suspensión temporal de las actividades de la empresa.

Desde E-Cristians se ha apuntado que “se quiere sancionar el trato diferenciado a los LGBTI cuando en realidad la ley en sí misma establece para ellos un trato diferenciado”.

Los grupos cristianos se coordinan
Ante esta situación, representantes de diferentes grupos cristianos, entre los que se encontraban asociaciones como Juristas Cristianos, E-Cristians o Provida; y también grupos representantes de las AMPA’s de escuelas cristianas, como la CCAPAC; asociaciones juveniles como Cat Jove y la Asociación Thomas More; y representantes de movimientos como los Focolares o el Camino Neocatecumenal, se reunieron el pasado jueves, 5 de junio, para debatir que acciones se pueden realizar ante esta proposición de ley.

Hubo una participación activa de los diferentes representantes, donde cada uno aportó su punto de vista. Se tomó también en consideración las enmiendas propuestas por Convergencia i Unió, en las que se pedía una supresión de las sanciones o la aplicación en menos de un año de una ley contra la discriminación, pero dirigida a todos los sectores de la población, con más propensión, por ejemplo, a inmigrantes, personas mayores o mujeres embarazadas.

En la reunión se concretaron diferentes acciones a realizar. Entre estas se encuentra la firma de una declaración donde se pide que Cataluña disponga de una ley contra todo tipo de discriminación; igualmente el rechazar todo aspecto que vulnerase gravemente la libertad de expresión, libertad religiosa y el derecho de los padres de educar moralmente a sus hijos; y la necesidad de suprimir la inversión de carga de la prueba.

Finalmente, se rechazó también la creación de un “subgobierno” de los grupos LGBTI, pues es la Generalitat de Catalunya el único responsable de ejecutar leyes.

Se acordó también enviar cartas de forma individual, cada asociación, al presidente Artur Mas pues se entendió que esta es la única persona que puede evitar la aprobación de la ley, exponiendo por qué es necesario que esta ley no tire adelante.

Se habló de la necesidad de hacer partícipes de este planteamiento otras asociaciones. Se acordó también la necesidad de establecer un calendario de reuniones para poder ir siguiendo los acontecimientos de forma constante, pues todos los grupos coincidieron en la necesidad de hacer un frente común ante una ley tan injusta.

(Galicia, gobernada por el PP, ya aprobó una ley similar -como publicamos en ReL- sin que se organizase una oposición conjunta de entidades cristianas; nota de ReL).