Los obispos vascos señalan el daño del decreto anti-religión y piden que se corrija sin demora
Los obispos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, y la asociación Kristau Eskola, que agrupa a los colegios religiosos de Euskadi, expresaron ayer su satisfacción por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula un decreto del Gobierno vasco sobre la asignatura de Religión que, a su juicio, «relegaba la asignatura a la marginalidad».
La normativa, aprobada en 2009 por el anterior Gobierno tripartito, permitía a los centros educativos de la comunidad autónoma sacar la Religión del horario lectivo. Sin embargo, el Supremo la ha revocado, argumentando que el Departamento vasco de Educación había vulnerado la normativa estatal; y recordando también que el hecho de que no exista una asignatura alternativa para quienes no cursen Religión tiene efectos disuasorios entre los alumnos y sus padres.
Reparación «sin demora»
En una nota conjunta, los prelados vascos y Kristau Eskola aseguran que la sentencia del alto tribunal «vuelve a dar amparo al derecho constitucional de los padres» a que sus hijos reciban en el sistema educativo público, o en el de iniciativa social, una «educación religiosa y moral que sea conforme a sus principios y convicciones».
No obstante, los obispos lamentan que, «desgraciadamente», los tres años y medio que han transcurrido desde la entrada en vigor del decreto revocado han tenido consecuencias: han provocado que la Religión «haya dejado de cursarse en la gran mayoría de los centros. Por la vía de los hechos consumados se ha impuesto una discriminación contra la educación religiosa, que ahora se demuestra que era contraria a Derecho».
Desde la Administración vasca mantienen, sin embargo, que no son muchos los centros que han sacado la Religión del horario lectivo, lo que no ha impedido que descienda el número de alumnos de esa materia tanto en Bachillerato como en otros niveles de enseñanza, una tendencia que se apreciaba antes de que se aprobara el decreto de 2009.
En cualquier caso, los obispos han solicitado a la actual consejera de Educación, Isabel Celaá que, ante el inicio del curso escolar, realice «sin demora» las gestiones necesarias para restablecer la Religión en el horario lectivo, «sin ningún tipo de discriminación y con el rango académico que le corresponde».
La normativa, aprobada en 2009 por el anterior Gobierno tripartito, permitía a los centros educativos de la comunidad autónoma sacar la Religión del horario lectivo. Sin embargo, el Supremo la ha revocado, argumentando que el Departamento vasco de Educación había vulnerado la normativa estatal; y recordando también que el hecho de que no exista una asignatura alternativa para quienes no cursen Religión tiene efectos disuasorios entre los alumnos y sus padres.
Reparación «sin demora»
En una nota conjunta, los prelados vascos y Kristau Eskola aseguran que la sentencia del alto tribunal «vuelve a dar amparo al derecho constitucional de los padres» a que sus hijos reciban en el sistema educativo público, o en el de iniciativa social, una «educación religiosa y moral que sea conforme a sus principios y convicciones».
No obstante, los obispos lamentan que, «desgraciadamente», los tres años y medio que han transcurrido desde la entrada en vigor del decreto revocado han tenido consecuencias: han provocado que la Religión «haya dejado de cursarse en la gran mayoría de los centros. Por la vía de los hechos consumados se ha impuesto una discriminación contra la educación religiosa, que ahora se demuestra que era contraria a Derecho».
Desde la Administración vasca mantienen, sin embargo, que no son muchos los centros que han sacado la Religión del horario lectivo, lo que no ha impedido que descienda el número de alumnos de esa materia tanto en Bachillerato como en otros niveles de enseñanza, una tendencia que se apreciaba antes de que se aprobara el decreto de 2009.
En cualquier caso, los obispos han solicitado a la actual consejera de Educación, Isabel Celaá que, ante el inicio del curso escolar, realice «sin demora» las gestiones necesarias para restablecer la Religión en el horario lectivo, «sin ningún tipo de discriminación y con el rango académico que le corresponde».
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