Las administraciones dedican 20 millones en ayudas a la embarazada... y 40 millones a pagar abortos

La Fundación RedMadre ha presentado este miércoles la 7ª edición del Mapa de la Maternidad en España, correspondiente al año 2022. Este informe analiza las políticas públicas de ayuda a las embarazadas en dificultades.

Una ayuda tanto más necesaria cuanto que, según la propia experiencia de RedMadre, 8 de cada 10 mujeres que se planteaban abortar, no lo hacen si reciben la atención que necesitan. En  un contexto, además, de hundimiento demográfico, que las administraciones públicas reconocen pero al que no dedican un esfuerzo presupuestario acorde a la importancia del problema.

Con todo, en 2022 el gasto público aumentó en 46 euros por mujer embarazada en dificultades, un incremento de 33 euros respecto al año anterior, pero que se debe al plan de apoyo implantado por la Comunidad de Madrid, que es, de lejos, la comunidad autónoma que más recursos destina a este concepto y destinó 14 millones de euros en ayudas directas a las embarazadas menores de 30 años.

"Más de 8 de cada 10 mujeres acompañadas siguen adelante con su embarazo, aunque nuestros esfuerzos sin el concurso de las Administraciones Públicas son insuficientes", destacó María Torrego, presidenta de RedMadre. "Es necesario el compromiso y el impulso de los gobiernos para que las mujeres puedan vivir en libertad su maternidad".

Amaya Azcona, directora general de la Fundación RedMadre, denunció que "las repercusiones negativas de la maternidad en el empleo hacen que muchas mujeres no tengan hijos porque temen no encontrar un trabajo o perder su puesto actual".

El gasto destinado en 2022 por el conjunto de las Administraciones Públicas fue de 20 millones de euros. Es exactamente la mitad de lo que dedican a ayudas al aborto: 40 millones de euros.

Con diferencia, la comunidad autónoma que más presupuesto destina a ayudar a la mujer embarazada es Madrid, con casi 15 millones de euros, más del triple que todas las demás juntas.

Solo Castila y León, Andalucía, La Rioja, Galicia, Valencia y Murcia tienen partidas para ese concepto.

El resto de las comunidades, algunas de ellas, como Asturias, inmersas en un proceso dramático de despoblación, no dedican un solo euro. (Lea aquí: Asturias, la región más envejecida, gastó 7 millones de euros públicos para abortar 14.000 bebés).

Las ayudas autonómicas a la mujer embarazada en dificultades. Fuente: Mapa de la Maternidad.

En cuanto a diputaciones, solo 13 de 55 tienen una partida de gastos para ese concepto,  aunque al menos es el doble que en el ejercicio anterior. Destacan Vizcaya, con más de medio millón de euros, y Zamora. Pero siete de esas diputaciones no llegan ni a los 6.000 euros al año. 

Ayudas de las diputaciones a mujeres embarazadas en dificultades. Fuente: Mapa de la Maternidad. 

De los ayuntamientos de capitales de provincia, solo 8 de 52 dedican parte de sus presupuestos a ayudar a sus vecinas con embarazos de riesgo. Madrid duplica la suma de las ayudas de todas las demás.

Ayudas a las embarazadas en dificultad por parte de los ayuntamientos de capitales de provincia. Fuente: Mapa de la Maternidad.

Con estas cifras, no es de extrañar que España sea el país 20 de 27 de la Unión Europea en porcentaje de PIB dedicado a la familia.

Hay que tener en cuenta que la falta de ayudas refuerza que se desplome la natalidad. Hace 30 años que el índice de fecundidad en España es menor a 1,4 hijos por mujer en edad fértil y desde 2018 hay más muertes que nacimientos en España. En 2022 nacieron menos de 330.000 bebés, mientras que en la primera década del siglo XXI nacían entre 400.000 y 500.000.

Desde RedMadre lamentan además la invisibilidad a la que las Administraciones Públicas someten a las madres por no contabilizar el número de madres que hay en España y cuáles son sus dificultades.

En sus 16 años de existencia, RedMadre ha ayudado a 315.784 madres.

Estas son sus propuestas: "Avalados por nuestra experiencia y con el fin de avanzar en una sociedad donde la mujer puede vivir en libertad su maternidad, proponemos a las Administraciones Públicas implementar políticas públicas que ayuden a superar las condición de vulnerabilidad de la mujer embarazada o madre reciente. E implementar un plan de apoyo a la mujer embarazada con dificultades que atienda eficazmente los derechos de este colectivo".