¿Se rinde el Gobierno español en su guerra contra la objeción de conciencia de los sanitarios?

El Ministerio de Sanidad español, a través de una respuesta parlamentaria (a la que ha tenido acceso el digital ConSalud.es), ha descartado que vaya a elaborar una norma específica sobre objeción de conciencia sanitaria.

Su respuesta sostiene que la objeción “ya viene recogida, suficientemente, en el ordenamiento jurídico”.

Así, parece que este Gobierno que ha implantado la eutanasia, sostenido por una alianza de socialistas y comunistas, renuncia a intentar recortar y limitar la objeción de conciencia sanitaria, que en España es muy amplia y emana directamente de la Constitución.

Sin ninguna ley, solo con la Constitución, miles la han aplicado

Desde que se aprobó la Constitución española en 1978, muchos miles de españoles, especialmente en el ámbito sanitario, han ejercido la objeción de conciencia contra prácticas que repugnaban a su conciencia y a la buena ética médica, como el aborto, esterilizaciones y otras técnicas... Lo han hecho sin necesidad de una ley de objeción, simplemente acogiéndose a la Constitución.

En 2020 y 2021 ha vuelto el debate sobre si debería haber una ley regulando más la objeción de conciencia, que con el actual parlamento con mayoría de izquierda buscaría limitar mucho este derecho y acosar a los sanitarios que creen en los valores provida o hipocráticos.

El aborto, pese llevar despenalizado desde los años 80, nunca se normaliza: repugna a los sanitarios, obstetras y comadronas y lo practica sólo una casta especializada, centrada en las clínicas abortistas. La objeción de conciencia está extendidísima pese a que en el país se han eliminado ya más de 2 millones de vidas humanas con esta práctica.

La eutanasia, por su parte, es una novedad absoluta, implantada por los políticos, desde sus escaños, sin consultar con los médicos. Es vista por médicos y enfermeras como una tarea anti-médica. Matar en lugar de cuidar o curar es algo propio de un verdugo, no de un sanitario, señalan muchos.

Es pronto para confirmarlo, pero parece que en este contexto a la eutanasia le pasará en España como al aborto: lo practicarán unos pocos técnicos especializados. "Ese es el que hace eutanasias", dirán. (Hay inquietud sobre los efectos en la salud mental que tiene para un médico practicar muchas eutanasias, como señalamos ya aquí).

La objeción a la eutanasia, en la ley y las normas autonómicas

El partido Vox preguntó al Gobierno, mediante pregunta parlamentaria, si pensaba promover “la regulación de la objeción de conciencia sanitaria en una norma independiente”.

Sanidad ha respondido que no hace falta y que se dejarán las cosas como están, recordando que la objeción de conciencia está incluida en el “derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa”, reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución Española, y como tal “es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.

En el caso concreto de la eutanasia -la gran novedad, no sólo para las leyes españolas, sino para la misma idea de medicina en nuestra civilización- la ley española define la objeción de conciencia sanitaria como un “derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones”, y da más detalles en un "Manual de buenas prácticas" en eutanasia y en las comisiones de garantías creadas por las CC.AA".

La respuesta del Gobierno es que la ley de eutanasia "establece un deber meramente formal, exigible sólo a profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación, de formular dicha intención anticipadamente y por escrito, pero sin exigir una determinada anticipación que de no cumplirse implique una pérdida del derecho”.

Es decir, el Gobierno parece admitir que negarse a hacer eutanasias con cualquier anticipación (¿incluso minutos antes de poner la inyección letal?) ya es lícito, porque no se exige "una determinada anticipación".

A la protesta de que las listas de objetores puedan usarse contra ellos, el Gobierno responde que quedan protegidos por su derecho a la intimidad.

Sanidad detalla además que el "Manual de buenas prácticas en eutanasia", aprobado por el Consejo Interterritorial, “establece que las administraciones sanitarias deban aceptar aquellas objeciones de conciencia que no hayan sido inscritas previamente en el registro” y que ese documento reconoce tanto “la objeción sobrevenida” como la “reversibilidad en la decisión”.

Que haya suficientes técnicos eutanasiadores para cumplir con la "demanda" es tarea de las comunidades autónomas, sus protocolos y comisiones, añade la respuesta.

¿Y la objeción de los hospitales con ideario?

Así las cosas, parece que el Gobierno español desiste de lanzar proyectos legislativos para recortar la objeción de conciencia sanitaria ante prácticas que repugnan la moral y la ética sanitaria. Los lobbies pro-aborto y pro-eutanasia y probablemente otras fuerzas de izquierda probablemente protestarán ante esto.

Federico de Montalvo, del Comité Español de Bioética, defiende la objeción de conciencia de entidades y asociaciones

Uno de los campos de batalla que permanecen es el de la objeción de las entidades y asociaciones, como hospitales religiosos, centros concertados, etc...

Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas y presidente del muy oficial Comité de Bioética de España (organismo del Gobierno) defiende que la Constitución reconoce en su artículo 16 (que sirve de base a la objeción de conciencia) "la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos Y LAS COMUNIDADES”. Montalvo defiende que hay jurisprudencia reconociendo que hay entidades -como un hospital religioso- que "son titulares de la objeción de conciencia en su condición de titulares de un ideario".

Aunque esta respuesta del Gobierno parezca suavizar las cosas, habrá mil choques a nivel autonómico, incluso caso a caso, y muchas formas de presiones y represalias contra los médicos provida que defiende la ética hipocrática.

Los médicos y sanitarios no deberían dejar de protegerse y asociarse a entidades como ANDOC, que defienden la objeción de conciencia sanitaria.

Pincha aquí para conocer la Asociación Nacional para la Defensa al derecho a la objeción de conciencia (ANDOC).