Motu proprio del Papa para cambiar el sistema penal
La Ciudad del Vaticano elimina la cadena perpetua y refuerza las penas contra filtraciones
El papa Francisco ha aprobado una reforma del código penal de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano que contempla, entre otras, la introducción del delito de tortura, elimina la cadena perpetua y amplía y define los delitos contra menores, entre ellos la pornografía infantil y el abuso sexual.
Así, se introducen los delitos relacionados con la venta, prostitución, reclutamiento y violencia sexual, pornografía infantil, tenencia de material de pornografía infantil y abusos sexuales contra menores.
Código penal para el Vaticano y su diplomacia
Con esta reforma, aprobada a través de un Motu Proprio (decreto papal), Francisco prosigue la puesta al día del ordanamiento jurídico en la línea ya comenzada en 2010 por el papa Benedicto XVI, según informa el Vaticano. La legislación se aplicaro a los nuncios (embajadores) y personal diplomática del Vaticano en todo el mundo.
La reforma es histórica, ya que el ordenamiento jurídico vaticano proviene aún, en buena medida, del Código Zanardelli, incluido en 1929 dentro del Pacto de Letrán entre Italia y el papado, que estableció la Ciudad del Vaticano.
Nuevas penas por revelación de secretos
Con este reforma, que afectará a todo el territorio del Vaticano y a los nuncios (embajadores) y al personal diplomático de la Santa Sede, Francisco pretende adecuar la legislación vaticana a la legislación internacional, también en la lucha en materia de crímenes contra la Humanidad, terrorismo, corrupción, seguridad y el blanqueo de dinero.
Ahora, Francisco también ha incluido en la normativa el delito de genocidio y el "apartheid", así como normas más duras contra la corrupción. El Papa Francisco ha abolido la condena a cadena perpetua y la ha sustituido por penas que van de los 30 a los 35 años.
Precedente "Gabriele"
Como recuerda Il Corriere della Sera, la falta de actualización de las leyes vaticanas a las nuevas realidades impidieron, por ejemplo, que el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, fuera condenado por atentado contra la seguridad del Estado en el caso Vatileaks. Gabriele solo pudo ser juzgado por el delito de hurto y condenado a un año y medio de cárcel.
Con la nueva ley, que entrará en vigor el 1 de septiembre, los delitos de sustracción, robo de documentos reservados y divulgación de noticias son punibles con una pena de 6 meses a dos años de cárcel, en casos leves, y de cuatro a ocho en casos más graves.