El Vaticano abre juicio al cardenal Becciu y 9 funcionarios por el caso del apartamento de Londres

El presidente del Tribunal de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Pignatone, ha ordenado la apertura de juicio contra diez personas, entre ellas el cardenal Angelo Becciu, a solicitud de la Oficina del Promotor de Justicia.

El proceso pone fin a una investigación iniciada en julio de 2019 por la Gendarmería Vaticana sobre posibles delitos de corrupción, soborno y malversación en torno a inversiones realizadas con fondos de la Secretaría de Estado.  Los resultados de ese trabajo policial, para el que se ha contado con la colaboración de las autoridades italianas, serán juzgados a partir del 27 de julio, en que está convocada la primera audiencia.

En septiembre de 2020, a petición de Francisco, el cardenal Becciu, que siempre ha sostenido su inocencia, renunció a su cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a todos sus derechos cardenalicios, salvo el título. Se habían conocido manejos opacos durante su etapa como sustituto de la secretaría de Estado, entre 2011 y 2018. El comportamiento del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado desde 2013, no aparece cuestionado en las pesquisas porque los magistrados consideran que no fue informado de las operaciones.

Además del cardenal Becciu, entre los procesados están los dos ex responsables de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede, René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, quienes habrían consentido las operaciones fraudulentas.

También hay dos antiguos oficiales de la Secretaría de Estado, monseñor Mauro Carlino y Fabrizio Tirabassi; dos asesores del Vaticano , Enrico Crasso y Cecilia Marogna; y tres intermediarios financieros, Raffaele Mincione, Nicola Squillace y Gianluigi Torzi.

Los acusados se enfrentan a cargos de soborno, corrupción, extorsión, falsificación de documentos, desviación de poder, estafa, blanqueo de dinero y apropiación indebida.

Uno de los casos más llamativos es el de Cecilia Marogna, quien recibió de Becciu 575.000 euros de fondos de la Secretaría de Estado para que mediara en la liberación de misioneros secuestrados en África y Asia, y supuestamente los habría gastado "casi en su totalidad para realizar compras", según el auto.

También se ha investigado la inversión de la propia Secretaría de Estado en la compra de un edificio en Londres por valor de 320 millones de euros, cuyo valor de mercado es ahora sensiblemente inferior, provocando por tanto una grave pérdida a los fondos vaticanos, pero que habría deparado sustanciosas comisiones a los intermediarios.

La investigación ha exigido comisiones rogatorias en Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo Eslovenia y Suiza, de las cuales ha salido a la luz la existencia de una amplia red de relaciones de los implicados con operadores de los mercados financieros que han generado pérdidas sustanciales para las finanzas vaticanas.

El "modus operandi" de los acusados

Según informa Vatican News, un primer capítulo importante de la investigación se refiere a la inversión de la Secretaría de Estado en el Fondo Athena Capital Global Opportunities de Raffaele Mincione, una operación que se realizó entre junio de 2013 y febrero de 2014.

La Secretaría de Estado se endeudó con Credit Suisse por 200 millones de dólares para invertir en el fondo de Mincione (100 en los títulos, 100 en los inmuebles vinculados al edificio de Londres). La inversión, altamente especulativa, conllevó graves pérdidas para la Santa Sede. Al 30 de septiembre de 2018, las acciones habían perdido más de 18 millones de euros en comparación con el valor de la inversión inicial, pero se estima que la pérdida global es una cantidad mucho mayor.

Mincione usó el dinero del Vaticano para llevar a cabo operaciones imprudentes e intentar la adquisición de instituciones bancarias en crisis. Ante los desastrosos resultados, la Secretaría de Estado intentó salir de la inversión y tomar posesión de la propiedad.

La operación preveía el pago de 40 millones de libras esterlinas a Mincione por parte de la Secretaría de Estado, a cambio de sus acciones. Se decidió confiar a una empresa propiedad de otro intermediario, Gianluigi Torzi, que con una operación de ocultamiento consiguió mantener el control para sí mismo y engañar a la Santa Sede gracias a complicidades internas.

De la documentación aportada por los magistrados vaticanos se desprende que Mincione y Torzi estaban de acuerdo en llevar a cabo la operación con la Secretaría de Estado. Los magistrados vaticanos identifican a Enrico Crasso y Fabrizio Tirabassi como dos figuras clave y creen que obtuvieron comisiones de Mincione y pagos en efectivo de Torzi por hacerles entrar en el Vaticano.

Gracias a la complicidad interna, Torzi consiguió que el Vaticano firmara un Acuerdo de Compra de Acciones que arrebataba a la Secretaría de Estado el control de la propiedad de Londres. Para ello, creó mil acciones de la empresa Gutt, SA y atribuyó derechos de voto únicamente a estas acciones de las que él era titular. Mientras que las otras 30.000 acciones, en poder de la Secretaría de Estado, no tenían derecho a voto. La Secretaría de Estado se encontró así ante otro financista en el Vaticano al que se le dejó todo el poder de decisión.

Los magistrados vaticanos consideran que ni monseñor Alberto Perlasca, firmante del contrato de compraventa de acciones, ni sus superiores, el sustituto de la Secretaría de Estado monseñor Edgar Peña Parra y el cardenal Pietro Parolin fueron "efectivamente informados" de los hechos ni fuerin "plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones". El mismo poder del sustituto, que era necesario para firmar el acuerdo, se obtuvo post-factum y sin que los superiores se enteraran del truco que permitía a Torzi controlar todo.

Para obtener el control del edificio y la salida de Torzi de la escena, los cómplices en la Secretaría de Estado consiguieron de sus fondos 15 millones de euros, pagados al intermediario de forma irregular.

Por último, los magistrados acusan a Becciu de haber financiado y hecho financiar la cooperativa de su hermano Antonino. Se trata de 600.000 euros procedentes de los fondos de la Conferencia Episcopal Italiana y de 225.000 euros procedentes de los fondos de la Secretaría de Estado. Las donaciones habrían sido “ampliamente utilizadas para fines distintos a los benéficos a las que estaban destinadas".