Gobiernos y tribunales van dando pasos para convertir ser padres en una pesadilla orwelliana

Ante los ojos del mundo entero, un juez le ha arrebatado la vida a Alfie Evans alegando que el "interés superior" del niño era morir cuando y como decidiera la justicia británica, y no intentar diagnosticar su enfermedad y tratarla por otros médicos y en otro lugar, como deseaban sus padres, Tom y Kate. No había sufrimiento del pequeño, no había ensañamiento terapéutico: sencillamente se había decidido que debía morir y la patria potestad de sus padres desapareció.

Solo la batalla numantina planteada por Tom Evans ha conseguido desvelar, no tanto la perversidad del sistema como la existencia misma del sistema. Porque no es un caso aislado, solo un caso dramático. Los Estados, con su triple poder (ejecutivo, legislativo y judicial), se arrogan cada vez más el derecho privativo y exclusivo sobre los niños, siendo el de sus padres meramente tolerado. Así lo denuncia y evidencia el abogado y canonista Ed Condon en Catholic Herald:

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Afirmar que la institución de la familia está en crisis no es decir algo controvertido. La gente se casa cada vez menos, dentro o fuera de la Iglesia. Los índices de fertilidad están en caída libre desde hace cincuenta años. Casi un cuarto de las familias de Gran Bretaña son monoparentales y, de ellas, casi la mitad viven en estado de pobreza. No importa la medida que uses: la familia, mecanismo esencial por el que se trasmite nuestro ADN cultural y social, está en declive.
 
Como hay pruebas fehacientes del masivo coste social y económico que implica el declive de la familia, uno podría pensar que el estado está dispuesto a hacer todo lo posible para reforzar lo que queda de nuestra vida familiar.
 
Pensar esto es un error. En todos los países occidentales, las familias que han conseguido rebelarse frente esta tendencia de nuestra atomizada sociedad secular están siendo atacadas activamente por los gobiernos y los tribunales. Además, al haber acabado hace más de una generación con la familia extendida, los conceptos de familia nuclear y paternidad están siendo abiertamente atacados.


"No separéis a las familias", "Basta de secuestro de niños", "Los niños pertenecen a su familia": son algunos de los lemas que pueden leerse en esta manifestación contra Barnevernet, el servicio noruego que interviene según patrones opacos para quitar hijos a sus padres supuestamente en el interés y beneficio de los niños.
 
A medida que el estado ha aumentado su poder, invadiendo los espacios anteriormente ocupados por la familia, se ha hecho dueño absoluto de la autoridad sobre los padres y los hijos. Es algo realmente escalofriante. Actualmente, en este país es un delito llevarte sin permiso a tu hijo de vacaciones durante el trimestre escolar: durante 38 semanas al año, el estado, y no los padres, es el árbitro final de donde un niño puede o no puede ir.

En Escocia, el infame Proyecto de Persona Designada [Named Person Scheme], según el cual cada niño debe tener un empleado del gobierno designado para seguir su progreso y asesorar su vida familiar, sigue avanzando a pesar de la oposición y los aplazamientos.

Los defensores del proyecto lo disfrazan con el lenguaje empalagoso de "gobierno solícito", pero no puede esconder que la premisa fundamental subyacente es que los padres son una clase sospechosa que necesita ser controlada continuamente.


La sociedad escocesa se ha movilizado en la calle contra el plan de Personas Designadas, que asignaría una especie de tutor estatal a cada niño al margen y por encima de la autoridad y patria potestad de sus padres. La campaña NO2NP [No to Named Persons] recoge firmas contra esta pretensión.
 
Al sur de la frontera escocesa, la mayor parte de la atención pública desconoce que los derechos de los padres ya solo existen si el gobierno lo permite. El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado que en cualquier disputa, por insignificante que sea, sobre el interés superior [best interest] del niño, éste -el niño- debe tener una voz "independiente" (y por independiente se entiende designada por el estado). Esta interpretación de la Ley sobre la Infancia de 1989, que pretende salvaguardar los intereses del niño cuando los padres están en desacuerdo, se ha ampliado e incluye los desacuerdos entre los padres -unidos- y otras instituciones, ya sean éstas educativas, médicas o gubernamentales. Como han demostrado los trágicos casos de Charlie Gard y Alfie Evans, los resultados son una cuestión de vida o muerte.


A la izquierda, Charlie Gard y sus padres. A la derecha, Alfie Evans y los suyos. A ambos niños se les ha dado muerte, con prácticamente un año de difeencia, sin el consentimiento de sus padres, erigiéndose la justicia británica en paladín del "interés superior" de los pequeños frente a alternativas terapéuticas preferidas por sus padres.
 
Es algo alentador oír al actual secretario de Educación, Damian Hinds, afirmar el "derecho establecido" que tienen los padres de poder retirar a sus hijos de las clases de educación sexual impartidas en los colegios. Pero los planes de su predecesora, Justine Greening, dejaban claro que este "derecho" existe si lo desean los ministros. Es sólo cuestión de tiempo que cualquier autoridad local o director de escuela interponga una acción judicial contra cualquier padre "en el interés superior del niño" para obligar a los niños a ir a clases en las que se les enseña el valor equivalente de las relaciones homosexuales y heterosexuales, la mutabilidad del género y la legitimidad del aborto.
 
Recientemente, en Estados Unidos un tribunal ha ordenado que a unos padres se les quitara a su hija adolescente porque no la apoyaban en su "transición" a chico. En nuestro país ya existen los mecanismos legales para garantizar que si un caso como éste llega a los tribunales, no se tenga duda alguna sobre el resultado. Cuando (Dios no lo quiera) un médico diagnostica a un niño inglés como "trans", los padres pueden ser llevados a los tribunales por las autoridades médicas para garantizar que su hijo recibe "tratamiento".


Sylvia Hendon, la juez de Ohio que arrebató una menor de edad a sus padres, contrarios a su cambio de sexo, para entregársela a sus abuelos, partidarios de ello.
 
Si, como en el caso de Charlie Gard [y Alfie Evans], los tribunales apoyan a los médicos en su propósito de acabar con la vida de estos niños contra las súplicas acongojadas de sus padres, ¿por que no deberían apoyar a los médicos que ordenan la "terapia de reasignación de género" si se les pide? Además, si se considera con qué rapidez cualquier crítica a la agenda de la ideología de género es considerada como discurso de odio, es sólo cuestión de tiempo que los padres que la rechazan no sólo se encuentren ante un tribunal, sino también sentados en el banquillo de los acusados.
 
La velocidad desenfrenada con la que la agenda de género ha pasado de ser una broma de internet a una prioridad política es vertiginosa. Y ha sido posible, sobre todo, por décadas de desgaste de la familia desde el punto de vista legal y social, y cuyo resultado es el rechazo a la función básica de los padres: formar a su hijo.


La revolución sexual global, de Gabriele Kuby, es el más completo análisis publicado hasta el momento sobre la agenda de los ideólogos de género, que está en buena detrás de casi todas las medidas contrarias a la patria potestad de los padres aplicadas por gobiernos y tribunales en los últimos años.
 
Durante toda la historia humana, los padres han sido los primeros educadores de sus hijos, a quienes no sólo les transmitían conocimiento, sino también carácter, fe y moral. Pero en nuestra sociedad postmoderna y pluralista, este comportamiento es inaceptable. La moralidad de los padres es otro crimen de odio para la Persona Designada. Ahora se espera que los padres hagan llegar a sus hijos a la edad adulta inmaculados para que puedan elegir sus propios valores, su religión y su identidad entre la amplia gama ofertada.
 
Muchas responsabilidades paternas se han convertido, por decirlo crudamente, en actividades criminales. En un futuro muy cercano, se alentará activamente a los niños a afirmar sus propias identidades y a delatar a sus padres si no les apoyan suficientemente. La pesadilla orwelliana a la que nos estamos dirigiendo parece cada vez más inevitable. Dado el catastrófico efecto que tendrá sobre la civilización occidental, la pregunta que ahora debemos plantearnos es: ¿estamos suficientemente preparados y reforzados para capear la tormenta?

(Traducción del inglés de Helena Faccia Serrano)