La ley antiespionaje que prepara Australia podría considerar a los católicos «agentes extranjeros»

Australia quiere defenderse de terceros países que intentan infiltrarse y condicionar la política interna del país y para ello está preparando una ley antiespionaje que, sin embargo, podría afectar muy negativamente a los católicos, al relacionarlos directamente con un país extranjero, en este caso el Vaticano.

Esta legislación se ha propuesto tras la investigación gubernamental  que sugiere que China habría estado interfiriendo en la política local mediante pagos y donaciones en organizaciones sociales y políticas con el objetivo de influir en la política del gobierno de Australia.

Registro ante el gobierno
Esta normativa que se debate en el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento quiere obligar a registrarse ante el gobierno a todo aquel que actúe en nombre de potencias extranjeras, de manera directa o indirecta, y de no hacerlo así podría enfrentarse a cargos criminales.

En la normativa existen exenciones por religión pero esta no protegía a sacerdotes y monjas católicos. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Australiana asegura que “se basa en la creencia incorrecta de que la Iglesia Católica en Australia actúa en nombre de un gobierno extranjero, es decir, el Estado de la Ciudad del Vaticano”.


El obispo McGuckin ha sido uno de los que se ha manifestado con mayor contundencia contra esta ley

La declaración de la conferencia episcopal advierte que el proyecto de ley fue redactado con "amplitud excesiva" y agrega que términos "como director extranjero, lobby, actividades en los medios de comunicación o actividad de los donantes" son muy amplios, generales e incondicionales, lo que significa que hay un gran potencial para ser usados contra personas y contra comportamientos inocentes o involuntarios, lo cual implica que (los términos) son de dudosa utilidad y eficacia".

"Pone en peligro nuestra voz"
El obispo Robert  McGuckin ha asegurado que “la Iglesia Católica en Australia está formada por millones de ciudadanos australianos que practican su fe, y no están en deuda con un poder extranjero”.

"Nuestro análisis legal es que cada católico que invita a un político a un evento, cada católico que se topa con un senador en la calle, cada católico que escribe para obtener el apoyo de un políticoen un asunto local puede verse obligado a completar un formulario", afirmó el obispo McGuckin.

"Esta legislación puede poner en peligro nuestra voz en nombre de los jóvenes y los ancianos, los pobres y los marginados", agregó.

Millones de personas afectadas
Los obispos dijeron que, incluso con la exención, los funcionarios del Papa o del Vaticano podrían interpretarse como "agentes extranjeros" en virtud de la ley, en cuyo nombre los católicos llevan a cabo ciertas actividades.

El obispo McGuckin dijo que el proyecto de ley podría afectar a "uno de cada cinco australianos" y que el gobierno debería actuar para despejar la incertidumbre de las organizaciones religiosas. "La Iglesia Católica no es la única organización con vínculos internacionales que está en peligro de ser capturada, involuntariamente o no, por esta legislación", dijo el obispo McGuckin.