Jueves, 21 de noviembre de 2024

Religión en Libertad

¿Cuántos políticos masones hay en España?

Reunión masónica.
Declarar la pertenencia a la masonería u otros grupos secretos o discretos debería ser una obligación para los representantes públicos. debería Foto: captura reportaje El País, 'Masones. La hermandad del misterio'.

por Álex Rosal

Opinión

Ninguno. En el Congreso hay 350 diputados y no hay ningún masón, oficialmente. Es un poco llamativo. Y lo mismo pasa con los 266 senadores o los 2.550 diputados autonómicos. Ningún político relevante se ha manifestado públicamente como miembro de la masonería.

Y de los 90.000 políticos, con sueldo, que se calcula que hay en España, no hay constancia de que alguno acuda a la logia, más allá de un puñado de servidores de lo público de cuarta división.

¿De verdad que no hay masones entre los 90.000 políticos que hay en España?

Ahora que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, no sé si sería mucho pedir a nuestros representantes que supiéramos algo más de ellos. Y no me refiero a si tienen un piso, una plaza de garaje o un cierto dinerito en el banco, no. Eso está muy bien, pero es insuficiente. Lo verdaderamente importante es saber si pertenecen a alguna organización secreta o discreta que tenga unos fines que desconocemos, y si esos objetivos van a condicionar la acción institucional de nuestros gobernantes.

La P2 de Italia

Pasó en Italia con la llamada Propaganda Due, la logia masónica P2 que se convirtió en un Estado dentro del Estado, en un grupo de presión capaz de mover secretamente los hilos del poder.

Entre sus 1.720 miembros había tres ministros en ejercicio, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, los jefes de los servicios secretos, 44 diputados, 24 generales y almirantes de los tres ejércitos, 9 generales de los carabineros, 5 generales de las finanzas, 2 generales de la policía, cientos de oficiales superiores, el secretario nacional del Partido Socialdemócrata, el jefe del Grupo Socialista en el Parlamento, el director del Corriere della Sera, diario  de mayor circulación en Italia, el director del telediario de máxima audiencia de la RAI, 18 magistrados, 63 funcionarios ministeriales, empresarios... 

¿Qué era la P2? "Todas las cosas más sucias y más oscuras de la vida nacional de estos últimos años pasaban por la P2. Era una conjura secreta, tremendamente ambigua, en la que hasta los magistrados han tenido miedo de intervenir, porque estaban implicados personajes de primera fila", señala el ingeniero Francesco Siniscalchi, el gran descubridor de este poder oculto.

Tony Blair y la masonería

Pasó también en Inglaterra a finales de los noventa. Una serie de historias truculentas en la que estaban implicados funcionarios del Estado llevó al primer ministro laborista Tony Blair a solicitar a jueces y policías que desvelarán su pertenencia a la masonería para buscar una transparencia real: "No podrá hablarse de un Estado dentro del Estado ni tampoco de ocultas intenciones en el terreno político o social". Era una sugerencia, no una obligación por ley. Pero la indicación no tuvo efecto. Apenas unos cuantos magistrados reconocieron pertenecer a alguna de las logias, mientras que entre los policías la falta de colaboración fue mayor.

Ya en 2018 el periódico británico The Guardian informaba de que tres logias masónicas actuaban de forma clandestina en el Parlamento británico: una de ellas, New Welcome Lodge, integrada por diputados y empleados del Parlamento; Gallery Lodge, cuyos miembros eran representantes de los lobbies políticos y, por último, la tercera logia, llamada  Alfred Robbins Lodge, estaría formada por 18 periodistas y analistas políticos. Ninguno de sus miembros quiso dar la cara ni explicar en qué consistían esas reuniones, ni qué finalidad tenían.

¿Uno de cada tres diputados en Francia son masones?

Pasó y pasa también en Francia, donde las revelaciones de dos ex masones, Maurice Caillet, un médico francés que estuvo veinticinco años en la masonería como Venerable Maestro, y grado 18 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y así lo cuenta en Yo fui masón (LibrosLibres); y Serge Abad-Gallardo, arquitecto municipal, también Venerable Maestro y grado 12, autor de Por qué dejé de ser masón (LibrosLibres), confirman la enorme influencia de la masonería en la toma de decisiones políticas.

Maurice Caillet, 'Yo fui masón'.

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Caillet certificaba que "los diputados y senadores masones de derechas y de izquierdas votaron como un solo hombre" la ley sobre el aborto francesa de 1975, que previamente habían ayudado a elaborar en las distintas logias. Y que los principales gobernantes de la época estaban bien rodeados por "nuestros Hermanos Tres puntos". Jean-Pierre Prouteau, Gran Maestre del Gran Oriente de Francia, principal rama masónica francesa, era el 
consejero personal del primer ministro Jacques Chirac, y el doctor Pierre Simon, Gran Maestre de la Gran Logia de Francia, era consejero de la ministra de Sanidad, Simone Veil, entre otros.

Serge Abad-Gallardo, 'Por qué dejé de ser masón'.

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Por su parte, Abad-Gallardo considera que hay un 35% de diputados masones en la Asamblea que pertenecen a una organización secreta llamada "fraternidad parlamentaria", de corte absolutamente transversal, y que influye decisivamente en la aprobación de las leyes.

La Constitución española prohíbe las sociedades secretas

¿Y en España? Lo de aquí es un poco kafkiano. Oficialmente no hay ningún político relevante que sea masón, aunque mediáticamente los grandes grupos de comunicación alaban con entusiasmo la labor que realiza la masonería. No obstante, ninguno de los asiduos a las logias quiere reconocerlo públicamente. Si la labor que se realizan en esta organización es tan encomiable, ¿por qué se oculta?

La Constitución española de 1978, completamente en vigor, señala en su artículo 22 que "se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar". Está claro que no hubo voluntad de desarrollarla legislativamente, y nunca se incorporó al Código Penal. Estamos, pues, en un limbo, y los miembros de las sociedades secretas o discretas en España pueden seguir actuando en la clandestinidad sin ser molestados.

Más transparencia, por favor

Si alguno de los 90.000 políticos con sueldo que hay en España quiere pertenecer a una sociedad secreta como la Masonería, la Rosacruz o el Yunque, legalmente puede hacerlo. No hay una prohibición expresa. Pero estoy seguro de que estos representantes de lo público también comprenderán que los ciudadanos, que pagamos sus nóminas a través de nuestros impuestos, tenemos derecho a saber si desarrollan alguna actividad de forma encubierta.

Sicilia, el precedente

Hay un precedente a la hora de exigir transparencia total a los políticos. El parlamento regional de Sicilia (Italia) aprobó una ley en 2018 en la que se obligaba a los diputados electos a hacer público si pertenecían a la masonería. Todo ello venía precedido por una serie de escándalos en diferentes pueblos del sur, en la que los mafiosos del lugar habían accedido a las diferentes logias masónicas para alcanzar más fácilmente los favores de políticos, magistrados, funcionarios o políticos, sin tener que utilizar la violencia.

"La 'Ndrangheta (mafia calabresa) ya no existe, nos queda la masonería. Tenemos que modernizarnos y no anclarnos en las viejas normas. El mundo está cambiando. Hoy le llaman masonería, mañana P4, P6, P9...", comentará Pantaleone Mancuso, un capo de la mafia calabresa, a sus colegas en un mensaje telefónico interceptado por la policía...

Total claridad

En un momento en el que se promueve la responsabilidad social corporativa, la inclusión, la diversidad, la transparencia total o las puertas abiertas... nos falta algo muy importante: que los políticos no nos oculten sus filiaciones secretas. ¿Alguien puede ser tan ingenuo de creer que en España no hay políticos que pertenezcan a organizaciones sigilosas? ¿No hay ninguno entre los más de 90.000 políticos en activo?

La ocultación total de los políticos españoles sobre esta cuestión es el resultado de un consenso misterioso entre partidos políticos. Y ante ello, por el bien de un sano manejo de la cosa pública sin interferencias de poderes oscuros, sería necesario que los políticos que acepten su cargo -por ejemplo, los próximos diputados del Congreso-  pudieran contestar a una sencilla pregunta: ¿pertenece o ha pertenecido a una organización secreta o discreta en los últimos veinte años? Y si es así, ¿a cuál? Nada más...

No se les prohibiría que ejercieran su labor en el ámbito político, no, por favor, únicamente se les pediría que fueran veraces y transparentes a la hora de compartir esa pertenencia. ¿Es mucho pedir?

Álex Rosal es director de Religión en Libertad.

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