La modelo condenada quiere ser castigada por beber cerveza en público

(Ángel Villarino/La Razón) Ha protestado Amnistía Internacional, han protestado los diplomáticos extranjeros y cientos de personas se han manifestado por todo el país. Ha levantado la voz, incluso, el primer ministro desde su despacho en Kuala Lumpur. Sin embargo, Kartika Sari Dewi Shukarno quiere que la azoten. Esta enfermera malasia (y modelo ocasional) fue condenada la semana pasada a recibir seis latigazos con una vara de ratán y pagar una multa de poco más de mil euros, tras ser considerada culpable de un delito «terrible» que cometió hace ya casi un año: beber cerveza en público, en el bar de un hotel. La mujer renuncia a defenderse y ayer se negó a recurrir a la sentencia, una opción que le había sido sugerida horas antes desde el propio Gobierno con tal de frenar el escándalo. «Me siento avergonzada por haber faltado el respeto a mi propia religión y quiero ser castigada. He llorado y hablado con el muftí y él también me ha preguntado por qué no quiero evitar el castigo, pero al final ha comprendido que no quiero pedir el indulto», se despachó ante la prensa la mujer, de 32 años, que reside desde hace más de una década con su marido en el cosmopolita y moderno Singapur, país que le ha concedido la ciudadanía. El primer ministro, Najib Razak, había dejado clara su postura, pidiendo a la muchacha que no sea «tan servicial» y que apele a la sentencia del Tribunal Islámico. «Kartika debería apelar en lugar de pedir que la castiguen con tanta insistencia. Las autoridades judiciales están al tanto de las implicaciones de este caso y actuarán con sensibilidad si lo hace», aseguró a la prensa local. Como la mayor parte de los miembros de su Gabinete, Razak no ve con buenos ojos esta estricta interpretación de la ley coránica lanzada por las cada vez más poderosas Cortes Islámicas. Con el agravante de que es la primera vez que se produce en la historia moderna del país un veredicto tan severo por ingerir alcohol y choca con la imagen de modernidad y transparencia que Kuala Lumpur quiere proyectar al mundo. Los tribunales religiosos funcionan de manera paralela a la justicia ordinaria en Malasia, aunque sólo la comunidad musulmana se somete a su autoridad, una salvedad que deja fuera a cerca del 40% de la población del país. También por ello y por la amplia tradición laica, los castigos con marca musulmana son una cuestión polémica. Malasia es una nación que cuenta con una prensa suficientemente libre como para crear opinión y con una sociedad dispuesta a salir a la calle. A pesar de que el caso de Kartika haya llamado la atención de los medios europeos, lo cierto es que los azotes o las lapidaciones por delitos como consumir alcohol, son comunes en los países islámicos.