«El ministro de Justicia cuestiona el Estado de Derecho»

(Nicolás de Cárdenas/ReL) La asociación Profesionales por la Ética ha denunciado que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con sus declaraciones contrarias a la objeción de conciencia médica al aborto, «manifiesta un inaudito desprecio al Estado de Derecho al querer situarse por encima de la clara y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que desde su sentencia 53/85 ha reconocido el citado derecho constitucional de los profesionales sanitarios». Del mismo modo esta asociación definede que «el ministro camina por una senda de autoexclusión de los cánones fijados por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, cuyo Artículo 10.2 reconoce explícitamente el derecho a la objeción de conciencia» al tiempo que señala que sus declaraciones «contrarían el casi unánime consenso en las profesiones sanitarias que consideran indisponible su deber jurídico y deontológico de respetar la vida humana, por lo que su actitud impositiva es del todo rechazable en una sociedad democrática». Para Profesionales por la Ética, la equiparación «del derecho a la objeción de conciencia con la desobediencia civil solamente puede realizarse por ignorancia o mala fe». Lo que supone que, si se entiende que el ministro de Justicia conoce la jurisprudencia constitucional sobre la objeción de conciencia, sus declaraciones «solamente pueden ser interpretadas como un avance del programa del actual gobierno nacional por atenazar progresivamente la libertad religiosa y de conciencia en España en todos aquellos aspectos contrarios a sus pretensiones ideológicas radicales». En una intevenciónen la noche de ayer en Intereconomía TV, Jaime Urcelay, presidente de esta asociación, calificó la propuesta del ministro de cercenar la objeción de conciencia de «violación flagrante» de la libertad individual y de «retroceso» en la concepción de la libertad. Respecto a la otra propuesta polémica del Gobieno, la retirada de todo símbolo religioso de las escuelas y centros públicos como hospitales y cuarteles, Urcelay advirtió de que «la fe no es una cuestión privada, sino personal» que acompaña al individuo en todas la facetas de su vida, incluida a educativa, la profesional o la pública. Avalancha de críticas al Gobierno Desde el Foro Español de la Familia, Benigno Blanco ha asegurado que las declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, demuestra una «profunda ignorancia jurídica», al tiempo que ha criticado, en declaraciones a la cadena COPE, «ese vicio que se ve últimamente en el Gobierno con mucha frecuencia de amenazar a todo hijo de vecino». Además, Blanco se mostrado convencido de que los médicos han de estar tranquilos porque «en España la objeción de conciencia frente al aborto está garantizada por la Constitución, por el Tribunal Constitucional y por todos los tribunales». En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, quien aseguró ayer que la objeción de conciencia, incluida la de los médicos en casos de aborto, es un derecho recogido en la Constitución que debería potenciarse, más que restringirse. Según la APM, no deja de causar «perplejidad» que Caamaño, «que se supone que es de izquierdas, que presume de progresista y que forma parte de un Gobierno que ha hecho una apuesta decidida y convencida por la extensión de derechos» haya puesto «en tela de juicio» la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia ante un caso de aborto. «Sectarias, imprudentes y reveladoras de un desprecio manifiesto a la jurisprudencia constitucional que considera la objeción de conciencia al aborto como un derecho de los médicos y demás profesionales de la Sanidad». Así ha calificado en un comunicado la Asociación para la Defensa de la Objeción de Conciencia las palabras del ministro de Justicia en las que se anunciaba el cercenamiento de la objeción. Esta asociación recuerda que «el derecho a la objeción de conciencia está reconocido por la práctica totalidad de las leyes nacionales de los países democráticos en que el aborto está despenalizado o legalizado».