Una ley foral permitirá abortar en la sanidad pública navarra

(Diario de Navarra) La comisión de Salud del Parlamento de Navarra aprobó ayer, con los votos favorables de Nafarroa Bai, PSN e IU, una proposición de Ley Foral para reconocer el aborto como derecho en los términos legalmente previstos y propiciar, por tanto, que las mujeres navarras puedan abortar por ley en la sanidad pública foral. La propuesta de ley ha sido una iniciativa de NaBai y modifica en parte el artículo 5 de la Ley Foral de Salud 10/1990, de 23 de noviembre, que recoge los derechos de los ciudadanos ante los servicios sanitarios. Según el texto aprobado ayer con el apoyo de NaBai, IU y PSN y la oposición de UPN y CDN, la ley pasará a recoger como principal novedad que "el o la paciente, como sujeto de derechos, tiene reconocidos dentro de la sanidad pública navarra y sanidad concertada, entre otras, la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos legales previstos". La modificación aprobada ayer por la comisión de Salud tiene que ser refrendada por el pleno del Parlamento, en el que no se esperan cambios en el sentido del voto. Ayer, UPN y CDN presentaron de manera conjunta cinco enmiendas contra la propuesta de modificación con el objetivo, tal y como manifestó el portavoz regionalista, Javier Marcotegui, de "dejar vacía de contenido esta proposición de modificación porque no aporta absolutamente nada". De las cinco enmiendas sólo una, referida a una cuestión de redacción, salió adelante (con 12 votos a favor y la abstención de IU), lo que resultó insuficiente para echar por tierra la proposición. "Esto no quiere decir que Salud no quiera prestar esta labor. Está por que se preste y, si alguna ciudadana ve que no se cumple la ley, que demande a la consejera o al Gobierno por incumplimiento", añadió Marcotegui, para quien "los derechos ya están recogidos en la ley que, tal y como está, no tiene ninguna laguna". La objeción de conciencia Los cambios aprobados incluyen también una disposición transitoria que, en su origen, decía que "se faculta al consejero-consejera de Salud del Gobierno de Navarra para que dicte las resoluciones precisas a efectos de poner en funcionamiento con escrupuloso respeto a la objeción de conciencia personal de los profesionales, explícitamente expresada, una estructura profesional suficiente que efectúe con dignidad la prestación del servicio sanitario inherente a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos legales previstos dentro de la sanidad pública de Navarra". UPN y CDN presentaron una enmienda de supresión de esta disposición transitoria que fue rechazada por los tres partidos de la oposición. Por contra, el PSN presentó una enmienda instando a que en el texto de la disposición se eliminase "explícitamente expresada", que tuvo éxito gracias a los votos socialistas, los de UPN y el de CDN. Esta última enmienda del PSN estuvo motivada, tal y como explicó María Chivite, en que "en estos momentos no existe ningún tipo de regulación de la objeción de conciencia y, según se recoge en la Constitución Española, "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias". No se puede obligar a nadie a expresar su objeción, mientras que no haya ninguna regulación al respecto". El argumento de la falta de regulación fue también empleado por Marcotegui (UPN) y José Andrés Burguete (CDN). "La objeción de conciencia al servicio militar ya está regulada. La de por motivos religiosos o de ideologías, no. En NaBai están confundiendo las cosas", dijo el primero. Burguete, por su parte, recordó que la objeción es competencia del Estado. "El PSOE no ha querido regularla e IU no ha tenido habilidad para proponerlo en el Congreso", dijo el convergente, quien además expuso que "en España, sólo el 3% de las interrupciones voluntarias del embarazo se desarrollan en clínicas públicas. Ni un centro público desarrolla la interrupción y en Navarra, como no hay una clínica privada dispuesta, no se hace. Y la ley actual dice que, cuando no hay condiciones para poderse desarrollar, se puede derivar a otras comunidades. "De todas formas", continuó diciendo a PSN, NaBai e IU, "no me hagan recordar qué dicen ustedes de los convenios con las clínicas privadas. Están usando un doble lenguaje para quedar de lo más chicy dejar a UPN y CDN como carcas". Asun Fernández de Garaialde, portavoz de NaBai, señaló que su formación quiere que la interrupción voluntaria del embarazo se haga en Navarra "porque es un derecho de las mujeres", mientras que Ana Figueras, de izquierda Unida, afirmó que "si hay condiciones, que las hay, se debe facilitar que se interrumpa el embarazo en el entorno más cercano y rodeada por las personas más próximas". Sobre la objeción de conciencia, Figueras abogó por reconocerla "pero no por encima de los derechos de las personas como el de interrumpir el embarazo. Es cuestión de compatibilizarlo, aunque seguro que se somete a presión a los médicos que se muestren dispuestos". La socialista María Chivite manifestó que "ya es hora de garantizar los derechos de las mujeres navarras. Ninguna mujer de cualquier otra comunidad autónoma de España tiene que ir a otra comunidad a abortar, mientras que las navarras sí".