¿Aviso de Gallardón a la Iglesia Católica?

El portavoz de IU en al Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, pidió la revisión del Convenio que el Ayuntamiento firmó con el Arzobispado en el año 1997. En dicho acuerdo se cedieron 41 parcelas de suelo público a la Iglesia Católica a cambio de otras que sumaban 240.000 metros cuadrados en suelo rústico. Pérez, posible sucesor de Llamazares al frente de la devaluada Izquierda Unida, aseguró que el Ayuntamiento ha perdido 120 millones de euros en terrenos. En el turno de réplica, la concejal de Urbanismo del gobierno municipal de Gallardón, Pilar Martínez, afirmó que España es un estado laico para justificar el cambio de criterio del Ayuntamiento en la concesión de terrenos a instituciones religiosas. De ahora en adelante, todas las confesiones religiosas deberán presentarse a un concurso abierto en el que será el propio Ayuntamiento quien valore la viabilidad de los proyectos y sus características, en función del contexto en el que van a ubicarse los centros de culto. La reacción de los representantes de las otras confesiones religiosas ha sido dispar. Mientras que Isabel Romero, portavoz de la Junta Islámica, consideraba positiva la medida, Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Ferede (Federación de entidades religiosas evangélicas de España) se mostraba escéptico. Blázquez afirmó que los evangélicos han solicitado terrenos desde hace muchos años al Ayuntamiento de Madrid sin recibir una respuesta positiva, lo cual no les invita a ser optimistas respecto al futuro. La portavoz musulmana, a pesar de que es conocida las ingentes cantidades de dinero que algunos estados musulmanes, con Arabia Saudí a la cabeza, dedican a la financiación de la construcción de mezquitas en Europa, se permitió decir que "el único problema es que la Iglesia católica puede afrontar el gasto de los terrenos, nosotros no. Está bien que nos tengan en cuenta, pero tenemos muchas menos posibilidades de financiar la obra". La Constitución española, que en ningún artículo declara que España sea un estado laico, sin embargo afirma en su art 16.3 que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.”