"Destrucción del patrimonio religioso en la II Republica" de José Ramón Hernández Figueiredo

El libro de José Ramón Hernández Figueiredo Destrucción del patrimonio religioso en la II Republica es la primera monografía que abarca de manera sistemática el estudio de la devastación a que fue sometido el patrimonio religioso español entre 1931 y 1936 por parte de las fuerzas políticas y sindicales que podemos denominar genéricamente izquierdistas y que, unas veces desde el Gobierno y otras desde las barricadas, protagonizaron la deriva revolucionaria de este régimen hasta desembocar en el Alzamiento Nacional de julio de 1936. El balance de esos seis años de República no puede ser más deplorable: innumerables incendios de iglesias, conventos, bibliotecas, escuelas y obras de arte; una constitución que el propio Alcalá Zamora definiría como una invitación a la guerra civil; leyes como la de Defensa de la República o la de Vagos y Maleantes, que convertían en ordinarias las situaciones excepcionales y permitían la reiteración de la censura, cierre de periódicos, detenciones arbitrarias..., eliminación de la educación de iniciativa religiosa con grave perjuicio directo para cientos de miles de estudiantes; concesión del derecho de autonomía a las regiones, utilizado en el caso de Cataluña para socavar la legalidad y sublevarse contra ella; deterioro de las condiciones de vida reflejada en el aumento de las muertes por hambre, que volvieron a cifras de principios de siglo; brutalidad policial de la que los sucesos de Casas Viejas son únicamente un ejemplo; aumento espectacular de la delincuencia y deterioro del orden público con huelgas, incendios, saqueos, atentados, explosiones, intentonas revolucionarias… en pocos años la República provocó un número mucho mayor de muertes de obreros que las que habían tenido lugar durante décadas en todo el período de la Restauración.

El autor es doctor en Historia eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma y diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomática y Archivística. También es profesor de Historia eclesiástica en el Instituto Teológico del Divino Maestro (Orense) y en el Instituto Teológico Compostelano, así como investigador en el Centro de Estudios Históricos de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat. A diferencia de otros intentos, basados en la prensa y en la bibliografía existente, el trabajo de José Ramón Hernández tiene un soporte documental inédito hasta hace poco: las fuentes del Archivo Vaticano correspondientes al pontificado de Pío XI abiertas recientemente a la investigación. Tales archivos sirven para documentar la realidad de la persecución religiosa, también en lo que se refiere a la destrucción de las cosas sagradas pues reflejan la vivencia fiel de aquellos acontecimientos en circunstancias adversas y hostiles. Son documentos enviados por obispos, vicarios, padres de familia y testigos oculares anónimos que hacían constar algo más que simples datos estadísticos. Los archivos vaticanos, decía el autor a propósito de este libro «son fuente decisiva para el estudio histórico porque permiten desmontar leyendas urdidas desde posturas ideológicas radicales sobre temas concretos».

Es precisamente el estudio objetivo de las fuentes el que permite demostrar que aquella destrucción no fue espontánea sino la consecuencia de un movimiento laicista, especie de subcultura política alimentada por los liberales desde el XIX y continuada en el XX por socialistas, anarquistas y comunistas. Naturalmente, los informes utilizados no siempre se caracterizan por la agudeza e imparcialidad de los análisis; valga como ejemplo el informante que trataba de explicar a la Nunciatura el resultado electoral de Cáceres en febrero de 1936 basándose en la falta de política social de las derechas y en la naturaleza de los candidatos que únicamente representaban a la «aristocracia y a la gran burguesía» (p.193). Poco avisado se mostraba el autor de dicho análisis sin tener en cuenta que, en realidad, eran las derechas las que habían ganado las elecciones en Cáceres viéndose privadas de las actas por el fraude orquestado por el Frente Popular desde el Gobierno Civil que atribuyó las mayorías al Frente Popular. En cuanto al perfil de los candidatos, uno de ellos, precisamente de la categoría de D.Honorio Maura, recordaba poco después en la prensa cómo «Esos yunteros, los labradores de siempre, los propietarios, y los colonos, y los que no creen en las delicias del comunismo y tantos otros más, forman parte de los noventa y cinco mil y pico de votos que tuvo este modesto cunero en la provincia» (ABC, 3-abril-1936).

Comienza el libro con un panorama de conjunto acerca del catolicismo en España al comenzar la Segunda República para ocuparse enseguida de la llamada quema de conventos, en realidad una ofensiva terrorista que sirvió para preparar el terreno a las elecciones y a los debates en las Cortes Constituyentes atemorizando a la oposición y haciendo creer que unos cuantos delincuentes obedientes a las consignas revolucionarias representaban a una opinión española que habría dejado de ser católica. En los años siguientes los atentados laicistas y los incendios de iglesias se reiteran con profusión haciendo presentir lo que ocurrirá durante la Revolución de Octubre, momento en que se produce la ruptura de la izquierda (y de manera preponderante del Partido Socialista) con las instituciones del régimen democrático que se habían aceptado de manera instrumental durante el primer Bienio. Aquí radica el significado más hondo de unos sucesos que llevaron a Gerald Brenan a considerar la revolución de Octubre como la primera batalla de la Guerra Civil.

 

Aunque la revolución había sido metódicamente preparada y los hechos se complicaron con la insurrección dirigida por Luis Companys en Cataluña, en la mayor parte de España logro imponerse el Gobierno con relativa facilidad pero en Asturias la situación revistió por unos días los caracteres de auténtica guerra civil. Bajo influencia del modelo soviético, por unos días hubo Comités revolucionarios, Ejército rojo, matanzas de civiles, militares y eclesiásticos, colectivizaciones y vales... La revolución de octubre fue como un anticipo de la revolución de julio del 36, también en lo que a la persecución religiosa se refiere. Como dice el autor, en relación con los asesinatos y profanaciones entonces llevados a cabo: «Si se veía a los sacerdotes y religiosos simplemente como agentes culturales de una determinada conformación de la sociedad, si los templos eran considerados como símbolo de esta misma conformación, la propaganda ignorante o conscientemente maliciosa podía convertir a sacerdotes e iglesias en objetivos a eliminar sin reparar en los medios que se emplearan para ello» (p. 190).

Por último, una vez ocupado el poder por el Frente Popular «Desde el 16 de febrero se iniciaba una serie de huelgas, alteraciones del orden público, incendios… que llenaban las páginas de los periódicos y los diarios de sesiones de las Cortes […] Por otra parte, ‘se incrementó la acción de la prensa anticlerical y antifacciosa incitando a la violencia. En el clima de terror que se creó, la Iglesia fue el objetivo fundamental’» (p.246).

En Madrid es incendiada en marzo la Parroquia del Salvador; en mayo es colocada una bomba en la Parroquia de San Miguel que ocasiona serios daños. El día 4 del mismo mes se difundió por las barriadas de Cuatro Caminos, Tetuán y Chamartín, la infame especie de que damas catequistas y monjas repartían caramelos envenenados a los hijos de los obreros. Como consecuencia, las turbas intentaron asaltar un convento de franciscanas e incendiaron el colegio de niños de San Vicente de Paúl, las Iglesias de San Sebastián y de Raimundo Lulio. El fuego de la iglesia de las Comendadoras es sofocado por los bomberos pero en la barriada de Tetuán arde una Iglesia y en el de Almenara, otro templo, la casa parroquial y las escuelas anejas. Más de cuarenta personas, entre religiosas, catequistas, profesores y transeúntes resultaron maltratadas y heridas. El día 13 queman la Iglesia de San Luis (a poca distancia del despacho oficial del Ministro de la Gobernación), de la cual apenas pudieron salvarse algunos vasos sagrados y la Iglesia de San Ignacio. Y el 19 de junio, después de saquear la Parroquia de San Andrés, la rociaron con gasolina, prendiéndola fuego. Desmanes semejantes ocurren en toda España: incendios y asaltos de Iglesias y conventos en Palma del Río (Córdoba) durante tres días de febrero y en Cádiz (marzo). En Granada ardieron varias iglesias durante una huelga convocada el 10 de marzo y, a mediados del mismo mes, en Yecla (Murcia), arden en tres días catorce templos y desaparecen cientos de imágenes mientras el alcalde prohibía a los sacerdotes el ejercicio de su ministerio. Por todas partes cruces, campanas e insignias religiosas, son destrozadas; los templos, cerrados violentamente, los sacerdotes, perseguidos, se decreta la abolición del culto, se multa a las personas que ostentan algún emblema religioso y se escarnece la fe y la conciencia de los creyentes.