España turbulenta (Alteraciones, violencia y sangre durante la II República)

Incendio de la iglesia de los jesuitas en la Gran Vía madrileña: mayo1931

Se ha puesto de relieve con frecuencia cómo la implantación de la República el 14 de abril de 1931 tuvo lugar de manera incruenta, pero bastaría el paso de muy poco tiempo para hacer presente un grado de confrontación y de enfrentamiento que no había podido improvisarse. Más aún, la violencia desempeñó un protagonismo tan destacado en la trayectoria del régimen que el período acabó desembocando en los terribles sucesos posteriores al 18 de julio de 1936. Sin embargo, son muy escasos los estudios monográficos que vengan a poner sobre la mesa la verdadera dimensión alcanzada por la violencia —en sus más diversas manifestaciones— en la España que va de 1931 a 1936. Los apologistas de la República del Frente Popular han preferido centrar su atención en la represión desencadenada en una de los dos zonas en conflicto (la nacional o sublevada) dejando en la penumbra lo ocurrido en la retaguardia revolucionaria y el inmediato precedente que es un sistema político en el que apenas se conoció un día de paz.

El libro de Juan Blázquez Miguel que recomendamos a nuestros lectores viene a poner fin a esta situación y ofrece por primera vez una detallada crónica de los más relevantes sucesos de que se tiene noticias a través de la prensa, la bibliografía existente y la documentación conservada.

Episodios como la impropiamente llamada quema de conventos, la sublevación anarquista de la Cuenca del Llobregat o los ocurridos en las localidades de Castilblanco, Villa de Don Fadrique, Castellar de Santiago y Casas Viejas (todos ellos durante el Bienio republicano-socialista) son expresión de la intensidad y de la pasión alcanzadas en torno a cuestiones como la reforma agraria, el laicismo y las intentonas revolucionarias que intentaban desbordar al Gobierno. Y desfilan por la primera parte del libro haciendo notar la falta de autoridad que, de forma decidida, impusiera el orden, la convivencia y una justa redistribución de recursos. Junto a estos episodios más conocidos, la crónica menuda, provincia a provincia, casi pueblo a pueblo que explica por qué se llegó a una situación irrespirable.

La revolución de Octubre de 1934 marca el momento de mayor tensión porque el fracasado golpe de estado protagonizado por una amplia coalición de izquierdas y separatistas como respuesta a la victoria electoral del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 sirvió en Cataluña, en Asturias y en otros lugares para un primer ensayo de los asesinatos, saqueos, incendios y tormentos repetidos en 1936 en mucha mayor proporción. Momentáneamente neutralizados los revolucionarios, 1935 será el año más tranquilo de la República y, a lo largo de él, perderán la vida ciento cuarenta y dos españoles y el número de heridos supera los cuatrocientos.
 

Tras la ocupación del poder por el Frente Popular, entre febrero y julio de 1936 se asiste al desmantelamiento del Estado de Derecho con iniciativas como la amnistía otorgada por decreto-ley, la obligación de readmitir a los que habían sido despedidos por su participación en actos de violencia político-social, el restablecimiento al frente de la Generalidad de Cataluña de los que habían protagonizado el golpe de 1934, las expropiaciones anticonstitucionales, el retorno a las arbitrariedades de los jurados mixtos, las coacciones al poder judicial... Al tiempo, actuaban con toda impunidad los activistas del Frente Popular protagonizando hechos que, una y otra vez, fueron denunciados en el Parlamento sin recibir otra respuesta que amenazas como las proferidas contra Calvo Sotelo, finalmente sacado de su domicilio y asesinado en la madrugada del 13 de julio por un piquete del que formaban parte miembros de las fuerzas de orden público y elementos civiles vinculados al Partido Socialista. No había ninguna razón para no pensar que, en poco tiempo, los objetivos de la revolución de Octubre se habían de alcanzar haciendo ahora un uso combinado de la acción directa y de los cauces aparentemente legales. Para estas fechas, los frentepopulistas habían generalizado una situación de violencia y desorden que se estaba manifestando bajo cuatro formas distintas aunque coincidentes en el objetivo final: ataques e incendios provocados contra edificios y comunidades religiosas o parroquiales; huelgas y manifestaciones agresivas; ocupación directa de tierras; enfrentamientos entre los miembros de los grupos políticos y asesinatos.

Un estudio estadístico detallado de la violencia política durante este período es el que hizo Malefakis, reelaborado y complementado por Cibrián en un estudio publicado en 1978. Su investigación arroja un total de 273 homicidios entre el 31 de enero y el 17 de julio de 1936. Blázquez documenta 454 para el mismo período, dato que obliga a revisar todo lo dicho hasta ahora y, sobre todo, las interpretaciones sostenidas sobre datos tan endebles. La pregunta fundamental sigue siendo por qué la violencia desempeñó un papel tan importante en la crisis de la República en 1936 cuando otros regímenes han soportado tensiones semejantes sin verse afectadas en la misma forma. La diferencia esencial radica en la actuación de un Gobierno sostenido en las Cortes por los mismos que hacían uso de la violencia como medio de alcanzar sus objetivos revolucionarios. Para Stanley G. Payne «la respuesta está probablemente en la negativa del gobierno de la izquierda republicana a hacer un esfuerzo serio para reprimir el desorden en ambos lados, vendido todo el tiempo al apoyo político y en materia de votos, de los socialistas, una de las mayores fuentes de violencia». Tampoco puede olvidarse, en palabras del mismo historiador, que «la mayoría de las víctimas de las agresiones políticas fueron derechistas o no izquierdistas asesinados por izquierdistas, aunque alguno de estos últimos cayeron también asesinados por derechistas y falangistas. Sin embargo, la mayoría de las bajas sufridas por la izquierda fueron causadas por la policía al tratar de reprimir manifestaciones y disturbios».