Portugal aprueba la eutanasia, pese a los vetos de su presidente... el Papa se muestra «muy triste»

Parece que esta vez sí, -o al menos de momento, hasta que el Constitucional no diga lo contrario-, en Portugal estará permitido acabar con la vida de las personas, para algunos, "menos productivas" de la sociedad. El Parlamento portugués aprobó este viernes la despenalización de la eutanasia, a pesar de los últimos vetos del católico presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa.

Seis años después desde que la Cámara comenzara a debatir esta polémica ley, y tras varias versiones del texto, los legisladores han sorteado los cuatro intentos de Rebelo de Sousa de tumbar la propuesta: dos vetos políticos y dos por cuestiones legales en el Tribunal Constitucional. Aún así, la derecha política amenaza con nuevos recursos ate la Justicia.

"Hoy, en que se celebra la memoria de las apariciones de la Virgen María a los pastorcitos de Fátima, estoy muy triste, porque en ese país se promulga una nueva ley para matar. Un nuevo país donde se aprueba la eutanasia", dijo este sábado el Papa Francisco en un encuentro con la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas.

Paso atrás de la civilización  

La Ley ha sido aprobada por 129 votos procedentes de las filas socialistas, con mayoría absoluta en la Cámara, el Bloque de Izquierda, los animalistas, Livre e Iniciativa Liberal, el único partido de derecha que se sumó a la iniciativa.

En contra, 81 votos del Partido Comunista -la excepción del apoyo entre la izquierda-, el conservador Partido Social Demócrata y Chega. Tanto socialistas como PSD dieron libertad de voto a sus diputados y, como resultado, 4 del PS votaron en contra y ocho de los conservadores lo hicieron a favor.

Respecto a la postura en contra de los comunistas, se trata de algo que ya se produjo en votaciones anteriores. El diputado comunista Antonio Filipe explicó en 2018, tras una de las votaciones, la postura del partido:

"La eutanasia no un signo de progreso sino un paso hacia atrás de la civilización con profundas implicaciones sociales, de conducta y éticas".

"En un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nueva conjunto de problemas".

"En primer lugar, acelerando la muerte de aquellos a quienes la sociedad se niega a responder y apoyar en situaciones de fragilidad y necesidad. Ante el sufrimiento humano, la solución no es despojar a la sociedad de la responsabilidad promoviendo la muerte prematura sino garantizar las condiciones para una vida digna".

Los legisladores han sorteado los cuatro intentos de Rebelo de tumbar la propuesta.

Sin embargo, parece que esta vez el veto presidencial no impedirá la entrada en vigor de la ley dado que la Constitución establece que con una mayoría superior a 116 diputados salga adelante.

Rebelo de Sousa tiene ahora un plazo de ocho días para promulgar la norma. Desde el PSD y Chega amenazan con recurrir al Tribunal Constitucional -aunque el procedimiento no paralizaría la aplicación de la normativa- y apuestan por convocar un referéndum.  

Portugal se suma así a otros vecinos europeos, como España o Bélgica, tras un proceso que se ha prolongado durante seis años, ha atravesado tres legislaturas socialistas y ha requerido cinco votaciones en el pleno del Parlamento.  

El texto aprobado define la muerte médicamente asistida como la que "ocurre por decisión propia", aplicable en mayores de edad que demuestren un "sufrimiento de gran intensidad, con lesión definitiva de gravedad extrema o enfermedad grave e incurable" y cuando es "practicada o ayudada por un profesional de la salud".

Puedes ver aquí la situación en España, tras la aprobación de la eutanasia hace dos años. 

Estará permitida si hay un "sufrimiento de gran intensidad, lesión definitiva de gravedad extrema o enfermedad grave e incurable". Podrá aplicarse en casos de enfermo incapaces físicamente de hacerlo por sí mismos. El procedimiento se limita a ciudadanos portugueses o con residencia en el país. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de la República.