El Fiscal General dice que los obispos no le informan de los abusos... y éstos responden rápido

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado desde agosto, de la Unión Progresista de Fiscales y muy cercano al PSOE y a su predecesora Dolores Delgado (que fue Ministra de Justicia del Gobierno socialista) aprovechó una comparecencia en el Senado este jueves para declarar que ha pedido a 70 diócesis informaciones sobre abusos sexuales a menores en entornos eclesiales y quejarse de que sólo contestaron la mitad y casi todas con "respuestas modelo".

El diario El País aprovechó para titular con contundencia: "Los obispos niegan a la Fiscalía datos de los casos de pederastia que conocen. El fiscal general del Estado, que solicitó información sobre abusos sexuales a menores a las 70 diócesis españolas, afirma que solo han contestado la mitad y la mayoría con evasivas".

El mismo jueves, a las once y media de la noche -algo absolutamente infrecuente en la comunicación de Conferencia Episcopal- la CEE difundía una nota de prensa mostrando su extrañeza y citando, precisamente, al diario El País.

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Nota de prensa en relación a la presentación de la memoria de Fiscalía

Ante las palabras del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en su comparecencia de hoy en el Senado y la información atribuida a fuentes de la fiscalía por el periódico El País, la Conferencia Episcopal Española (CEE) desea manifestar que:

- La CEE y las diócesis españolas mantienen una decidida relación de colaboración con la Justicia, y en concreto, con la Fiscalía, dentro de los límites que la propia Ley permite.

- La CEE remitió a la fiscalía los relatos sobre denuncias de abusos recibidos por El País para que pudiera investigar los hechos denunciados por este periódico.

- La Fiscalía solicitó a las diócesis “información sobre las denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas relativos a la comisión de delitos contra la libertad sexual contra menores de edad”. A la vista de las funciones recogidas en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, produce extrañeza esta solicitud del Fiscal General.

- En cualquier caso, las diócesis, en la línea de lo reiterado por la Santa Sede en numerosas ocasiones, comunican a las fiscalías las denuncias de menores de edad recabadas en las Oficinas en cuanto tienen conocimiento de ellas. Las denuncias o testimonios recabados de menores en las oficinas ya se han remitido a la Fiscalía en la forma prevista por la Ley.

Además, quiere reiterar su disposición absoluta a colaborar en el esclarecimiento de todos los casos y hace un llamamiento a todos los poderes del Estado a trabajar conjuntamente en favor de todas las víctimas.

Dolores Delgado con su sustituto García Ortiz en la Fiscalía General; Dolores Delgado fue Ministra de Justicia socialista antes de ser Fiscal General; pidió datos a las fiscalías sobre denuncias por abusos a menores en entornos religiosos: salieron 68 en todo el país, sin aclarar de qué religiones o denominaciones ni su gravedad. Hay entre 1,2 y 1,5 millones de menores en las escuelas católicas españolas. Además, en 2020 160.000 niños celebraron la Primera Comunión y 80.000 menores la Confirmación. 

Lo que pedía el Fiscal General

Álvaro García Ortiz, fiscal general, aprovechó la presentación en el Senado de la memoria anual de su organismo -el mismo día que se aprobaba en el Congreso la ley trans y de multas LGTB y la reforma del aborto- para sacar el tema de los abusos sexuales y asegurar que para trabajar por la “eliminación de este lamentable fenómeno” había pedido a las 70 diócesis todas las “denuncias o testimonios recabados (…) en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa”.

Sólo le interesaban los abusos en entornos católicos, y ningún otro.

"Ha habido contestación por parte de 30 diócesis, con respuestas modelo, la mayoría afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos, y, en algunos casos, remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales", afirmó el Fiscal General en esa ponencia. Y, efectivamente, él como Fiscal General puede acceder a los casos en las fiscalías provinciales.

Su predecesora y amiga, la anterior Fiscal general y antes Ministra de Justicia socialista, Dolores Delgado, ya pidió a inicios de 2022 a los 17 fiscales superiores que le remitiesen todos los datos sobre casos en tramitación o denuncias sobre agresiones a menores en entornos religiosos (no sólo católicos en este caso). Resultó que las fiscalías de España tienen abiertos 68 casos, pero no se detallaron cuántos ligados a entidades católicas.

Casi 12.000 denuncias en España... solo 68 en entornos católicos

Un informe de Save the Children, con datos del Ministerio del Interior, habla de 11.838 denuncias por delitos contra la libertad sexual, en todo tipo de entornos (no solo religiosos) con menores como víctimas en 2020 y 2019. Los 68 casos que encuentran las fiscalías en entornos religiosos contrastan ante ese mar de casos denunciados.

Muchos católicos pueden pensar que estas maniobras de la Fiscalía no sirven para mejorar la protección de los menores ni para detectar o castigar culpables, sino simplemente para llevar a las páginas de El País una y otra vez una relación exclusiva entre catolicismo y abusos a menores, sin que a fiscales ni medios les interesen especialmente los abusos en general en otros entornos sociales.

El País lleva varios años dedicando periodistas a tiempo completo a la búsqueda de abusos en entornos católicos, de cualquier época. En su lista ha contabilizado 910 acusados en las últimas 8 décadas (muchas veces sin nombre, "un sacerdote") y 1.741 víctimas.

También el Defensor del Pueblo (otro antiguo cargo socialista) está trabajando en un informe sobre abusos a menores pero sólo de entornos católicos, no de otras confesiones ni de otros entornos. Al Defensor del Pueblo se lo solicitó así el Congreso, pero no tenía ninguna obligación ni de aceptarlo ni de limitarlo a solo los entornos católicos. Al respecto, protestó el entonces portavoz de los obispos, Luis Argüello y la asociación E-Cristians.

La decisión de limitarse solo a casos de entornos católicos contrasta con lo que hace la Comisión Parlamentaria alemana que desde 2015 por encargo del Bundestag investiga los abusos a menores, pero no solo en entornos católicos ni religiosos, sino "en instituciones, por miembros de la familia, en ambientes sociales, por agresores desconocidos y en el contexto de crimen organizado".