La Policía investiga al abortorio Dator por practicar abortos para una mafia de explotación sexual
La Policía Nacional investiga en estos momentos, en colaboración con el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid y la propia Fiscalía, a la clínica abortista Dator, uno de los principales abortorios de España y uno de los símbolos de los defensores de estas prácticas.
Concretamente, los agentes investigan al abortorio por prestar servicios a una mafia nigeriana de prostitución. Las diligencias, que se remontan a principios de año, se centran en dos abortos que practicó Dator a dos mujeres, una menor de edad, que eran obligadas a prostituirse.
Las flagrantes irregularidades de Dator
Según informa El Mundo, que ha destapado el escándalo, todo comienza con una proxeneta nigeriana llamada Sandra. Ésta dejó a sus dos hermanas pequeñas y a otra chica menor de edad en manos de las mafias que llevan personas a Europa, donde las violaban y pegaban para que no molestaran durante el viaje. De Italia llegaron luego a España, concretamente a Madrid, a la Colonia Marconi, uno de los epicentros de la prostitución callejera en España.
Dos de estas jóvenes, una hermana de Sandra y la menor de edad, se quedaron embarazadas por clientes, y aquí entró en juego la clínica Dator. Con una semana de diferencia, las llevaron a este abortorio donde los responsables supuestamente no repararon en que las dos mujeres eran de edad y grupo sanguíneo diferentes (aspectos que el centro debe mirar) pero que compartían el mismo NIE, documento identificativo. Es decir, las dos fueron llevadas a abortar con la misma documentación.
Los informes de la Policía destapan las prácticas de Dator asegurando que el abortorio debería haberse percatado de que sólo pasó un día desde que acudieron al centro hasta que les dieron cita, no los tres de reflexión que obliga la ley.
Obligadas a abortar para seguir explotándolas
Además, una de ellas, embarazada ya de 18 semanas, no aportó ningún informe médico sobre daños psicológicos o malformaciones del feto, como también exige la ley a partir de la semana 14. Finalmente, cada una pagó 450 euros por aborto, que fueron abonados por los proxenetas.
La Policía recoge también que en ningún momento dieron a las dos mujeres opción a continuar con su embarazo sino que fueron llevadas a abortar para que pudieran seguir siendo explotadas. En los documentos intervenidos, los proxenetas apuntaban las deudas diarias que iban a acumulando estas chicas por no poder prostituirse.
Concretamente, los agentes investigan al abortorio por prestar servicios a una mafia nigeriana de prostitución. Las diligencias, que se remontan a principios de año, se centran en dos abortos que practicó Dator a dos mujeres, una menor de edad, que eran obligadas a prostituirse.
Las flagrantes irregularidades de Dator
Según informa El Mundo, que ha destapado el escándalo, todo comienza con una proxeneta nigeriana llamada Sandra. Ésta dejó a sus dos hermanas pequeñas y a otra chica menor de edad en manos de las mafias que llevan personas a Europa, donde las violaban y pegaban para que no molestaran durante el viaje. De Italia llegaron luego a España, concretamente a Madrid, a la Colonia Marconi, uno de los epicentros de la prostitución callejera en España.
Dos de estas jóvenes, una hermana de Sandra y la menor de edad, se quedaron embarazadas por clientes, y aquí entró en juego la clínica Dator. Con una semana de diferencia, las llevaron a este abortorio donde los responsables supuestamente no repararon en que las dos mujeres eran de edad y grupo sanguíneo diferentes (aspectos que el centro debe mirar) pero que compartían el mismo NIE, documento identificativo. Es decir, las dos fueron llevadas a abortar con la misma documentación.
Los informes de la Policía destapan las prácticas de Dator asegurando que el abortorio debería haberse percatado de que sólo pasó un día desde que acudieron al centro hasta que les dieron cita, no los tres de reflexión que obliga la ley.
Obligadas a abortar para seguir explotándolas
Además, una de ellas, embarazada ya de 18 semanas, no aportó ningún informe médico sobre daños psicológicos o malformaciones del feto, como también exige la ley a partir de la semana 14. Finalmente, cada una pagó 450 euros por aborto, que fueron abonados por los proxenetas.
La Policía recoge también que en ningún momento dieron a las dos mujeres opción a continuar con su embarazo sino que fueron llevadas a abortar para que pudieran seguir siendo explotadas. En los documentos intervenidos, los proxenetas apuntaban las deudas diarias que iban a acumulando estas chicas por no poder prostituirse.
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