Juristas internacionales analizan la ley LGTB y recomiendan «encarecidamente» que no sea aprobada
“Recomendamos encarecidamente al Parlamento español votar en contra de la aprobación de la Ley de Igualdad”. Esta es la conclusión a la que llega el informe jurídico de la organización de juristas internacionales Alliance for Defending Freedom (ADF), especializada en defender la familia y la libertad religiosa, sobre la Ley LGTB que este martes se admitió a trámite en el Congreso.
Esta organización, que tiene carácter consultivo en Naciones Unidas y acreditación en el Parlamento Europeo, OSCE y OEA, analiza los graves problemas legales que afectan al texto presentado por Podemos y redactado por distintos grupos LGTB.
ADF afirma que “aunque el objetivo de la Ley de Igualdad es loable, este memorándum pone de relieve algunas preocupaciones importantes”. A grandes rasgos, el informe cita las siguientes:
El proyecto va mucho más allá de la búsqueda de la igualdad
De este modo, el informe concluye que “la Proposición de Ley sobre igualdad en su forma actual legisla mucho más allá de lo necesario para garantizar la igualdad en la sociedad, y a la luz de su vasto alcance y la inseguridad jurídica derivada de la vaguedad de la terminología empleada, es probable que tenga un impacto perjudicial y significativo sobre las libertades fundamentales de los ciudadanos”.
El proyecto de ley dedica mucha importancia a los menores de edad
Para apoyar sus tesis, ADF se basa en casos similares y en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y desde su experiencia, el informe de estos juristas explica que “los sentimientos y percepciones subjetivas de una presunta víctima de discriminación, podrían tener consecuencias que afecten a la vida de alguien perseguido públicamente por dichas alegaciones. Esto significa que sería imposible para los ciudadanos tener certeza en cuanto a si sus acciones caen dentro del ámbito de aplicación de La Ley.
Fin a la presunción de inocencia
Uno de los aspectos más graves, a juicio de ADF, es la inversión de la presunción de inocencia pues ésta “es una de las garantías procesales básicas que representan un elemento esencial del derecho a un juicio justo”.
En consecuencia, de aprobarse esta ley “una persona acusada de ‘discriminación’ se ve obligada a probar su inocencia, mientras que cualquier persona que afirme haber sido víctima de discriminación se presume la existencia de la citada discriminación. Es casi imposible que un demandado pueda demostrar que sus acciones no ‘degradaron’ u ‘ofendieron’ a la presunta víctima, puesto que la única norma para evaluarlo es la propia percepción subjetiva de la presunta víctima”.
Otro de los graves problemas que puede ocasionar la ley sería el riesgo de litigio oportunista. El informe afirma que “en países donde se ha aprobado legislación similar (si bien el alcance no ha sido tan amplio), la experiencia ha demostrado que estas leyes conducen a demandas estratégicamente motivadas contra individuos y empresas”.
Control de la libertad de expresión de sus ciudadanos
Es decir, “existen asociaciones y grupos que están dispuestos a pleitear porque reciben un porcentaje de la indemnización y, a continuación, usan ese dinero para buscar más casos, dando lugar a interminables y frívolas demandas infundadas”.
La libertad de expresión es otra de las víctimas de la ley. Tras hacer un recorrido por la protección internacional de este derecho, el texto agrega que “las disposiciones de la Ley sobre igualdad confieren al Estado un poder extraordinariamente amplio para que éste ejerza de policía y controle la libertad de expresión de sus ciudadanos. Una vez que se acepta la premisa de que es el Estado quien puede dar o quitar el derecho a hablar libremente, no hay ningún límite ni punto lógico donde parar”.
Por último, Alliance for Defending Freedom muestra su preocupación por los “derechos parentales” pues “al no hacer referencia a los derechos de los padres, la Proposición de Ley de Igualdad está en clara contraposición con lo establecido por las normas jurídicas internacionales que ven a los padres como los primeros responsables de la crianza de sus hijos”.
Indignación de la Plataforma por las Libertades
La Plataforma por las Libertades, que engloba a más de cien organizaciones de la sociedad civil, también ha mostrado su indignación por la vulneración de derechos recogidos tanto en la Constitución española como en los distintos tratados internacionales.
Mayor Oreja es uno de los que de manera más clara ha alertado sobre la ideología de género
De este modo, la coordinadora de esta plataforma, la exdiputada Lourdes Méndez, afirma que “esta proposición, la más radical de toda Europa, supone una transgresión de los valores en los que se asienta nuestro sistema democrático”. “Pedimos a los diputados que ejerzan su poder de representación para defender los derechos fundamentales de todos los españoles”, agrega.
Esta organización incide en el punto de que la protección frente a la discriminación no se puede transformar en privilegio. La defensa de los llamados “nuevos derechos” ligados todos a la ideología de género, no pueden servir nunca de excusa en un país democrático, para vulnerar derechos fundamentales del conjunto de sus ciudadanos. Es por ello, que desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni para los heterosexuales, como tampoco para los llamados LGTBI. Todos son seres humanos, independientemente de su orientación sexual, y gozan de los mismos derechos y obligaciones.
"No podemos quedarnos en silencio"
Por su parte, Jaime Mayor Oreja, Presidente de One of Us, señala que “esta Proposición socava los cimientos básicos de nuestra sociedad, y no podemos quedarnos en silencio. Es dramático el calendario que pretende imponerse desde los colectivos más radicales de nuestra sociedad”.
Además, miembros de la sociedad civil como el Presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuig se han sumado a la petición de la Plataforma por las Libertades: “Es una ley que se entromete en las responsabilidad de los padres, despreciando la Declaración Universal de Derechos Humanos y la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión la Unión Europea en competencias educativas, en defensa y protección de los derechos de los padres”.
Información de interés
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¿Cómo nos afectará la ley LGTB nacional? El Foro de la Familia recopila las consecuencias jurídicas
Esta organización, que tiene carácter consultivo en Naciones Unidas y acreditación en el Parlamento Europeo, OSCE y OEA, analiza los graves problemas legales que afectan al texto presentado por Podemos y redactado por distintos grupos LGTB.
ADF afirma que “aunque el objetivo de la Ley de Igualdad es loable, este memorándum pone de relieve algunas preocupaciones importantes”. A grandes rasgos, el informe cita las siguientes:
- Alcance indebidamente amplio, cubriendo áreas que la Unión Europea ha encontrado demasiado controvertidas para legislar sobre ellas.
- La vaguedad de la terminología, la subjetividad de los delitos creados, así como la inversión de la carga de la prueba, lo que termina resultando en una presunción de culpabilidad.
- Riesgo de ligitación oportunista.
- Importante violación de la libertad de expresión, así como la presencia de delitos de largo alcance y severidad desproporcionada.
- Violación del derecho de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos.
El proyecto va mucho más allá de la búsqueda de la igualdad
De este modo, el informe concluye que “la Proposición de Ley sobre igualdad en su forma actual legisla mucho más allá de lo necesario para garantizar la igualdad en la sociedad, y a la luz de su vasto alcance y la inseguridad jurídica derivada de la vaguedad de la terminología empleada, es probable que tenga un impacto perjudicial y significativo sobre las libertades fundamentales de los ciudadanos”.
El proyecto de ley dedica mucha importancia a los menores de edad
Para apoyar sus tesis, ADF se basa en casos similares y en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y desde su experiencia, el informe de estos juristas explica que “los sentimientos y percepciones subjetivas de una presunta víctima de discriminación, podrían tener consecuencias que afecten a la vida de alguien perseguido públicamente por dichas alegaciones. Esto significa que sería imposible para los ciudadanos tener certeza en cuanto a si sus acciones caen dentro del ámbito de aplicación de La Ley.
Fin a la presunción de inocencia
Uno de los aspectos más graves, a juicio de ADF, es la inversión de la presunción de inocencia pues ésta “es una de las garantías procesales básicas que representan un elemento esencial del derecho a un juicio justo”.
En consecuencia, de aprobarse esta ley “una persona acusada de ‘discriminación’ se ve obligada a probar su inocencia, mientras que cualquier persona que afirme haber sido víctima de discriminación se presume la existencia de la citada discriminación. Es casi imposible que un demandado pueda demostrar que sus acciones no ‘degradaron’ u ‘ofendieron’ a la presunta víctima, puesto que la única norma para evaluarlo es la propia percepción subjetiva de la presunta víctima”.
Otro de los graves problemas que puede ocasionar la ley sería el riesgo de litigio oportunista. El informe afirma que “en países donde se ha aprobado legislación similar (si bien el alcance no ha sido tan amplio), la experiencia ha demostrado que estas leyes conducen a demandas estratégicamente motivadas contra individuos y empresas”.
Control de la libertad de expresión de sus ciudadanos
Es decir, “existen asociaciones y grupos que están dispuestos a pleitear porque reciben un porcentaje de la indemnización y, a continuación, usan ese dinero para buscar más casos, dando lugar a interminables y frívolas demandas infundadas”.
La libertad de expresión es otra de las víctimas de la ley. Tras hacer un recorrido por la protección internacional de este derecho, el texto agrega que “las disposiciones de la Ley sobre igualdad confieren al Estado un poder extraordinariamente amplio para que éste ejerza de policía y controle la libertad de expresión de sus ciudadanos. Una vez que se acepta la premisa de que es el Estado quien puede dar o quitar el derecho a hablar libremente, no hay ningún límite ni punto lógico donde parar”.
Por último, Alliance for Defending Freedom muestra su preocupación por los “derechos parentales” pues “al no hacer referencia a los derechos de los padres, la Proposición de Ley de Igualdad está en clara contraposición con lo establecido por las normas jurídicas internacionales que ven a los padres como los primeros responsables de la crianza de sus hijos”.
Indignación de la Plataforma por las Libertades
La Plataforma por las Libertades, que engloba a más de cien organizaciones de la sociedad civil, también ha mostrado su indignación por la vulneración de derechos recogidos tanto en la Constitución española como en los distintos tratados internacionales.
Mayor Oreja es uno de los que de manera más clara ha alertado sobre la ideología de género
De este modo, la coordinadora de esta plataforma, la exdiputada Lourdes Méndez, afirma que “esta proposición, la más radical de toda Europa, supone una transgresión de los valores en los que se asienta nuestro sistema democrático”. “Pedimos a los diputados que ejerzan su poder de representación para defender los derechos fundamentales de todos los españoles”, agrega.
Esta organización incide en el punto de que la protección frente a la discriminación no se puede transformar en privilegio. La defensa de los llamados “nuevos derechos” ligados todos a la ideología de género, no pueden servir nunca de excusa en un país democrático, para vulnerar derechos fundamentales del conjunto de sus ciudadanos. Es por ello, que desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni para los heterosexuales, como tampoco para los llamados LGTBI. Todos son seres humanos, independientemente de su orientación sexual, y gozan de los mismos derechos y obligaciones.
"No podemos quedarnos en silencio"
Por su parte, Jaime Mayor Oreja, Presidente de One of Us, señala que “esta Proposición socava los cimientos básicos de nuestra sociedad, y no podemos quedarnos en silencio. Es dramático el calendario que pretende imponerse desde los colectivos más radicales de nuestra sociedad”.
Además, miembros de la sociedad civil como el Presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuig se han sumado a la petición de la Plataforma por las Libertades: “Es una ley que se entromete en las responsabilidad de los padres, despreciando la Declaración Universal de Derechos Humanos y la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión la Unión Europea en competencias educativas, en defensa y protección de los derechos de los padres”.
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