Abogados Cristianos urge al Constitucional, tras 10 años de silencio, a pronunciarse sobre el aborto

Han pasado ya más de 10 años y casi cuatro meses desde que un grupo de 50 diputados del PP y el Gobierno de Navarra presentaran un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley del aborto, conocida como Ley Aído, diseñada por el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero.

Diez años de silencio en los que el tribunal no se ha manifestado sobre este asunto mientras uno tras otro iban dictando sobre asuntos llegados años más tarde. Para muchos expertos esta demora es un auténtico escándalo que no tiene otra explicación que la política.

Desde entonces, y según las cifras oficiales, desde que Zapatero aprobó esta ley, recurrida en el Constitucional aunque aún sin respuesta se han abortado más de 830.000 bebés. Esta última cifra oficial fue ofrecida en noviembre de 2019. Se refería a los datos de 2018 por lo que el número de abortos provocada por esta ley es sensiblemente mayor, y ascendería ya estas alturas de 2020 al millón de niños abortados.

"Una grave, indebida e injustificada dilación"

Ante esta situación sin precedentes, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado ante el Tribunal Constitucional cerca de 200 derechos de petición de particulares urgiéndole a pronunciarse sobre la ley del aborto.

De este modo, la organización de juristas considera “inadmisible que el Constitucional no se haya pronunciado sobre este asunto en 10 años pese a asegurar en su momento que iba a dar carácter prioritario a esta resolución”.

En su opinión, “se trata de una grave, indebida e injustificada dilación que afecta al derecho supremo que nuestro ordenamiento jurídico protege frente a todos los demás: el Derecho a la Vida”.

Por ello, Abogados Cristianos recuerda que “el propio Tribunal Constitucional reconoció en su Sentencia 35/1994, de 31 de enero, que la Constitución española reconoce el derecho fundamental a un proceso ‘sin dilaciones indebidas’ (artículo 24.2). La finalidad específica del derecho radica en la garantía de que el proceso judicial, incluida la ejecución, se ajuste a adecuadas pautas temporales”.

El letrado de Abogados Cristianos, Ignacio García, afirma que “esta dilación sólo beneficia a los empresarios del aborto”. Recuerda además que “anualmente se destina diez veces más dinero público al aborto que a ayudas a las mujeres”. García insta al PP a “definir su posición actual sobre el derecho a la vida y a solicitar el impulso del procedimiento, ya que es el único legitimado para ello puesto que fue quien presentó el recurso”.