El Tribunal Constitucional de Polonia declara ilegal el aborto por malformación y discapacidad

Polonia está ahora más cerca de ser un país casi totalmente provida y libre de aborto. Este jueves el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que prohíbe los abortos bajo el supuesto de malformación del feto, y según el cual, por ejemplo, están siendo exterminados los síndrome de Down.

La decisión del alto tribunal polaco ha generado un torrente de críticas en otros países europeos y en colectivos feministas y abortistas.

El Tribunal Constitucional ha tomado la decisión de que el aborto por malformaciones fetales, como enfermedad o discapacidad, es contrario a la Constitución. El fallo ha sido tomado por mayoría y únicamente dos magistrados han emitido sendos votos particulares.

Tal y como recoge Europa Press, un grupo de 119 diputados, encabezados por el partido gobernante Ley y Justicia (PiS), presentaron la demanda ante el Tribunal Constitucional en 2019, entendiendo que la legislación actual legaliza de facto la eugenesia, pues consideran que este aborto selectivo socava la dignidad de la persona que defiende la Constitución.

La redacción vigente de la ley permite abortar en caso de que exista una probabilidad muy alta, que no ocurrencia, de una discapacidad o enfermedad grave del feto. En 2019, el aborto por malformación del feto supuso el 97 por ciento de los 1.110 abortos que se practicaron en hospitales polacos. El síndrome de Down fue la justificación de más del 40 por ciento de los abortos legales practicados en el país el año pasado. Actualmente, el aborto también es legal en el país si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la madre, así como cuando es resultado de violación o incesto.

El fallo del Constitucional se hizo público curiosamente el mismo día en que la Iglesia celebraba la fiesta de San Juan Pablo II, el gran papa polaco.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Polonia se ha felicitado por la sentencia y su presidente, monseñor Stanislaw Gadecki ha afirmado que “Con esta decisión, se halló que el concepto de que 'la vida no vale la pena ser vivida' está en aguda contradicción con el principio de un estado democrático regido por la ley. La vida de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte natural es de igual valor para Dios y debe ser igualmente protegida por el Estado”.