Expertos en libertad religiosa denuncian en la UCV el aumento de ataques a los creyentes en España
Expertos en libertad religiosa reunidos en la Universidad Católica de Valencia (www.ucv.es) en el curso de verano “Libertad de Expresión y Libertad Religiosa ¿Libertades Reconciliables?" han lamentado y denunciado el aumento de los ataques contra la libertad religiosa, un crecimiento que se recoge en el informe del año 2015 presentado por el Observatorio de la Libertad Religiosa (libertadreligiosa.es). [El informe completo en PDF aquí]
Abogados Cristianos anima a denunciar abusos y ofensas
Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos (www.abogadoscristianos.es), abordó en su ponencia varios casos. Instó a la Fiscalía a “atajar” las conductas “muy graves” que vulneran la libertad religiosa. También animó a “asociaciones, colectivos e, incluso, de forma individual” a presentar denuncia ante este tipo de casos.
Avisó de que cuando no se respeta la libertad de conciencia puede “dejarse de lado” la tolerancia y comenzar a “vivir como en un estado totalitario”.
“El derecho a la libertad de expresión no es absoluto y no puede justificar todo tipo de injurias ni de escarnios”, ha asegurado la abogada.
Ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional “en varias instancias” han certificado que “para poder vivir en un clima de tolerancia y de democracia es imprescindible que esté por encima del derecho a la libertad de expresión el derecho a la libertad de conciencia”.
Sin embargo, Polonia Castellanos constata que en España los jueces son “muy reacios a aplicar este tipo de artículos del Código Penal que regulan, precisamente, los delitos contra la libertad religiosa. Además, ha apuntado, “hay como una especie de impunidad generalizada por la que parece que cualquier escarnio o cualquier vejación se puede hacer”.
Interpretación laxa de la ley: ofensas sin castigo
Precisamente, el vicerrector general y de Planificación Estratégica de la Universidad Católica de Valencia, Ricardo García García, ha coincidido en dicho aspecto y ha asegurado en su intervención que la libertad de expresión tiene límite, “y el primero son los derechos fundamentales“. “Cuestión distinta es que se quieran ejercer o que haya que ejercerlos a través de la jurisdicción penal”, ha apostillado.
El problema, según el director de este curso de verano y vocal experto de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, es que se hace una “interpretación especialmente laxa de los límites del derecho de la libertad de expresión, y parece que vale todo”.
Para el vicerrector, esta laxitud se debe a una “interpretación errónea” de la amplitud de los derechos fundamentales, así como a una corriente constitucionalista que obedece a lo que se llama el “efecto desaliento”. Este efecto se deriva de una doctrina de derecho penal, en conexión con derecho constitucional, en la cual lo que se tiene en cuenta es que “un derecho fundamental no debería ser tipificado penalmente puesto que generaría que las personas no ejercieran ese derecho ante el temor de recibir una sentencia penal”.
En su opinión, esta doctrina “ha ido muy lejos porque todos los derechos tienen límites y si aplicamos este efecto desaliento también causa efecto desaliento los derechos de los demás”.
Sobre las imágenes ofensivas de la Virgen de los Desamparados y la de Montserrat, García ha subrayado que la principal prueba de que son “absolutamente ofensivas contra la conciencia” no solo contra los católicos, sino también contra otras confesiones ha sido “la respuesta ciudadana, que ha sido absolutamente ejemplar y supera con mucho cualquier sentencia que pueda dar el ordenamiento jurídico por parte de cualquier juez”.
Una moral pública (del Estado) que usa los "delitos de odio"
Por su parte, José Landete, Director de Departamento de Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado de la Universitat de València, ha advertido del uso de una “técnica legislativa que pretende construir una moral pública oficial”, que ayuda jurídicamente a “limitar el ejercicio de los derechos”. De esta forma, el profesor ha subrayado que las nuevas “concepciones morales”, ahora “impuestas por el legislador”, generan un contenido de moral pública que “limita” el ejercicio tanto de la libertad de expresión como de la libertad religiosa.
En este sentido, Landete ha añadido que en términos penales los delitos de odio estarían “cobrando una nueva función”, puesto que dicho delito “protege” la nueva moral pública. Así, ha lamentado que tras la definición de una moral pública de forma legislativa, “incluso más allá de lo que quieren los ciudadanos”, no solo fuerza que los ciudadanos piensen de forma distinta sino que “se crea un contenido penal distinto”.
El profesor ha criticado que “el Estado está injiriendo en la libertad de las personas y actuando de forma totalitaria”. Al respecto, ha aseverado que cuando en el debate público la opinión está basada en una creencia religiosa esta es “rechazada”. “Solo pueden opinar los neutrales, los puros, los no manchados por creencias religiosas, algo que va en contra del principio democrático”, ha subrayado.
Sobre el “conflicto aparente” entre libertad religiosa y libertad de expresión, el profesor ha asegurado que lo que existe es una “contradicción”. “O bien la libertad de expresión se utiliza para lesionar las creencias religiosas o bien fundar opiniones en creencias religiosas parece que ofende a la vida pública y la democracia”, ha indicado.
Pintadas, ataques a curas, a templos...
María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, ha presentado el informe de la entidad sobre ataques a la libertad religiosa en 2015.
García ha denunciado que en la Comunidad Valenciana se han realizado “profanaciones”, como en la casa de San Vicente Ferrer, pintadas en parroquias, así como “numerosos casos en los que los políticos pretenden eliminar los símbolos religiosos de los edificios públicos, como crucifijos, o la presencia de autoridades en las procesiones”.
García ha mostrado su preocupación ante los “ataques físicos” a personas por confesar una religión. Así, ha citado el caso de una persona musulmana golpeada por no llevar el velo, así como sendas agresiones a dos sacerdotes “por el hecho de serlo”.
Asimismo, también se han multiplicado los “ataques a templos”. “Si el año pasado fueron 36 agresiones a lugares sagrados creemos que en 2016 van a aumentar porque en lo que llevamos de año tenemos ya 22 casos así como 16 actos de vejación a personas por creencias, 33 casos de escarnio de la religión y 99 casos en los que se margina la religión de la vida pública”, ha cuantificado.
En España la religión católica es la confesión religiosa más atacada, “en parte porque es la mayoritaria y en parte porque al ser España un país de raíces cristianas, desde muchos sectores se la ataca con pintadas a iglesias o profanaciones”.
La ponente, que ha cerrado la segunda sesión de los cursos de verano de la UCV, también ha hecho hincapié en la postura que “desde determinados ámbitos políticos se alienta un laicismo radical y una cristianofobia que hace que el laicismo radical crezca también en las calles”.
Finalmente, García se ha mostrado partidaria de la unión entre sociedad civil y representantes públicos “para frenar estos ataques”. “No se puede confundir la aconfesionalidad del Estado con marginación de la religión en el ámbito público”, ha añadido.
"No hay privilegios para la Iglesia"
En el curso de verano también ha intervenido Jesús Miguel López Nieto, miembro de la Asesoría Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española, que ha recordado que España es un Estado aconfesional, “no confesional, neutral o laico”.
El ponente ha señalado que en la actualidad se encuentran “serias dificultades” tanto por parte de los centros educativos como de los padres a educar a sus hijos “conforme a sus convicciones religiosas y morales”.
En opinión de López Nieto, existe una pretensión demostrar a la sociedad que hay una especie de privilegio de la Iglesia Católica “cuando no existe ninguno”. “Lo que hay es el cumplimiento de una legislación no solamente nacional sino también internacional, que, por cierto, es equiparable al resto de confesiones religiosas que también tienen acuerdos con el Estado, como judíos, musulmanes o evangélicos”, ha matizado.
Sobre la reciente publicación en el BOE del programa de clases de religión musulmana, el miembro de la Asesoría Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española no entiende que “haya levantado ampollas en ciertos sectores”. Una cuestión que, ha asegurado, es “fruto” de los acuerdos suscritos con las confesiones religiosas minoritarias y “en virtud de un del principio de neutralidad del que lógicamente ha de participar el Estado, que ha de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales entre los cuales se encuentran el derecho fundamental de libertad religiosa”.
Abogados Cristianos anima a denunciar abusos y ofensas
Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos (www.abogadoscristianos.es), abordó en su ponencia varios casos. Instó a la Fiscalía a “atajar” las conductas “muy graves” que vulneran la libertad religiosa. También animó a “asociaciones, colectivos e, incluso, de forma individual” a presentar denuncia ante este tipo de casos.
Avisó de que cuando no se respeta la libertad de conciencia puede “dejarse de lado” la tolerancia y comenzar a “vivir como en un estado totalitario”.
“El derecho a la libertad de expresión no es absoluto y no puede justificar todo tipo de injurias ni de escarnios”, ha asegurado la abogada.
Ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional “en varias instancias” han certificado que “para poder vivir en un clima de tolerancia y de democracia es imprescindible que esté por encima del derecho a la libertad de expresión el derecho a la libertad de conciencia”.
Sin embargo, Polonia Castellanos constata que en España los jueces son “muy reacios a aplicar este tipo de artículos del Código Penal que regulan, precisamente, los delitos contra la libertad religiosa. Además, ha apuntado, “hay como una especie de impunidad generalizada por la que parece que cualquier escarnio o cualquier vejación se puede hacer”.
Interpretación laxa de la ley: ofensas sin castigo
Precisamente, el vicerrector general y de Planificación Estratégica de la Universidad Católica de Valencia, Ricardo García García, ha coincidido en dicho aspecto y ha asegurado en su intervención que la libertad de expresión tiene límite, “y el primero son los derechos fundamentales“. “Cuestión distinta es que se quieran ejercer o que haya que ejercerlos a través de la jurisdicción penal”, ha apostillado.
El problema, según el director de este curso de verano y vocal experto de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, es que se hace una “interpretación especialmente laxa de los límites del derecho de la libertad de expresión, y parece que vale todo”.
Para el vicerrector, esta laxitud se debe a una “interpretación errónea” de la amplitud de los derechos fundamentales, así como a una corriente constitucionalista que obedece a lo que se llama el “efecto desaliento”. Este efecto se deriva de una doctrina de derecho penal, en conexión con derecho constitucional, en la cual lo que se tiene en cuenta es que “un derecho fundamental no debería ser tipificado penalmente puesto que generaría que las personas no ejercieran ese derecho ante el temor de recibir una sentencia penal”.
En su opinión, esta doctrina “ha ido muy lejos porque todos los derechos tienen límites y si aplicamos este efecto desaliento también causa efecto desaliento los derechos de los demás”.
Sobre las imágenes ofensivas de la Virgen de los Desamparados y la de Montserrat, García ha subrayado que la principal prueba de que son “absolutamente ofensivas contra la conciencia” no solo contra los católicos, sino también contra otras confesiones ha sido “la respuesta ciudadana, que ha sido absolutamente ejemplar y supera con mucho cualquier sentencia que pueda dar el ordenamiento jurídico por parte de cualquier juez”.
Una moral pública (del Estado) que usa los "delitos de odio"
Por su parte, José Landete, Director de Departamento de Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado de la Universitat de València, ha advertido del uso de una “técnica legislativa que pretende construir una moral pública oficial”, que ayuda jurídicamente a “limitar el ejercicio de los derechos”. De esta forma, el profesor ha subrayado que las nuevas “concepciones morales”, ahora “impuestas por el legislador”, generan un contenido de moral pública que “limita” el ejercicio tanto de la libertad de expresión como de la libertad religiosa.
En este sentido, Landete ha añadido que en términos penales los delitos de odio estarían “cobrando una nueva función”, puesto que dicho delito “protege” la nueva moral pública. Así, ha lamentado que tras la definición de una moral pública de forma legislativa, “incluso más allá de lo que quieren los ciudadanos”, no solo fuerza que los ciudadanos piensen de forma distinta sino que “se crea un contenido penal distinto”.
El profesor ha criticado que “el Estado está injiriendo en la libertad de las personas y actuando de forma totalitaria”. Al respecto, ha aseverado que cuando en el debate público la opinión está basada en una creencia religiosa esta es “rechazada”. “Solo pueden opinar los neutrales, los puros, los no manchados por creencias religiosas, algo que va en contra del principio democrático”, ha subrayado.
Sobre el “conflicto aparente” entre libertad religiosa y libertad de expresión, el profesor ha asegurado que lo que existe es una “contradicción”. “O bien la libertad de expresión se utiliza para lesionar las creencias religiosas o bien fundar opiniones en creencias religiosas parece que ofende a la vida pública y la democracia”, ha indicado.
Pintadas, ataques a curas, a templos...
María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, ha presentado el informe de la entidad sobre ataques a la libertad religiosa en 2015.
García ha denunciado que en la Comunidad Valenciana se han realizado “profanaciones”, como en la casa de San Vicente Ferrer, pintadas en parroquias, así como “numerosos casos en los que los políticos pretenden eliminar los símbolos religiosos de los edificios públicos, como crucifijos, o la presencia de autoridades en las procesiones”.
García ha mostrado su preocupación ante los “ataques físicos” a personas por confesar una religión. Así, ha citado el caso de una persona musulmana golpeada por no llevar el velo, así como sendas agresiones a dos sacerdotes “por el hecho de serlo”.
Asimismo, también se han multiplicado los “ataques a templos”. “Si el año pasado fueron 36 agresiones a lugares sagrados creemos que en 2016 van a aumentar porque en lo que llevamos de año tenemos ya 22 casos así como 16 actos de vejación a personas por creencias, 33 casos de escarnio de la religión y 99 casos en los que se margina la religión de la vida pública”, ha cuantificado.
En España la religión católica es la confesión religiosa más atacada, “en parte porque es la mayoritaria y en parte porque al ser España un país de raíces cristianas, desde muchos sectores se la ataca con pintadas a iglesias o profanaciones”.
La ponente, que ha cerrado la segunda sesión de los cursos de verano de la UCV, también ha hecho hincapié en la postura que “desde determinados ámbitos políticos se alienta un laicismo radical y una cristianofobia que hace que el laicismo radical crezca también en las calles”.
Finalmente, García se ha mostrado partidaria de la unión entre sociedad civil y representantes públicos “para frenar estos ataques”. “No se puede confundir la aconfesionalidad del Estado con marginación de la religión en el ámbito público”, ha añadido.
"No hay privilegios para la Iglesia"
En el curso de verano también ha intervenido Jesús Miguel López Nieto, miembro de la Asesoría Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española, que ha recordado que España es un Estado aconfesional, “no confesional, neutral o laico”.
El ponente ha señalado que en la actualidad se encuentran “serias dificultades” tanto por parte de los centros educativos como de los padres a educar a sus hijos “conforme a sus convicciones religiosas y morales”.
En opinión de López Nieto, existe una pretensión demostrar a la sociedad que hay una especie de privilegio de la Iglesia Católica “cuando no existe ninguno”. “Lo que hay es el cumplimiento de una legislación no solamente nacional sino también internacional, que, por cierto, es equiparable al resto de confesiones religiosas que también tienen acuerdos con el Estado, como judíos, musulmanes o evangélicos”, ha matizado.
Sobre la reciente publicación en el BOE del programa de clases de religión musulmana, el miembro de la Asesoría Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española no entiende que “haya levantado ampollas en ciertos sectores”. Una cuestión que, ha asegurado, es “fruto” de los acuerdos suscritos con las confesiones religiosas minoritarias y “en virtud de un del principio de neutralidad del que lógicamente ha de participar el Estado, que ha de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales entre los cuales se encuentran el derecho fundamental de libertad religiosa”.
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