Ley de transexualidad extrema en Valencia: multas a colegios, cirugía a menores sin permiso paterno

La Comunidad Valenciana, gobernada por una alianza entre el Partido Socialista y la izquierda radical de Compromís, prepara una Ley de Transexualidad que insiste especialmente en la obligatoriedad de adoctrinar a los niños en la ideología de género y la agenda LGBT.

Un elemento especialmente radical de esta ley autonómica sería que los menores podrían decidir cambiar de sexo (incluso mediante cirugías que mutilasen su cuerpo) sin consentimiento ninguno de los padres. El tratamiento lo pagaría la sanidad pública valenciana. 

Además, según el anteproyecto que se ha conocido, los colegios e institutos estarán obligados a redactar un "Plan de Convivencia e Igualdad" que incluya en los currículos educativos contenidos sobre identidad de género. Es decir, cada colegio estará obligado a impartir ideología de género por ley. 

Los colegios que se nieguen a impartir esta ideología serán sancionados: en el caso de los colegios concertados (que son en su inmensa mayoría colegios católicos) perderían el concierto economico.

El diario valenciano Las Provincias recoge datos de las multas a quien se oponga a este adoctrinamiento, sanciones descritas en el artículo 51 del anteproyecto.

Una persona física o jurídica que cometa "falta grave" respecto a la ley de transexualidad podrá ser multado con 3.000 euros. Además, se le prohibirá “acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat por un periodo de un año” así como “contratar con la Generalitat, sus entes autónomos o entes públicos por el periodo de un año”.

En los casos que se consideren "muy graves" la sanción puede llegar a los 45.000 euros (y 3 años sin acceso a ayudas públicas). 

Más aún, según el anteproyecto, se podría castigar a entidades con “inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios destinados a la prestación de servicios públicos”.

Un ejemplo sería el caso de un centro católico concertado que se niegue a aceptar que un niño se declare niña y acuda al lavabo y vestuario de las niñas: el colegio podría ser multado, privado de financiación y cerrado. 

Por supuesto, lo que tanto el lobby LGBT como el gobierno valenciano buscan no es tanto cerrar escuelas católicas como lograr que estas escuelas (y todas las demás) impartan ideologías LGBT opuestas a su ideario cristiano. 

Esta propuesta de control del ideario de las escuelas concertadas mediante la Ley de Transexualidad coincide en el tiempo con un avivamiento de la actividad reivindicativa de los colegios concertados que han congregado recientemente casi 40.000 personas en una manifestación en Valencia y han logrado muchas otras movilizaciones en distintas ciudades de la comunidad autónoma. 

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