Por una deuda de 17 millones de euros
Centros católicos concertados denuncian una situación «crítica» del Gobierno valenciano
Escuelas Católicas Comunidad Valenciana (ESCACV), patronal mayoritaria de la enseñanza concertada que agrupa a unos 280 centros educativos, ha denunciado la situación "crítica" y de "quiebra técnica" que se está viviendo en los colegios a causa de la deuda de unos 17 millones del Ejecutivo valenciano.
La entidad augura, en un comunicado, que el próximo 30 de septiembre "se producirá el impago de los dos últimos trimestres de la partida destinada a los gastos de funcionamiento". Además, apunta, algunos centros no han cobrado aún el bono-libro del curso pasado ni las ayudas para la atención educativa singular de alumnos especialmente desfavorecidos.
Una cantidad que, según cálculos de Escuelas Católicas, rondaría los 17 millones de euros y "de la que dependen partidas cruciales como los salarios del personal de administración y servicios o los gastos corrientes de luz y agua", subrayan desde el colectivo.
Para la presidenta de ESCACV, Vicenta Rodríguez, "algunos centros se encuentran en una situación desesperada, ya que, además de no recibir el dinero, han tenido que asumir los gastos derivados del aumento de ratio (alumnos por aula), que ha pasado de 25 a 30 en las etapas de Infantil y Primaria, de 30 a 36 en ESO y de 35 a 42 en Bachillerato".
"Estamos atendiendo a más alumnos, con menos medios y con un mayor coste de inversión en mobiliario y ordenadores, entre otras cosas. La situación de impago, unido a la imposibilidad de obtener líneas de crédito, está provocando una auténtica falta de liquidez de nuestros centros", explica la presidenta, para quien la situación es "especialmente angustiosa porque hoy por hoy no hay una previsión de cobros, no existe un calendario de pagos".
Ante esta situación, los centros han comenzado una campaña informativa --a través de carteles, circulares y reuniones-- para dar a conocer una situación que muchos padres desconocen.
"Gracias al esfuerzo y profesionalidad del profesorado y del personal de administración y servicios, la mayoría de los padres desconocen la situación crítica de los centros, pues nuestra prioridad siguen siendo nuestros alumnos y desde la dirección y el claustro de cada centro se trabaja de forma excepcional para mantener el ritmo de clase normal", manifiesta Rodríguez, que reconoce no saber cuánto tiempo podrán soportar esta "injusta situación".
La entidad augura, en un comunicado, que el próximo 30 de septiembre "se producirá el impago de los dos últimos trimestres de la partida destinada a los gastos de funcionamiento". Además, apunta, algunos centros no han cobrado aún el bono-libro del curso pasado ni las ayudas para la atención educativa singular de alumnos especialmente desfavorecidos.
Una cantidad que, según cálculos de Escuelas Católicas, rondaría los 17 millones de euros y "de la que dependen partidas cruciales como los salarios del personal de administración y servicios o los gastos corrientes de luz y agua", subrayan desde el colectivo.
Para la presidenta de ESCACV, Vicenta Rodríguez, "algunos centros se encuentran en una situación desesperada, ya que, además de no recibir el dinero, han tenido que asumir los gastos derivados del aumento de ratio (alumnos por aula), que ha pasado de 25 a 30 en las etapas de Infantil y Primaria, de 30 a 36 en ESO y de 35 a 42 en Bachillerato".
"Estamos atendiendo a más alumnos, con menos medios y con un mayor coste de inversión en mobiliario y ordenadores, entre otras cosas. La situación de impago, unido a la imposibilidad de obtener líneas de crédito, está provocando una auténtica falta de liquidez de nuestros centros", explica la presidenta, para quien la situación es "especialmente angustiosa porque hoy por hoy no hay una previsión de cobros, no existe un calendario de pagos".
Ante esta situación, los centros han comenzado una campaña informativa --a través de carteles, circulares y reuniones-- para dar a conocer una situación que muchos padres desconocen.
"Gracias al esfuerzo y profesionalidad del profesorado y del personal de administración y servicios, la mayoría de los padres desconocen la situación crítica de los centros, pues nuestra prioridad siguen siendo nuestros alumnos y desde la dirección y el claustro de cada centro se trabaja de forma excepcional para mantener el ritmo de clase normal", manifiesta Rodríguez, que reconoce no saber cuánto tiempo podrán soportar esta "injusta situación".
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