Según Profesionales por la Ética
Las 4 razones por las que urge derogar Educación para la Ciudadanía
La Ley de Calidad de la Educación (LOE) de 2006 pasará a la historia por haber provocado la inacabada polémica por la imposición del conjunto de asignaturas denominadas «Educación para la Ciudadanía (EpC)».
En vísperas de la primera cumbre educativa que celebrará mañana el nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, con los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas para diseñar las grandes líneas de la reforma educativa, Profesionales por la Ética ha recordado las 4 por las que, en el contexto de las nuevas medidas, urge derogar EpC:
1. Frente a la imposición de estas materias se han presentado más de 54.000 objeciones de conciencia y abierto casi 3.000 procesos judiciales; todavía se encuentra pendiente de decisión la demanda (presentada por casi 400 padres) en Estrasburgo y los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
2. El conflicto demuestra que EpC, tal y como ha sido desarrollada en España, pretende conformar la mentalidad y las conductas de los menores según una moral de Estado que no es neutral. La formación de la ética personal, la reconstrucción de los valores, la construcción de una conciencia moral, la transmisión de una ética común y la ideología de género constituyen el núcleo de este conjunto de asignaturas.
3. El Partido Popular se comprometió en su programa electoral a sustituir EpC por otra asignatura cuyo contenido esté basado en los valores constitucionales y en el conocimiento de las instituciones españolas y europeas.
4. En una sociedad democrática y pluralista al Estado le corresponde un papel de neutralidad. Los únicos principios éticos exigibles a los ciudadanos desde los poderes públicos son aquellos que están representados por la Constitución, en cuanto ley suprema que establece las bases ineludibles de convivencia en una comunidad política.
Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, el nuevo Gobierno tiene ante sí el gran reto de devolver la responsabilidad de la educación a la sociedad. «El Estado», asegura, «puede intervenir en la educación para poner los medios para que la instrucción esté al alcance de todos, con criterios de equidad, y asegurar unos niveles de calidad adecuados en el sistema educativo pero no conformar la ética de las personas conforme a la ideología del Gobierno de turno». La libertad de educación en España, en opinión de Urcelay, es una asignatura pendiente en la que es necesario avanzar.
En vísperas de la primera cumbre educativa que celebrará mañana el nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, con los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas para diseñar las grandes líneas de la reforma educativa, Profesionales por la Ética ha recordado las 4 por las que, en el contexto de las nuevas medidas, urge derogar EpC:
1. Frente a la imposición de estas materias se han presentado más de 54.000 objeciones de conciencia y abierto casi 3.000 procesos judiciales; todavía se encuentra pendiente de decisión la demanda (presentada por casi 400 padres) en Estrasburgo y los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
2. El conflicto demuestra que EpC, tal y como ha sido desarrollada en España, pretende conformar la mentalidad y las conductas de los menores según una moral de Estado que no es neutral. La formación de la ética personal, la reconstrucción de los valores, la construcción de una conciencia moral, la transmisión de una ética común y la ideología de género constituyen el núcleo de este conjunto de asignaturas.
3. El Partido Popular se comprometió en su programa electoral a sustituir EpC por otra asignatura cuyo contenido esté basado en los valores constitucionales y en el conocimiento de las instituciones españolas y europeas.
4. En una sociedad democrática y pluralista al Estado le corresponde un papel de neutralidad. Los únicos principios éticos exigibles a los ciudadanos desde los poderes públicos son aquellos que están representados por la Constitución, en cuanto ley suprema que establece las bases ineludibles de convivencia en una comunidad política.
Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, el nuevo Gobierno tiene ante sí el gran reto de devolver la responsabilidad de la educación a la sociedad. «El Estado», asegura, «puede intervenir en la educación para poner los medios para que la instrucción esté al alcance de todos, con criterios de equidad, y asegurar unos niveles de calidad adecuados en el sistema educativo pero no conformar la ética de las personas conforme a la ideología del Gobierno de turno». La libertad de educación en España, en opinión de Urcelay, es una asignatura pendiente en la que es necesario avanzar.
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