Rajoy forma su primer Gobierno
Jorge Fernández Díaz, de la manifestación pro-vida de 2009 al ministerio del Interior
Durante su discurso de investidura, el presidente no mencionó la reforma de la ley Aido, que en cualquier caso prometió en campaña.
El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, figuraba en todas las quinielas de ministrables para el primer Gobierno de Mariano Rajoy, aunque pocos le situaban en esa cartera.
El nuevo jefe del Ejecutivo se ha rodeado de personas muy próximas, y entre ellas ha figurado siempre Fernández Díaz, que le acompañó como secretario de Estado en tres de los cuatros ministerios por los que pasó Rajoy entre 1996 y 2003: Administraciones Públicas, Educación y Presidencia. Curiosamente, no durante la etapa de Interior, responsabilidad en la que ahora recala.
En el 17-O
Jorge Fernández Díaz no ha ocultado nunca su condición de católico practicante, y de hecho suele iniciar su jornada asistiendo a misa en una iglesia del centro de Madrid. Además acudió a la manifestación pro-vida que se celebró en la capital de España el 17 de octubre de 2009, que congregó a cientos de miles de personas contra la llamada "ley Aido" que convirtió el aborto en un derecho en los primeros meses y facultó a niñas de 16 años a realizarlo sin consentimiento e incluso sin conocimiento de sus padres.
Durante la campaña electoral, el PP se ha comprometido a reformar esa ley (que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional), pero no para acabar con el aborto, sino para volver a la ley de supuestos despenalizados de Felipe González y cambiar el punto referido a las niñas menores de edad.
¿Mecanismos de control?
Nunca han aclarado si se introducirá en la nueva regulación algún mecanismo de control adicional o permitirá, en la práctica, el aborto libre, como ha sido en España desde 1985 hasta hoy.
Lo cierto es que, en su discurso de investidura, Rajoy no habló del aborto, limitándose a respaldar genéricamente las alusiones a favor de la vida que hizo durante las réplicas el diputado de UPN Carlos Salvador.
Será en los próximos meses cuando se dilucide cómo afronta la cuestión el Gobierno popular, que puede esperar a que falle el Tribunal Constitucional o bien legislar independientemente del resultado del recurso, que entonces caería por falto de sentido. En principio, la responsabilidad del cambio legislativo recaería sobre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en coordinación con la ministra de Sanidad, Ana Mato.
El nuevo jefe del Ejecutivo se ha rodeado de personas muy próximas, y entre ellas ha figurado siempre Fernández Díaz, que le acompañó como secretario de Estado en tres de los cuatros ministerios por los que pasó Rajoy entre 1996 y 2003: Administraciones Públicas, Educación y Presidencia. Curiosamente, no durante la etapa de Interior, responsabilidad en la que ahora recala.
En el 17-O
Jorge Fernández Díaz no ha ocultado nunca su condición de católico practicante, y de hecho suele iniciar su jornada asistiendo a misa en una iglesia del centro de Madrid. Además acudió a la manifestación pro-vida que se celebró en la capital de España el 17 de octubre de 2009, que congregó a cientos de miles de personas contra la llamada "ley Aido" que convirtió el aborto en un derecho en los primeros meses y facultó a niñas de 16 años a realizarlo sin consentimiento e incluso sin conocimiento de sus padres.
Durante la campaña electoral, el PP se ha comprometido a reformar esa ley (que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional), pero no para acabar con el aborto, sino para volver a la ley de supuestos despenalizados de Felipe González y cambiar el punto referido a las niñas menores de edad.
¿Mecanismos de control?
Nunca han aclarado si se introducirá en la nueva regulación algún mecanismo de control adicional o permitirá, en la práctica, el aborto libre, como ha sido en España desde 1985 hasta hoy.
Lo cierto es que, en su discurso de investidura, Rajoy no habló del aborto, limitándose a respaldar genéricamente las alusiones a favor de la vida que hizo durante las réplicas el diputado de UPN Carlos Salvador.
Será en los próximos meses cuando se dilucide cómo afronta la cuestión el Gobierno popular, que puede esperar a que falle el Tribunal Constitucional o bien legislar independientemente del resultado del recurso, que entonces caería por falto de sentido. En principio, la responsabilidad del cambio legislativo recaería sobre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en coordinación con la ministra de Sanidad, Ana Mato.
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