Por difundir y exhibir material pornográfico
Profesionales por la Ética estudia denunciar al Gobierno de ZP por corrupción de menores
Exigirá también al PP la inmediata derogación de la actual legislación sobre el aborto.
La plataforma Profesionales por la Ética estudia denunciar al Gobierno de Zapatero por corrupción de menores, concretamente por el artículo 186 que establece prisión o multa para los que difundan o exhiban material pornográfico entre menores de edad.
Así lo ha anunciado el presidente de la asociación de profesionales, Jaime Urcelay, añadiendo que, por ejemplo, "existe material de este estilo en la web del Ministerio de Educación, en el apartado de recursos educativos".
Asimismo ha dado a conocer que exigirán al Partido Popular, virtual ganador de las próximas elecciones generales, "la inmediata derogación de la actual legislación sobre el aborto porque consagra un modelo de educación sexual que carece de consenso científico y social y atenta gravemente contra los derechos de los menores y sus padres".
El anuncio de Urcelay, fue realizado al hacer público el Informe de los profesionales sobre "Ideas clave sobre educación sexual en los centros escolares. Consideraciones científicas y éticas realizado por el Área de Estudios de esta asociación"
El citado informe asegura que las estrategias de prevención realizadas a través de campañas, o mediante programas de salud sexual introducidos en el ámbito escolar, carecen de consenso científico y social nacional internacional, lo que confirma la necesaria neutralidad ideológica del Estado y las administraciones en esta materia.
"Los dirigentes políticos", ha explicado Urcelay, "deben conocer cinco condiciones básicas para considerar científica y éticamente aceptable cualquier actividad en el ámbito escolar: 1. Veracidad de la información transmitida; 2. Nivel de evidencia que sustente las actuaciones preventivas propuestas; 3. Eficiencia esperable; 4. No maleficencia resultante de las actuaciones realizadas; 5. No actuar en contra de la voluntad de padres o tutores".
En España, siempre según el Informe de Profesionales por la Ética, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en especial su capítulo educativo, se ha considerado “parte fundamental de las políticas preventivas y del derecho a la salud pública” pero no cumple ninguno de los 5 requisitos formulados como estándares de obligado cumplimiento.
Así lo ha anunciado el presidente de la asociación de profesionales, Jaime Urcelay, añadiendo que, por ejemplo, "existe material de este estilo en la web del Ministerio de Educación, en el apartado de recursos educativos".
Asimismo ha dado a conocer que exigirán al Partido Popular, virtual ganador de las próximas elecciones generales, "la inmediata derogación de la actual legislación sobre el aborto porque consagra un modelo de educación sexual que carece de consenso científico y social y atenta gravemente contra los derechos de los menores y sus padres".
El anuncio de Urcelay, fue realizado al hacer público el Informe de los profesionales sobre "Ideas clave sobre educación sexual en los centros escolares. Consideraciones científicas y éticas realizado por el Área de Estudios de esta asociación"
El citado informe asegura que las estrategias de prevención realizadas a través de campañas, o mediante programas de salud sexual introducidos en el ámbito escolar, carecen de consenso científico y social nacional internacional, lo que confirma la necesaria neutralidad ideológica del Estado y las administraciones en esta materia.
"Los dirigentes políticos", ha explicado Urcelay, "deben conocer cinco condiciones básicas para considerar científica y éticamente aceptable cualquier actividad en el ámbito escolar: 1. Veracidad de la información transmitida; 2. Nivel de evidencia que sustente las actuaciones preventivas propuestas; 3. Eficiencia esperable; 4. No maleficencia resultante de las actuaciones realizadas; 5. No actuar en contra de la voluntad de padres o tutores".
En España, siempre según el Informe de Profesionales por la Ética, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en especial su capítulo educativo, se ha considerado “parte fundamental de las políticas preventivas y del derecho a la salud pública” pero no cumple ninguno de los 5 requisitos formulados como estándares de obligado cumplimiento.
Comentarios
¡No te pierdas las mejores historias de hoy!
Suscríbete GRATIS a nuestra newsletter diaria
