Irlanda abofetea al Vaticano. Reporte Cloyne sobre abusos pone en jaque relaciones diplomáticas

1) De los casos de supuestos abusos, 6 fueron denunciados por la diócesis a las autoridades civiles; los restantes también debieron haberlo sido, según el reporte. Ocultar que al menos esos 6 casos fueron declarados por la misma diócesis es decir las cosas a medias.

2) En marzo de 2010, hace más de un año, Benedicto XVI aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Cloyne de Mons. John Magee. Se trataba del culmen de un proceso iniciado en 2009 ante las acusaciones de pasividad en torno al tema de los abusos por parte del prelado (véase «El Papa acepta la renuncia de un obispo irlandés»), poco tiempo después de la contundente «Carta del Papa a los católicos de Irlanda», a propósito del tema de los abusos por parte de algunos miembros del clero en ese país. Fue el mismo Papa Benedicto XVI quien convocó de urgencia una reunión con los obispos irlandeses en dos momentos: 11 de diciembre de 2009 y 1516 de febrero de 2010.

3) Sobre la carta del nuncio y las invectivas acerca de una línea de ocultamiento promovidas desde el Vaticano, a las que de hecho hizo referencia el primer ministro, Enda Kenny, el 20 de julio en el discurso ante el parlamento irlandés, interpretándola como una instrucción destinada a estimular acciones para ocultar hechos de denuncia, ¿fue así? La carta confidencial de 1997, dirigida por el nuncio de entonces a los obispos irlandeses (se puede leer íntegra en su original inglés y en una traducción al italiano en este enlace) evidencia algunos reparos pero textualmente no se puede extraer de ella una invitación a ocultarlos, como se ha manejado.
 

Un día antes de las acusaciones del primer ministro irlandés ante el parlamento, el portavoz oficial de la Santa Sede ofreció unas declaraciones a título personal a Radio Vaticana. En esas palabras el padre Federico Lombardi recordó las contundentes y hasta entonces inauditas palabras de un Pontífice respecto al tema de los abusos, refiriéndose a la «Carta del Papa a los católicos de Irlanda», del 19 de marzo de 2010. Sobre la carta del nuncio refirió:

«En lo que respecta al pasado más lejano, ha tenido estos días particular eco una carta de 1997, es decir, de hace 14 años –recogida en el nuevo Informe, pero ya publicada el pasado enero– dirigida por el entonces nuncio en Irlanda a la Conferencia Episcopal, con la que, en base a las indicaciones recibidas por la Congregación para el Clero, ponía de relieve que el Documento Child Sexual Abuse: Framework for a Church Response se prestaba a objeciones, porque contenía aspectos cuya compatibilidad con la ley canónica universal eran problemáticos. Es justo recordar que este Documento había sido enviado a la Congregación no como documento oficial de la Conferencia Episcopal, sino como Report of the Irish Catholic Bishops’ Advisory Committee on Child Sexual Abuse by Priests and Religious y que en su Preámbulo se afirmaba: “Este documento está lejos de representar la última palabra sobre cómo afrontar los problemas que han sido planteados - This document is far from being the last word on how to address the issues that have been raised”. Que la Congregación planteara objeciones era por tanto comprensible y legítimo, teniendo en cuenta la competencia de Roma en lo que respecta a las leyes de la Iglesia, y –aunque se puede discutir sobre la adecuación de la intervención romana de entonces en relación con la gravedad de la situación irlandesa– no hay razón alguna para interpretar esta carta como dirigida a ocultar los casos de abuso. En realidad, se ponía en guardia contra el riesgo de que se adoptasen procedimientos que después se revelasen impugnables o inválidos desde el punto de vista canónico, haciendo vano así el propio objetivo de sanciones eficaces que los obispos irlandeses se proponían.

Igualmente, no hay nada absolutamente en la carta que suene como una invitación a no respetar las leyes del país. En el mismo periodo el cardenal Castrillón Hoyos, entonces prefecto de la Congregación para el Clero, se expresaba así al encontrarse con los obispos irlandeses: “La Iglesia, a través de sus pastores, no debe, en absoluto, obstaculizar el legítimo camino de la justicia civil, mientras que, simultáneamente, pone en marcha los procedimientos canónicos regulares” (Rosses Point, Sligo, 12.11.1998). Las objeciones a las que hacía referencia la carta sobre una obligación de información a las autoridades civiles (“mandatory reporting”), no se oponían a ninguna ley civil en este sentido, porque ésta no existía en Irlanda en ese momento (y las propuestas de introducirla fueron objeto de discusión por distintos motivos en el mismo ámbito civil). Resulta por ello curiosa la gravedad de ciertas críticas hechas al Vaticano, ¡como si la Santa Sede fuese culpable de no haber dado valor de ley canónica a normas a las que un Estado no había considerado necesario dar valor civil! Al atribuir graves responsabilidades a la Santa Sede de lo que ha sucedido en Irlanda, semejantes acusaciones parecen ir mucho más allá de cuanto se refleja en el propio Informe (que usa tonos más equilibrados en la atribución de las responsabilidades) y no manifiestan la conciencia de lo que la Santa Sede ha efectivamente hecho en el transcurso de los años para contribuir a afrontar eficazmente el problema».

Por último, Massimo Introvigne advertía en un artículo publicado sobre este tema en La Bussola Quotidiana (cf. «Attacco al segreto confessionale. Scontro tra Irlanda e Santa Sede», 22.07.2011) de un proyecto de ley en Irlanda que atentaría contra el secreto de confesión y que contemplaría hasta cinco años de prisión para el sacerdote que no refiriera. Un atentado contra la libertad religiosa. Se trata de una iniciativa de los ministros irlandeses de interior e infancia, Alan Shatter y Frances Fitzgerald, respectivamente.

En el mismo artículo Introvigne, representante de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) para la lucha contra la discriminación de los cristianos, pone en evidencia una reflexión ulterior sobre la «inflación de cifras» en torno a los casos de abuso que relacionan de algún modo a la Iglesia:

«Como siempre, para evitar equívocos y ambigüedades cuando se habla de sacerdotes pedófilos es necesario poner la atención sobre dos aspectos de la crisis. Por una parte hay evidentes exageraciones sobre los números –se está hablando de nueve casos controvertidos en un país en el cual los abusos contra menores han sido miles, y la gran mayoría sucedidos fuera de la Iglesia católica–, reconstrucciones imprecisas de hechos, reacciones frenéticas y propuestas anormales de medidas, e ilegales de frente a la mismas convenciones internacionales que tutelan la libertad religiosa, como la ley que atacaría el secreto de la confesión. Por otra parte, una reacción puramente defensiva por parte de la Iglesia y de los católicos sería equivocada».

Más adelante señala que «Sobre los sacerdotes pedófilos alguno está usando una lupa que distorsiona las dimensiones reales del fenómeno a beneficio de virulentas campañas laicistas. Pero si no fueran los sacerdotes pedófilos la lupa no tendría nada que agrandar».

Es comprensible que en un momento de exaltación los ánimos se exacerben y se lleguen a tergiversar las cosas, incluso por parte de quien representa a un todo un país. Una lectura pausada y serena de los hechos ayudaría a no pocos periódicos a ofrecer información más objetiva, un buen periodismo de datos, y así contribuir a la buena prensa que no oculta pero sabe colocar todos los elementos en juego.