El cardenal Giuseppe Bertello, presidente del Estado Vaticano, firmó una orden el 8 de febrero según la cual los empleados del Vaticano que rechacen vacunarse contra el covid «sin comprobadas razones de salud» podrán perder su empleo (no sirve, por tanto, cuestionar su eficacia, conveniencia o proporcionalidad ni alegar eventuales vínculos del fármaco administrado con el aborto). Esta disposición vaticana contrasta con el propio documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 21 de diciembre sobre esta cuestión, que establece que «es evidente para la razón práctica que la vacunación no es, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria» (n. 5). También contrasta con las directrices de las instituciones europeas (a las que no pertenece el Estado Vaticano), que piden a las administraciones que informen a los ciudadanos de la voluntariedad de la vacuna. En ese sentido, la resolución 2361 (2021) de 27 de enero de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su punto 7.3.1, exhorta a los Estados miembros y a la Unión Europea a «garantizar que los ciudadanos están informados de que la vacunación NO es obligatoria [mayúsculas en el original] y de que nadie es presionado políticamente, socialmente o de otra forma a vacunarse si no lo quiere hacer».