El Vaticano también incluye a la familia de Franco en cualquier decisión sobre sus restos

A preguntas este sábado de periodistas acreditados ante la Santa Sede, Alessandro Gisotti, director ad interim de la Oficina de Prensa tras la renuncia el 31 de diciembre de Greg Burke y Paloma García Ovejero, afirmó que no había nada nuevo que añadir a lo que ha manifestado ya reiteradamente el Vaticano.

“Sobre la traslación de los restos de Franco no tengo nada que agregar con respecto a lo ya afirmado por la Santa Sede, o sea, que el asunto concierne a su familia, al Gobierno español y a la Iglesia local”.

El pasado 26 de diciembre, fray Santiago Cantera, prior de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en cuya basílica se encuentran los restos de Francisco Franco (1892-1975), expresó en una carta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "la postura que desde esta comunidad y desde otros ámbitos de la Iglesia católica se ha mantenido desde un principio", a saber, que "no puede otorgar su preceptiva autorización para exhumar los restos de un católico que yace en lugar sagrado... sin el indispensable consentimiento de los familiares del finado". Y que, "como no podía ser de otra manera, esta comunidad está sujeta a lo que decidan en su día las autoridades competentes que, dado el carácter conflictivo de la cuestión, no pueden ser otras que las judiciales".

De esta forma, la Santa Sede, como en su momento el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, coinciden con el prior del Valle en la necesidad de incluir a la familia, en este caso los nietos, en la decisión sobre los restos de su abuelo.

El problema del Gobierno no es la abadía, es la ley civil

Y es que, aparte de las razones "religiosas y morales" aducidas por el padre Cantera para no autorizar el traslado ante la "pública y notoria" oposición de los familiares, es la misma legislación civil española la que establece que solamente ellos tienen potestad para iniciar el procedimiento, máxime cuando los restos se encuentran embalsamados (tienen, por tanto, la consideración de cadáver) y en un "lugar de culto que goza del privilegio de inviolabilidad" también por fuerza de las leyes españolas.

De hecho, los sucesivos retrasos en el hipotético traslado de los restos de Franco, que Pedro Sánchez había prometido inicialmente para julio de 2018 y luego para antes de final de año, se deben a las dificultades del Gobierno para, por un lado, modificar la legislación de forma que ampare un traslado que actualmente la legislación le impide, y por otro a la apelación a los tribunales de la familia de Franco ante la conculcación de sus derechos. El mismo Tribunal Supremo decidió el 18 de diciembre que la decisión final sobre los restos la tomará dicha instancia judicial.