Osoro y la Universidad Nebrija anulan la polémica compraventa junto a la parroquia de San Jorge
Han sido meses de confusión: una fundación civil que tiene al arzobispo de Madrid como presidente vendía a la Universidad Nebrija por unas cantidades debatibles unas instalaciones que usa la parroquia de San Jorge y que debían usarse por razones fundacionales para ancianos y niños.
Ahora, este jueves 3 de diciembre, tanto la diócesis como la Universidad anuncian "la resolución de la compraventa de la finca sita en la calle Condes de Val, nº 11", es decir, que se anula la venta, la venta queda sin efecto.
El arzobispo sacó a la luz "circunstancias desconocidas"
La Universidad Nebrija explica que Universidad y fundación negociaron durante meses después de que el cardenal Osoro (presidente de la fundación) "pusiera de manifiesto determinadas circunstancias en cuanto al conocimiento real de la operación que tuvo el patronato cuando se aprobó dicha operación y que, en ningún caso, eran achacables a la Universidad, porque también eran desconocidas para ella. Tanto es así que Residencias Nebrija se puso desde el primer momento al servicio de la Fundación y de su patronato, tratando de esclarecer lo sucedido, y ofreciendo su máxima colaboración para tratar de facilitar el cumplimiento de los fines fundacionales de la Fundación, compatibles con el posible uso universitario de una parte de las instalaciones".
El arzobispado ha publicado una nota detallando que los bienes que se vendían no eran realmente de la diócesis, sino de "fundaciones civiles reguladas por la legislación secular vigente" y que "en ningún momento se han vendido inmuebles de la Iglesia".
Pero hay que aclarar que esas fundaciones civiles eran la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio y la Fundación Fusara, que tienen como presidente al arzobispo de Madrid. La diócesis añade que el arzobispo realiza esa presidencia a través de un delegado "inscrito como tal en el Registro de Fundaciones y sometido a la supervisión del Protectorado civil".
La diócesis investiga al delegado del arzobispo
Según la nota del arzobispado, en junio, "tras recabar suficiente información de los órganos competentes y después de tomar diversas medidas de control interno, el arzobispo decretó la apertura de una investigación canónica sobre el ejercicio de la autoridad delegada y la información facilitada sobre los motivos que hacían necesarias esas operaciones. De la misma forma se instó a los patronatos a ejercer las acciones pertinentes para proteger el patrimonio de los niños y ancianos y, en su caso, exigir responsabilidades si se demostrase que hubo actuaciones irregulares o contrarias a los fines fundacionales".
El arzobispado anuncia ahora además que la parroquia de San Jorge seguirá en su ubicación, después de pactar con la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio para garantizar esta decisión.
Queda por ver si esa autoridad delegada que representaba al arzobispo en las fundaciones cometió algún delito económico, con compras o ventas indebidas y por más dinero del adecuado, como denuncian algunos críticos. También cabe preguntarse si el sistema de supervisión de los delegados del arzobispo en este tipo de fundaciones es adecuado y eficaz. ¿Quién vigila a los representantes del arzobispo?
Intentaron compatibilizar el uso para ancianos y para universitarios
La Universidad Nebrija, a su vez, señala que desde el principio intentó la máxima cooperación. "Tanto es así que Residencias Nebrija se puso desde el primer momento al servicio de la Fundación y de su patronato, tratando de esclarecer lo sucedido, y ofreciendo su máxima colaboración para tratar de facilitar el cumplimiento de los fines fundacionales de la Fundación, compatibles con el posible uso universitario de una parte de las instalaciones". Señala además que durante varios meses la Universidad "en estos complejos tiempos ha tratado de hacer compatible el interés de los ancianos de la Residencia con un posible uso universitario de una parte de las instalaciones".
Hay quien señalará que una pandemia de coronavirus no es el mejor momento para hacer cambios en residencias de ancianos ni para dedicar a universitarios las instalaciones anexas.