Padres, profesores y colegios plantan cara a la ofensiva del Gobierno contra la educación concertada

Lo que la ministra de Educación y otros representantes socialistas venían diciendo en los medios de comunicación durante las últimas semanas ya ha sido confirmado en el Congreso de los Diputados. En una intervención en la Comisión de Educación, Isabel Celaá, puso en la diana a la escuela concertada y a la asignatura de Religión, e informó que modificarán la ley de educación para quitar peso a los colegios concertados y para arrinconar aún más la asignatura de Religión.

En un primer momento el nombramiento de Celaá como ministra de Educación no fue del todo mal acogido por los representantes de la educación concertada. La actual ministra, aunque siempre había defendido la educación pública, había sido consejera de Educación en el País Vasco, donde más del 50% de los alumnos estudian en centros concertados, el doble que en el conjunto de España. Ella misma se definía como católica practicante y había estudiado en un colegio religioso.

Sin embargo, la ofensiva política de la izquierda radical, encabezada por un gobierno socialista que depende además de partidos minoritarios extremistas, ha desacreditado desde un primer momento a la nueva ministra.

Rechazo de padres, profesores y centros

La declaración de intenciones del Ejecutivo de Sánchez ha encontrado ya una contundente respuesta de todos los actores de la educación concertada: los padres de cientos de miles de alumnos, los propios centros y los profesores. Incluso los obispos se han manifestado al respecto.

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El valor de la concertada es tal en España que uno de cada cuatro alumnos elige libremente estudiar en este tipo de colegios, muchos de ellos religiosos aunque otros no lo son. El objetivo del Gobierno, tal y como denuncian padres, profesores y centros, es eliminar esa libertad.

Escuelas Católicas, la agrupación que engloba al 60% de los centros de educación concertada, emitió este jueves un duro comunicado contra este anuncio de la ministra mostrando su “indignación y preocupación al conocer las líneas maestras del proyecto educativo de la ministra de Educación”.

"División y controversia"

En su opinión, las declaraciones que realizó en el Congreso “causan inquietud y desaliento en un sector educativo que representa al 26% del sistema educativo español”, pues defendía “planteamientos que atacan frontalmente a los principios de libertad de enseñanza y que generan división, preocupación y controversia en el ámbito educativo”.

“Escuelas Católicas lamenta el anuncio de querer cambiar, sin el mínimo consenso, la Lomce para quitar peso a la enseñanza concertada y recuerda, en este sentido, que el Artículo 27.1 de la Constitución reconoce en plano de igualdad el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza. Una libertad de enseñanza que implica, por una parte, la libertad de creación de centros y, por lo tanto, de oferta de un proyecto educativo concreto; y por otra, la libertad de las familias a elegir el tipo de centro conforme a sus convicciones y deseos para sus hijos”, asegura esta plataforma.

El problema es la libertad

En esta misma línea se ha manifestado la Fundación Educatio Servanda, que engloba a varios colegios en toda España y cuyo uno de sus centros concertados ha sido duramente perseguido durante los últimos años por defender su independencia.

“Lo que propone la ministra es la imposición de una  escuela pública, laica y única para todos.  Ni escuela pública subsidiaria de la concertada, ni escuela concertada subsidiaria de la pública. Ambas redes son, y deben ser, subsidiarias de las familias”, afirma esta fundación en otro comunicado.

Uno de cada cuatro alumnos españoles va a un colegio concertado

Educatio Servanda entra en el fondo del asunto y explica que “la mayoría de los problemas educativos que padecemos desde hace décadas en el sistema educativo español giran en torno una palabra fundamental, y esa palabra es la libertad. Libertad de las familias a elegir para sus hijos, o no, la asignatura de religión en igualdad a las demás; la libertad de los padres a elegir centro educativo para sus hijos; la libertad de las familias a educar a sus hijos según sus convicciones morales. En definitiva, la libertad de los padres, frente a las imposiciones del Estado”.

La imposición del Estado

Además, explica a la ministra de Educación este concepto básico en toda esta polémica: “Libertad es la capacidad de autodeterminación de las personas a través de sus elecciones libres. La libertad, fruto de la  voluntad de la persona, junto con la búsqueda de la verdad mediante su inteligencia, y del amor a través de su mundo afectivo, constituyen las características fundamentales del ser humano. No es extraño, por ello, que pretendan anular las tres: eligiendo por nosotros, diciéndonos lo tenemos que pensar, e incluso, cómo tenemos que amarnos”.

“¿Cuándo el Estado va a dejar de imponer su particular visión de la educación a todas las familias?, ¿por qué el Estado se empeña en arrebatar a las familias el derecho a educar libremente a sus hijos?, ¿acaso sabe el Estado mejor que los padres, que amamos profundamente a nuestros hijos, lo que más les conviene?”, se pregunta.

El acuerdo con el PSOE hecho añicos

Por su parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), que representa a decenas de miles de padres que han elegido esta educación para sus hijos, también se ha mostrado indignada por las declaraciones de la ministra.

En otro comunicado, recuerda que esta organización mantuvo un encuentro en el Congreso con miembros del Partido Socialista, en el que habían alcanzado “puntos de encuentro sujetos a posterior desarrollo y reflexión”. Sin embargo, han sido traicionados “imponiendo de la manera más autoritaria que podíamos imaginar medidas contrarias a las que alcanzamos en un incipiente consenso”.

En su opinión, “la actitud esgrimida por la ministra en las medidas propuestas demuestra el más absoluto desprecio a lo que puedan plantear organizaciones como la nuestra que defendemos el diálogo, la moderación, el respeto constitucional y la libre elección de modelo educativo. Mucho nos tememos que estamos ante una reedición de la peor versión de la política educativa del gobierno de Zapatero que cosechó un rechazo mayoritario de los ciudadanos por su finalidad manipuladora, al tratar de imponer modelos educativos que no respondían a lo manifestado en las urnas por la mayor parte de las familias españolas. Peor aún: conocedores de que las mismas ni tan siquiera son del agrado del propio seno de la familia socialista, creemos que pueden ser el resultado del más puro chantaje de otras organizaciones políticas como Podemos y afines, que exigen esta manifiesta persecución ideológica para que el gobierne actual pueda seguir contando con su apoyo”.

"Marginar" a miles de padres

También los sindicatos que representan a los profesores han querido mostrar su rechazo. Es el caso, por ejemplo, de USO, que asegura que las medidas que pretende implantar el Gobierno socialista suponen retroceder una década. Aseguran que significa “marginar la voluntad de las miles y miles de familias que eligen de manera voluntaria la asignatura de Religión, volver a cuestionar la legalidad de la Enseñanza Diferenciada (precisamente, pocos meses después de que el propio Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre este asunto) y poner cortapisas para que los conciertos educativos sigan asegurando la complementariedad de los modelos educativos, sin que los centros concertados se transformen en subsidiarios de la enseñanza pública”.

Por último, la Conferencia Episcopal Española también ha querido manifestarse al respecto a través de una nota del Comité Ejecutivo. En ella, los obispos aseguran que es “necesario recordar los derechos a la libertad religiosa y a la educación. Son derechos inalienable de la persona humana, reflejados en nuestra Constitución (arts. 16 y 27) y en los tratados internacionales a los que España se ha adherido”.

Por ello, insisten en que “los padres tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. El sistema educativo, que engloba la educación pública, concertada y privada, es un sistema consolidado en nuestro ordenamiento, que respeta la libertad de elección de los padres”.