Un juzgado militar español imputa a tres mandos por coaccionar a una alumna para que abortara

La Justicia Militar ha imputado a tres mandos del Ejército de Tierra e investiga la coacción que habrían ejercido contra una alumna para que abortara. Finalmente, la joven abortó y decidió denunciar los hechos una vez acabó el curso.

De este modo, el Juzgado Togado Militar Central 2 ha emitido un auto en que declara como investigados (imputados) a dos comandantes y un brigada por presionar a la joven militar que abortara.

La mujer se preparaba para suboficial
Según informa El Confidencial, la joven era alumna de la Academia de Artillería de Segovia, donde se preparan los miembros de esta especialidad para acceder a la escala de suboficiales. Se quedó embarazada durante el citado periodo de formación, tal y como explicó en la denuncia que interpuso ante el Juzgado Militar de Valladolid una vez que acabó los estudios.

Tras informar a sus jefes de que se encontraba en estado de gestación, algunos de ellos le dijeron que si seguía adelante y finalmente tenía al niño, tendría que repetir curso y no podría incorporarse a la academia hasta enero del año siguiente. Por contra, añadieron los mismos mandos, si lo que pretendía era terminar los estudios a tiempo, debía optar por no tener al bebé.

Abortó "motivada por las coacciones que había sufrido"
Así lo explicó la propia chica en su denuncia, que no presentó hasta que acabó la mencionada época de formación. Tras su escrito, la mujer prestó declaración en el Juzgado Togado de Valladolid, donde acusó a los mandos de coaccionarla durante su paso por la academia. En concreto, admitió que abortó "motivada por las coacciones que había sufrido" por parte de sus jefes, que en el momento de los hechos eran un brigada y dos capitanes.

Estos dos últimos ascendieron posteriormente a comandante, lo que provocó que el Juzgado Militar de Valladolid decidiera inhibirse a favor el Togado Central, que es el competente para investigar los delitos imputados a esta escala profesional y las superiores. En un primer momento, este último tribunal devolvió el asunto al juzgado vallisoletano porque este no había "individualizado las conductas concretas que imputaba a cada aforado así como los indicios de prueba". Fue entonces cuando el tribunal territorial tomó declaración a la denunciante y cursó de nuevo la inhibición.

El Tribunal Militar Central, a través del citado auto del pasado 5 de abril, se declaró competente para investigar los hechos y a los tres denunciados, a los que previsiblemente tomará declaración en los próximos días con la necesaria asistencia de abogado.