Europa Laica, desolada: el Gobierno más laicista da la razón a la Iglesia con las inmatriculaciones
Tras años haciendo ruido e intentando atacar a la Iglesia con las “inmatriculaciones”, es decir, con la propiedad de los miles de edificios como templos o conventos, finalmente el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ha visto obligado a reconocer la legalidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en España.
Este martes se debatía en el Consejo de Ministros, seguramente el más laicista y anticatólico de los últimos 40 años, este informe que no dejaba lugar a dudas acerca de la legalidad.
El documento entregado al Congreso precisa que “la inmatriculación de los bienes no otorga la propiedad”, que “tiene simplemente una función probativa o certificativa, lo que otorga seguridad jurídica, pero no tiene función constitutiva de la propiedad”. “Por esta razón, el sistema de inmatriculación prevé un período de 2 años de provisionalidad para corregir errores y presentar alegaciones”.
Así fue transmitido poco después al Congreso de los Diputados. Al conocerse la noticia, las asociaciones más laicistas como Europa Laica se mostraban desoladas ante esta humillante derrota en su intento de realizar una nueva desamortización de la Iglesia.
”Es un insulto a la democracia, el Gobierno quiere cerrar en falso este expolio, en simbiosis con la Conferencia Episcopal, y lo más triste es verles diciendo que ahora quien quiera que reclame, es imposible que haya 30.000 juicios. Este es un tema de Estado y tiene que tener una solución de Estado”, se queja apesadumbrado Juanjo Picó, de Europa Laica, organización que lleva años atacando a la Iglesia.
“Es el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. El Gobierno no deshace lo que estaba mal hecho, se lava las manos y consolida una amnistía registral. Además sigue sin regular en qué casos un bien religioso debería ser de dominio público, sin perjuicio del uso católico, que no se cuestiona, como pasa en Francia, donde Notre Dame es del Estado, o Portugal”, asegura Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los portavoces de Recuperando, otra asociación que denuncia las inmatriculaciones.
Rodríguez Ramos es muy escéptico con la vía judicial y muy crítico con el Gobierno: “No habrá juicios, es una probatio diabolica, la Iglesia ha inscrito bienes sin demostrarlo y ahora corresponde demostrar la propiedad a quien lo impugna”. Critica la postura del Gobierno, que cree que por pedir el listado ya ha hecho su parte: “Dice que todo ha sido legal, por no enfrentarse a la Iglesia, y permite impugnarlo, cuando es de una complejidad probatoria y procesal imposible, o es legal o no”. Por otro lado opina que no es una cuestión religiosa, pero está distorsionada y “muchos ayuntamientos no van a impugnar por una cuestión ideológica”.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha publicado un detallado documento donde explica toda esta polémica y explica por qué miles de estos bienes han pertenecido siempre a la Iglesia y son muy anteriores a la existencia del Registro de Propiedad, motivo por el cual no existen documentos que lo acrediten, aunque sea evidente desde hace siglos su propiedad por parte de la Iglesia o diócesis.
“La Iglesia, el Pueblo de Dios, está formada en España por más de 40.000 instituciones, registradas legalmente, y con capacidad de poseer bienes. Cada una de esas instituciones diócesis, parroquias, comunidades religiosas activas o contemplativas, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, etc. pueden tener sus bienes para realizar la misión que se les ha confiado. Lo pueden hacer como cualquier otra institución civil, social, deportiva, científica, académica que concurren en el espacio público y trabajan en el tejido de la sociedad. Conocer la historia resulta imprescindible”, recuerda en el texto.
Para más información lea esta importante información: La web de Conferencia Episcopal por primera vez explica en detalle el tema de las inmatriculaciones
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