Cañizares, sobre la ley de multas y privilegios LGTB: «Suena a régimen comunista, nazi o fascista» 

El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, ha publicado en el diario La Razón una extensa crítica al proyecto de ley presentado por Podemos y aceptado en el Congreso de los Diputados que establece multas para quien critique la ideología de género o a los grupos LGTB e implanta privilegios para estos grupos en aspectos laborales y legales. 

"Esta ley, se diga lo que se diga, es un texto normativo, que más que combatir la discriminación y fomentar la igualdad, aspectos garantizados ya en el campo jurídico, lo que promueve o intenta promover es una inmersión de toda la población y a todos los niveles –se trata de una ley de totalidad o integral– en la ideología de género, la más nefasta hasta ahora de todas las ideologías", denuncia el cardenal. 

"Esta ley ordena la creación de la Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Esta Agencia estaría dirigida por el propio colectivo LGTBI para asegurar que no quepa disidencia. ¿Qué es todo esto, a qué suena, a regímenes comunistas, nazis o fascistas redivivos? Nadie puede disentir de esta orientación –pensamiento único– contenida en esta ley. Creía que estaba o vivía en una democracia. Pero descubro que estaba equivocado", lamenta el arzobispo de Valencia.

El cardenal, que destaca que esta ley puede usarse contra la libertad de expresión, fue denunciado en varias querellas por grupos de activistas LGTB en Valencia en los dos últimos años, por supuesta "homofobia"; en todos los casos, la Justicia dictaminó que no hubo tal y que las denuncias no se sostenían. Pero con la nueva ley esto podría cambiar.

Publicamos íntegro por su interés el artículo del cardenal Antonio Cañizares acerca de esta peligrosa ley.




No salgo de mi asombro
Cardenal Antonio Cañizares, en La Razón 

El martes pasado, por iniciativa del grupo político «Podemos», se aprobó por el Congreso de Diputados el Proyecto de Ley contra la discriminación por orientación sexual de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales (LGTBI). La proposición fue aprobada con un único voto en contra de un diputado, cuya postura le honra, muy digna de alabanza por su valentía y valor, por su coherencia y su autoridad moral, ya que fue fiel a su conciencia, a su fe, y a su responsabilidad política, como corresponde, cosas que no están siendo muy habituales para desgracia en nuestra sociedad relativista.

Nunca pensaba que una ley como ésta, con el texto tal y como se presentó y ha sido aprobado, pudiera ser refrendado por el Congreso de los Diputados que es sede y portavoz de la democracia y de la nación a la que representan los diputados.

¿Por qué afirmo esto? No afirmo esto sólo por cuestiones morales graves a las que afecta, que también podría hacerlo. Sencillamente porque es una ley que impide la democracia y va en contra de un gran número de derechos, algunos de ellos fundamentales, garantizados, por lo demás, en nuestra Constitución Española.

Concretamente, va en contra, entre otros, del derecho a la igualdad, del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, del derecho de expresión, del derecho a la protección de la salud, del derecho a la libertad de educación, del derecho de los padres a la educación moral y religiosa que elijan para sus hijos, del derecho a la integridad física y moral, del derecho de presunción de inocencia y el de seguridad jurídica, etc. 

Una ley que se podría calificar, sin exageración, de liberticida, una ley inicua, que va contra el hombre y el bien común. Una ley, además, dictatorial y totalitaria.

Es justo, razonable y necesario que se pretenda con esta ley acabar con las discriminaciones y presiones múltiples a las que puedan estar sometidas personas transexuales, homosexuales, lesbianas... pero, ¿por qué, además de éstas, no se tienen en cuenta todas las personas que sufren discriminación, que son tantas, por ejemplo las que en virtud de esta legislación podrán ser discriminadas injustamente? 

Ciertamente afirmo con toda rotundidad y claridad, «bienvenidas legislaciones contra la discriminación, contra todo tipo de discriminación, y no sólo legislaciones sino hechos positivos y efectivos en favor de la superación de todo tipo de discriminación y en favor de los derechos humanos para todos que son inalienables». 

Comparto, es preciso compartir, la justa preocupación por estas personas, y todas las discriminadas, a las que se debe todo respeto y reconocimiento de la dignidad personal e inviolable que les corresponde, cosa que no acaba de lograr esta ley porque cuando se conculcan derechos fundamentales que se le debe a todo ser humano, a los de ese mismo sector de población a los que se pretende defender con esta ley también les son cercenados derechos básicos. 

Estas personas, iguales en dignidad al resto, deben ser atendidas y tratadas con el máximo respeto y atención debidas. La protección ineludible frente a la discriminación, empero, no puede transformarse ni en privilegio ni en negación de la protección que se debe a todo derecho humano, máxime si es fundamental y básico.

Como acertadamente se ha dicho, «la protección frente a la discriminación no se puede transformar en privilegio. La defensa de los llamados «nuevos derechos», ligados todos ellos a la ideología de género, no pueden servir nunca de excusa en una país democrático para vulnerar derechos fundamentales del conjunto de sus ciudadanos. Es por ello que, desde el punto de vista de derechos humanos, no caben privilegios ni para los heterosexuales, como tampoco para los llamados LGTBI. Todos son seres humanos, independientemente de su orientación sexual, y gozan de los mismos derechos y obligaciones». 

Por defender unos derechos de unos no se pueden suprimir al resto de los ciudadanos derechos fundamentales inalienables, como hace esta ley. Esta ley toma pretexto de esta justísima protección debida a estas personas, para imponer a toda la sociedad una ideología y una visión del hombre y de la sociedad muy determinada que es la ideología de género. Es lo que hizo, y hace, el comunismo: todos debían seguir la ideología del poder y el que no la compartiese y siguiese era sujeto de reprobación, de persecución, de vigilancia y de penas. Esto es lo que caracteriza una dictadura, un régimen totalitario.

La ley, esta ley, se diga lo que se diga, es un texto normativo, que más que combatir la discriminación y fomentar la igualdad, aspectos garantizados ya en el campo jurídico, lo que promueve o intenta promover es una inmersión de toda la población y a todos los niveles –se trata de una ley de totalidad o integral– en la ideología de género, la más nefasta hasta ahora de todas las ideologías, como he afirmado en alguna otra ocasión en esta misma página.

Es por tanto una ley ideológica que pretende imponer en todas las esferas esta ideología, no exagero, de la educación primaria a la universidad, en los medios de comunicación, en el ámbito de la juventud, del ocio, de la cultura, del deporte, en grupos de educación en tiempo libre, en la misma familia, en bibliotecas públicas. 

Para todos estos ámbitos se marcan normativas de obligado seguimiento y se establecen incluso sanciones para cumplir la directriz de impulsar la formación en esta ideología. Se exige, además, fomentar las asociaciones que promueven la ideología de género, denominadas LGTBI, su participación, y sus actividades. Y por si fuera poco esta ley ordena la creación de la Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. 

Para colmo esta Agencia estaría dirigida por el propio colectivo LGTBI para asegurar que no quepa disidencia. ¿Qué es todo esto, a qué suena, a regímenes comunistas, nazis o fascistas redivivos? Nadie puede disentir de esta orientación –pensamiento único– contenida en esta ley. 

Creía que estaba o vivía en una democracia. Pero descubro que estaba equivocado. Y esto, y más cosas, se aprobaron la semana pasada. No salgo ni puedo salir de mi asombro, de verdad y lo siento.

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Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, fue el único diputado que habló en contra de esta ley de multas y privilegios LGTB; votaron en contra sólo los diputados Jorge Fernández Díaz (PP) y Iñigo Jesús Alli (UPN).