La anciana florista acosada a multas por no colaborar en bodas gays lleva su caso al Supremo de EEUU

Barronelle Stutzman, florista norteamericana de 72 años, está encantada de vender flores a gays para que se las regalen a sus madres, o a sus hermanas, o para funerales, cumpleaños o para decorar sus casas... Pero no estaba dispuesta a vender flores (ni a gays ni a heterosexuales) para un acto concreto: una "boda" del mismo sexo.

Su problema, insiste, no es con las personas, sino con esas ceremonias, incompatibles con su conciencia y valores.

Esta argumentación no la ha protegido cuando los lobbies LGTB y sus abogados la han acosado con multas y denuncias desde 2013, poniendo en riesgo económico su negocio familiar. 

Cuatro años en lucha por la libertad
Pero Barronelle no se ha rendido ni amedrentado y lleva 4 años de lucha legal por su derecho a elegir en qué actos quiere participar su negocio y a defender su libertad religiosa y de conciencia para no ser colaboradora en actos que considera malos. 

Ahora ha llevado su caso al Tribunal Supremo de EEUU, pidiendo que la proteja de la sentencia del tribunal del Estado de Washington (en la costa del Pacífico, junto a la frontera con Canadá) que podría destruirla financieramente con multas desproporcionadas. El Estado quiere que la anciana pague más de 2 millones de dólares, entre multas y costes legales.

“Si el gobierno puede arruinar a Barronelle por vivir pacíficamente y trabajar según su fe, puede castigar a cualquier otra persona por expresar su creencia”, avisó el 14 de julio al diario Tri-City Herald la abogada de Stutzman, Kristen Waggoner, que pertenece al grupo legal Alliance Defending Freedom (www.adflegal.org).

Era amiga del cliente, le recomendó otra tienda...
Barronelle Stutzman, propietaria de Arlene's Flowers, en Richland (estado de Washington) declinó dar sus servicios a una boda homosexual, señaló que sus creencias cristianas solo admiten el matrimonio como unión de hombre y mujer y recomendó al solicitante ir a otra tienda floral cercana. De hecho, Barronelle explica que ella y el cliente tenían una relación amistosa de varios años.

Pero esta negativa respetuosa bastó como excusa para los lobbies LGTB que querían hacer un "caso ejemplarizante" que creara precedente y amedrentara a todos los pequeños negocios, buscando obligar a todos a ser colaboradores en sus rituales. 

“El gobierno no debería tener el poder de obligar a una abuela de 72 años a perder su libertad por dirigir su negocio familiar. Cualquiera que apoye los derechos de la Primera Enmienda que garantiza la Constitución de los Estados Unidos, debería estar con Barronelle”, explica la abogada de la florista. Barronelle puede perder todo lo que posee solo porque “no está de acuerdo” con las uniones del mismo sexo. 

Las multas LGTB buscan arruinar a la anciana florista: no solo su negocio, sino los ahorros de su familia, su fondo de jubilación y su hogar.



La abogada ha llevado el asunto al Tribunal Supremo y explica que la sentencia del caso y la normativa de este estado es tan invasiva que “se extiende a casi todos las organizaciones creadas con fines de lucro” y es “particularmente peligroso”. También es peligrosa la “naturaleza extrema” del castigo para el dueño de la tienda pues la deja en bancarrota.

Los tribunales estatales dictaminaron que la mujer debía pagar multas y honorarios de abogados que podrían superar los 2 millones de dólares.

"Obligarme a violar mis creencias más profundas"
“Ahora el estado está tratando de utilizar este caso para obligarme a crear una expresión artística que viola mis creencias más profundas, me quita el trabajo y los ahorros de mi vida, y también daña a mis trabajadores. No estoy pidiendo nada que nuestra Constitución no me prometa a mí y al resto de estadounidenses: el derecho a crear libremente y de vivir mi fe sin miedo al castigo o la interferencia del gobierno”, añadió la abuela florista.

La abogada Waggoner dijo que el caso es similar al de la pastelería de Jack Phillips, en Colorado, porque el propietario se negó a hacer un pastel de bodas a una pareja del mismo sexo y tuvo que enfrentarse a “sanciones agobiantes”.

Alliance Defending Freedom pidió a la Corte Suprema que consolide el caso de Stutzman con el caso de Phillips.