El Gobierno aprueba su ley de educación: las familias creen que es una «provocación» y «liberticida»

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la nueva ley de Educación que llegará ahora a las cortes para ser tramitada. La normativa preparada por PSOE y Podemos incluye más ideología de género, margina la asignatura de Religión y ataca a la educación concertada.

Las reacciones de padres, colegios y profesores  no se han hecho esperar. De este modo, Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha asegurado que no le gusta nada este proyecto pues “nace de la división y el enfrentamiento, no del diálogo y el consenso”.

"Vulnera los derechos fundamentales de las familias"

De este modo, se ha mostrado contrario de que “se imponga otra Ley sin contar con las familias y sin el consenso amplio como para sacarla adelante y que dé tranquilidad durante los próximos 15 o 20 años”.

Por otro lado, Caballero denuncia que el proyecto de ley “vulnera los derechos fundamentales de las familias en dos aspectos: en la libertad de enseñanza y en la elección de los padres de los centros educativos, según sus convicciones. No nos gusta tampoco que se quite la demanda social”. También se ha mostrado muy crítico con el trato a la asignatura de Religión porque “casi de un plumazo la elimina y no cuenta con ella para nada, la deja como residual”.

Isabel Celaá, ministra de Educación, es la propulsora de esta nueva ley.

El ataque a la concertada

Desde Escuelas Católicas, que representa a cerca de 2.000 centros educativos en toda España, 1,2 millones de alumnos y 103.000 trabajadores, también han denunciado las intenciones del Gobierno. En un comunicado critican que la futura ley “considera a la enseñanza concertada como subsidiaria de la escuela pública; y limita los derechos de los titulares de los centros y de las familias, sometiendo la libertad de elección a la ‘planificación’ administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas”

Por ello han recordado al Gobierno y a la ministra de Educación que “es un grave error considerar la enseñanza concertada subsidiaria de la pública. Ambas redes deben seguir siendo consideradas como complementarias, de acuerdo con todas las leyes anteriores, y sin olvidar que la razón de ser de los conciertos no es otra que garantizar el derecho de elección de tipo de centro por parte de los padres de alumnos, con independencia de su situación económica”.

Igualmente, desde Escuelas Católicas han mostrado su preocupación por “la supresión del criterio de la demanda social en la programación de puestos escolares, y la inclusión de un representante municipal, que no es otra cosa que un ‘comisario político’, en los Consejos Escolares de los centros concertados”.

Por su parte, el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, ha lamentado las prisas con las que el Gobierno quiere legislar una materia tan importante como es la Educación para imponer el control de los poderes públicos sobre las conciencias de los menores y provocar a una buena parte de la sociedad.

"Norma liberticida y totalitaria"

“Hemos pasado de hablar de un pacto educativo a la exclusión de la mitad de la población. En lugar de avanzar hacia el establecimiento de un modelo educativo como país, independiente de quién esté en el poder, que deje a las ideologías e intereses partidistas fuera de las aulas, se presenta una norma liberticida y totalitaria, con muchas posibilidades de volver a ser derogada cuando haya un cambio de Gobierno”, ha afirmado el presidente del Foro de la Familia.

De este modo, añadió que “las prisas del Ejecutivo en aprobar una ley educativa de un marcado sesgo ideológico y que supone un ataque frontal al derecho y a las libertades fundamentales de miles de familias, profesores y centros escolares son impropias e inadecuadas para tratar una materia tan sensible y fundamental”.

Para el Foro de la Familia, “este Gobierno insiste en los ataques a la libertad y derechos fundamentales de quienes discrepen de su ideología. De ahí los ataques a la escuela concertada, la imposición de una asignatura que vulnera el artículo 27.3 de la Constitución y de numerosos tratados internacionales”. Por último, García-Juliá destacó que las formas para presentarla y el contenido de la norma “son una provocación a más de la mitad de la sociedad para salir a la calle”.