El lobby LGTBI denuncia ante la fiscalía a los obispos de Getafe y Alcalá de Henares por su nota

El lobby de ideología gay Observatorio Español contra la LGBTfobia ha llevado a los obispos de Getafe y Alcalá de Henares, Joaquín María López de Andújar y Juan Antonio Reig Plá, respectivamente, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio, al considerar que "incitan al odio y a la discriminación contra el colectivo LGTB", a través de la nota que publicaron este lunes contra la nueva ley de la Comunidad de Madrid que impone en las escuelas madrileñas el adoctrinamiento en la ideología LGTB para todos los alumnos.
 
El Observatorio, además, ha comunicado que están estudiando interponer una querella penal contra López de Andújar y Reig Plá, acusándolos de "incitación a la insumisión ante la ley", lo que, recuerda, "es delito" y, por lo tanto, "también debería verificarse por parte de la Justicia".
 
La nota de los obispos
En la nota, los obispos en cuestión calificaron la Ley del gobierno madrileño de Cristina Cifuentes (impulsada por el PP, con el respaldo de PSOE, Ciudadanos y Podemos y aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 14 de julio) de "ataque a la libertad religiosa y de conciencia"
 
Asimismo los prelados señalan que la Ley "está inspirada por una antropología no adecuada que niega la diferencia sexual varón-mujer y la unidad de la persona cuerpo-espíritu". Según los obispos, esta Ley "se halla en contradicción con la moral natural, acorde con la recta razón, y pretende anular la enseñanza pública de la Biblia, del Catecismo de la Iglesia Católica y del resto del Magisterio de la Iglesia referido al designio de Dios sobre el varón y la mujer". "Más aún, pretende prohibir, incluso, rezar públicamente por las personas que suplican la oración para un cambio de orientación en su vida y es un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones, además de un atropello a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza", añaden en la nota.
 
También han tachado la ley como un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales en la búsqueda de la verdad, y a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda, incluso religiosa, en aquello que crean necesitar.
 
"Consideramos, por ello, que se trata, en su esencia, de una ley arbitraria que no contempla ni siquiera la objeción de conciencia", han señalado los obispos, puntualizando que los partidos políticos del arco parlamentario, los grandes sindicatos, la mayoría de los medios de comunicación y muchas de las grandes empresas "quieren imponer ideológicamente un pensamiento único que anule la libertad y el coraje de buscar la verdad de la persona humana, en su unidad cuerpo-espíritu y en su diferencia sexual varón-mujer".
 
Asimismo, han subrayado que "cuando no se busca la verdad, cuando no se respetan ni siquiera los argumentos de la biología inherente a la genealogía de la persona, se impone por ley la ideología -en este caso la ideología de género- y se coacciona la libertad con sanciones y persecución, lo que no es nada nuevo bajo el sol".
 
"Entre las víctimas reales de nuestra cultura del relativismo no lo son menos quienes sufren la confusión sobre su propia identidad; una confusión que, con leyes como ésta, se verá aún más agravada", han apuntado.
 
Los obispos han manifestado que es necesario y urgente promover una acción conjunta de las familias y de las asociaciones católicas "en orden a defender, con todos los medios legítimos y en todas las instancias que corresponda, la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones, la libertad de enseñanza y los demás derechos fundamentales que se conculcan gravemente en esta Ley".
 
"Si nosotros callamos gritarán las piedras, pero la sanación de las heridas provocadas por estas medidas legislativas no se logra con la confrontación, que deriva en descalificaciones y amenazas de demandas judiciales porque queremos integrar, dialogar y construir, pedimos la colaboración de todas las personas de buena voluntad con verdaderos criterios de comunión, y especialmente a nuestros fieles les pedimos su oración y su participación activa que nazca de auténticos criterios eclesiales", han indicado.
 
Por último, han hecho un llamamiento a los católicos de sus diócesis comprometidos "en el servicio de la política, de la sanidad y de la educación, así como a los esposos y padres de familia, a las personas consagradas y sacerdotes, a colaborar, cada cual según su propia vocación, en la edificación de una cultura que venza las mentiras de las ideologías y se abra a la verdad de la creación y de la persona humana, garantía ineludible de la libertad".
 
"Luchamos contra el mal llevando el bálsamo de la misericordia a los que sufren la herida de la confusión y del error, pues su médico es Cristo y el hospital de campaña donde llevarlos y sanarlos es la posada de la Iglesia", han concluido.
 
El delito de odio y el caso del “sermón del imperio gay”
De ser admitida la denuncia, la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio tendría que investigar el presunto "delito de odio" (una figura de lo más etérea en la legislación española, excepto en las nuevas leyes de ideología de género). Tendría un plazo de seis meses para examinar si los obispos autores de la nota deben ser castigados.
 
Como se recordará, el pasado mes de junio el arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares, fue denunciado por parte de los lobbies LGBT de Valencia y la de la llamada Red Española de Inmigración (un lobby de acción política, no asistencial), la primera ante la Fiscalía y la segunda ante el Juzgado, por una homilía en la que criticó el "imperio gay", dijo que la ideología de género es "insidiosa" y se preguntó si entre los inmigrantes y refugiados es todo trigo limpio.
 
Pocos días después, las denuncias quedaron desestimadas y archivadas por decisión del juez Víctor Gómez Sabal, magistrado titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia. El juez entendió que las palabras de Cañizares en su ya famoso "sermón del imperio gay" no incitaban al odio, ni iban contra la violencia contra los colectivos mencionados o la discriminación, como habían planteado los denunciantes sin suficiente justificación. Para el magistrado, se trataba de declaraciones amparadas por la libertad de expresión y por eso quedaron archivadas las denuncias.
 
Nuevo ataque del lobby gay contra la libertad de expresión
Para el obispo Reig Plá esta situación no es novedosa, pues en los últimos años ha sido denunciado tres veces por lobbies gays y ha ganado sendos procesos por libertad de expresión.
 
Así, en enero de 2016, el lobby feminista y abortista Les Comadres vio desestimada su denuncia contra el obispo de la diócesis complutense por haber comparado su “Tren de la Libertad” (a favor del aborto de bebés) con los trenes de Auschwitz. La juez afirmó en aquella ocasión que el obispo había hecho esas declaraciones haciendo uso de su libertad de expresión.
 
En 2012, Reig Plá predicó una homilía en la que comentaba que ciertas ideologías corrompen y confunden a algunas personas conduciéndolas, por ejemplo, hacia la prostitución homosexual.
 
Un abogado laicista famoso por sus pleitos anticlericales denunció al obispo Reig Plá por "provocación a la discriminación", pero en 2014 los tribunales sentenciaron que las palabras del obispo "no contienen incitación alguna al odio, a la discriminación o a la violencia contra los homosexuales".
 
Reig Plá ganó otro juicio en 2012 sobre el mismo sermón, contra la asociación Preeminencia del Derecho y colectivos LGTB. El juez constató que sus palabras "no contienen una injuria a los homosexuales en general ni tampoco una llamada a la discriminación por razón de su orientación sexual", y estableció que la referencia a la homosexualidad como una "inclinación desordenada" se puede sostener, afirmaba el auto, "al amparo de la libertad religiosa" y "no equivale en sentido estricto ni a una provocación al odio ni tampoco a una injuria".