La Diócesis de Jerez critica la ley de transexualidad que el PP, el PSOE e IU potencian en Andalucía
El Parlamento andaluz ha dado recientemente luz verde a una ley integral de transexualidad que contraviene la normativa internacional médica.
El texto aprobado por PP, PSOE e Izquierda Unida ha provocado una serie de reacciones contrarias a una ley que es una excepción en el contexto internacional.
Entre esas reacciones, destaca la de los agentes de Pastoral Familiar, los miembros de movimientos familiares y padres y madres de familia de la Diócesis de Asidonia-Jerez, que rechazan el denominado Protocolo sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz, que contempla la transexualidad en púberes y adolescentes, y alertan sobre los perjuicios que puede causar.
La Pastoral Familiar respalda un comunicado nacido en el encuentro anual que celebraron pasado 28 de junio en el Auditorio Juan Pablo II, en la Casa de la Iglesia, en el que se denuncia el contenido de la propuesta del consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, que pone un especial énfasis en los escolares ´transexuales´.
El texto de la Diócesis de Asidonia-Jerez, cargado de consideraciones científicas, apela incluso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para señalar que la transexualidad, disforia sexual o trastorno de identidad de género “no tiene nada que ver con la homosexualidad”, como indica la OMS, por requerir intervención médica y psicológica.
Trastorno pasajero en muchos casos
El comunicado habla de “ejemplo claro de imposición de una actuación que médicamente no está suficientemente validada” y que “hay evidencias científicas de que entre el 80 y el 95% de niños llegados a la pubertad con este trastorno no siguen experimentándolo en la adolescencia”.
Además, alerta sobre “el daño psicológico en la maduración del desarrollo de la personalidad del joven no pudiendo volverse atrás de las terapias recibidas”, y advierte de que “el protocolo atenta contra los derechos educativos” y lo considera también rechazable desde el punto de vista ético y jurídico.
El texto está dividido en tres puntos básicos. En el primero, se insiste en que “la transexualidad o disforia sexual o Trastorno de la Identidad de Género, como afirma la Organización Mundial de la Salud y reconoce todo el mundo científico, no tiene nada que ver con la homosexualidad, pues a diferencia de ésta, la transexualidad requiere intervención médica y psicológica”.
“Imposición autoritaria” y “daño psicológico”
El comunicado destaca que la propuesta de Educación “es un ejemplo claro de imposición autoritaria de una actuación que medicamente no está suficientemente validada […] y trata de imponer de manera unilateral una ideología que distorsiona interesadamente el bien de las personas”.
En un segundo punto se subrayan las “evidencias científicas” de que una gran parte de los niños que muestran esas peculiaridades no las experimentan después en la adolescencia, y de que “las medidas del protocolo de la Consejería de Educación pueden ser consideradas como una estrategia de tratamiento psicológico para un proceso previsiblemente irreversible”.
Además, “esto podría provocar un daño psicológico en la maduración del desarrollo de la personalidad del joven, no pudiendo volver atrás sobre las terapias recibidas, algo que atenta al derecho a la salud (cf. Art.22), que exige la atención sanitaria fundada en los principios de reversibilidad total de los tratamientos”, dice el texto.
Atentado contra “los derechos educativos”
Por otra parte, “este Protocolo atenta a los derechos educativos, pues obliga a que los colegios, los alumnos y sus padres deban admitir que la mera presencia de un signo indicativo de posible trastorno conlleve la exigencia de usar vestuarios y servicios contrarios al género del niño o de la niña”, añade la Pastoral Familiar en el punto 3 de su comunicado.
Así, se les está “imponiendo una ideología y violando así el derecho de los padres a educar a sus hijos en la moral que ellos están viviendo y quieren para sus hijos”, agrega.
Para concluir, en un cuarto apartado, el texto rechaza “desde el punto de vista ético y jurídico la posibilidad de que grupos de presión utilicen el medio escolar y a los niños como campo de expansión de su ideología, que va más allá del respeto que se debe a toda persona con Trastorno de la Identidad de Género”.
El texto aprobado por PP, PSOE e Izquierda Unida ha provocado una serie de reacciones contrarias a una ley que es una excepción en el contexto internacional.
Entre esas reacciones, destaca la de los agentes de Pastoral Familiar, los miembros de movimientos familiares y padres y madres de familia de la Diócesis de Asidonia-Jerez, que rechazan el denominado Protocolo sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz, que contempla la transexualidad en púberes y adolescentes, y alertan sobre los perjuicios que puede causar.
La Pastoral Familiar respalda un comunicado nacido en el encuentro anual que celebraron pasado 28 de junio en el Auditorio Juan Pablo II, en la Casa de la Iglesia, en el que se denuncia el contenido de la propuesta del consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, que pone un especial énfasis en los escolares ´transexuales´.
El texto de la Diócesis de Asidonia-Jerez, cargado de consideraciones científicas, apela incluso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para señalar que la transexualidad, disforia sexual o trastorno de identidad de género “no tiene nada que ver con la homosexualidad”, como indica la OMS, por requerir intervención médica y psicológica.
Trastorno pasajero en muchos casos
El comunicado habla de “ejemplo claro de imposición de una actuación que médicamente no está suficientemente validada” y que “hay evidencias científicas de que entre el 80 y el 95% de niños llegados a la pubertad con este trastorno no siguen experimentándolo en la adolescencia”.
Además, alerta sobre “el daño psicológico en la maduración del desarrollo de la personalidad del joven no pudiendo volverse atrás de las terapias recibidas”, y advierte de que “el protocolo atenta contra los derechos educativos” y lo considera también rechazable desde el punto de vista ético y jurídico.
El texto está dividido en tres puntos básicos. En el primero, se insiste en que “la transexualidad o disforia sexual o Trastorno de la Identidad de Género, como afirma la Organización Mundial de la Salud y reconoce todo el mundo científico, no tiene nada que ver con la homosexualidad, pues a diferencia de ésta, la transexualidad requiere intervención médica y psicológica”.
“Imposición autoritaria” y “daño psicológico”
El comunicado destaca que la propuesta de Educación “es un ejemplo claro de imposición autoritaria de una actuación que medicamente no está suficientemente validada […] y trata de imponer de manera unilateral una ideología que distorsiona interesadamente el bien de las personas”.
En un segundo punto se subrayan las “evidencias científicas” de que una gran parte de los niños que muestran esas peculiaridades no las experimentan después en la adolescencia, y de que “las medidas del protocolo de la Consejería de Educación pueden ser consideradas como una estrategia de tratamiento psicológico para un proceso previsiblemente irreversible”.
Además, “esto podría provocar un daño psicológico en la maduración del desarrollo de la personalidad del joven, no pudiendo volver atrás sobre las terapias recibidas, algo que atenta al derecho a la salud (cf. Art.22), que exige la atención sanitaria fundada en los principios de reversibilidad total de los tratamientos”, dice el texto.
Atentado contra “los derechos educativos”
Por otra parte, “este Protocolo atenta a los derechos educativos, pues obliga a que los colegios, los alumnos y sus padres deban admitir que la mera presencia de un signo indicativo de posible trastorno conlleve la exigencia de usar vestuarios y servicios contrarios al género del niño o de la niña”, añade la Pastoral Familiar en el punto 3 de su comunicado.
Así, se les está “imponiendo una ideología y violando así el derecho de los padres a educar a sus hijos en la moral que ellos están viviendo y quieren para sus hijos”, agrega.
Para concluir, en un cuarto apartado, el texto rechaza “desde el punto de vista ético y jurídico la posibilidad de que grupos de presión utilicen el medio escolar y a los niños como campo de expansión de su ideología, que va más allá del respeto que se debe a toda persona con Trastorno de la Identidad de Género”.
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