El Gobierno del PP sigue, un año después, con la misma política del PSOE sobre aborto y familia

El Partido Popular, que suele concentrar el voto católico español, lleva un año gobernando y no ha tocado las leyes anti-vida ni anti-familia que le dejó el Partido Socialista.

Del divorcio exprés, una forma de repudio rápido, no ha dicho nada. Del aborto por plazos sin causa, sólo ha anunciado retoques menores y confusos que no llegan. Y aunque votó contra el matrimonio homosexual en 2005 en el Congreso y en el Senado, ahora lo acepta.

Derogar leyes malas es normal
A principios de noviembre de 2012 el Tribunal Constitucional español decretó que la ley del matrimonio homosexual implantado por el PSOE y el ex-presidente Zapatero en 2005 es constitucional. Cada año todos los gobiernos del mundo derogan montones de leyes promulgadas por sus predecesores, por muy constitucionales que sean, porque las consideran malas. Pero el Partido Popular decidió que no cambiará esta ley.

Uno de sus portavoces, el diputado Esteban González Pons dijo en esos días de noviembre en cadena SER que el Gobierno de Mariano Rajoy "ya se ha comprometido a que no va a modificar la Ley. La Ley se queda así". Y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, declaró que lo que el PP va a hacer es "no modificar la vigente Ley y, por lo tanto, dejar exactamente en la regulación que el Constitucional ha validado, la normativa que afecta a los matrimonios de personas del mismo sexo". Es decir, la regulación contra la que el PP votó en el Congreso y que, de hecho, fue tumbada en el Senado (aunque el Senado en España no tiene poder real).

En diversas ocasiones, las asociaciones pro-vida y pro-familia de España han expresado su decepción con el Partido Popular.

El presidente de E-Cristians, Josep Miró, un antiguo político de Convergència que dejó el partido cuando la deriva progresista de la formación se hizo incompatible con cualquier coherencia cristiana, señaló recientemente que "al menos, en el PSOE dimitió la senadora Mercedes Aroz por el tema del aborto y el matrimonio homosexual; en el PP no he visto dimitir a nadie".

Al menos, oponerse públicamente
Con la doctrina católica en la mano, no es estrictamente obligatorio para un católico dimitir de un partido que apoya leyes anti-vida o anti-familia. Lo que sí le es obligatorio es oponerse a esas leyes "por los medios que le sean posibles". Como mínimo, al político cristiano la Iglesia le pide que exprese su oposición a esas leyes. Lo dice así:

"En caso de que el parlamentario católico se encuentre en presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo; se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad".

(Congregación para la Doctrina de la Fe, 3 de junio de 2003, aprobado por Juan Pablo II y firmado por Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, en el día de San Carlos Lwanga y compañeros mártires, a los que ejecutó un rey que quería forzarles a mantener relaciones homosexuales con él).

Más recientemente, los obispos españoles se han pronunciado así:

"Todos, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, hemos de defender y promover el matrimonio y su adecuado tratamiento por las leyes. Renovamos nuestra llamada a los políticos para que asuman su responsabilidad. La recta razón exige que, en esta materia tan decisiva todos actúen de acuerdo con su conciencia, más allá de cualquier disciplina de partido".

Nota sobre la legislación familiar y la crisis económica (Conferencia Episcopal Española, 22 de noviembre de 2012)

Cinco semanas después de que el PP anunciara que no tocará la "ley Zapatero del matrimonio gay", y salvo error por nuestra parte, no sólo no se ha producido ninguna dimisión como la de la senadora Mercedes Aroz (una antigua trostkista, convertida al catolicismo después de muchos años en la política) sino que la única voz que ha protestado dentro del partido -salvo error de nuestra parte- ha sido la del ministro Jorge Fernández-Díaz.

Nadie más ha cumplido el mandato católico de "dejar pública constancia de su desacuerdo; cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad". 

Mientras en Inglaterra más de 100 diputados conservadores se rebelan contra el matrimonio gay que quiere imponer su lider Cameron, en el PP resuena un gran silencio.

Cuando se preguntó sobre esto al obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, responsable de asuntos de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, se remitió a la nota de los obispos: "Renovamos nuestra llamada a los políticos para que asuman su responsabilidad".